Vecinos del asentamiento El Nuevo Salitral, ubicado en la capital pampeana, junto a organizaciones sociales, se movilizaron al municipio de Santa Rosa ante el inicio del proceso judicial de desalojo. Son 40 familias que desde hace tres años viven allí. Reclamaron una respuesta satisfactoria por parte del gobierno municipal y provincial.

Reclamaron ser atendidos por el intendente camporista Luciano Di Napoli para obtener respuesta ante el inicio de una causa judicial de desalojo sobre un predio de 2,5 hectáreas.

A pesar que todas las puertas del edificio municipal fueron cerradas, una delegación de vecinos pudo ingresar e irrumpió en la sesión del Concejo Deliberante, donde tuvieron que ser escuchados por los diferentes concejales, previo cuarto intermedio.

Allí contaron que son 40 familias que viven desde hace tres años en un predio de casi 5 hectáreas, bajo un régimen de tenencia precaria y donde han construidos sus casas como una acción desesperada ante a la falta de vivienda, la imposibilidad de alquilar, el desempleo y los salarios que apenas alcanzan para comer.

También les recordaron a los concejales que el municipio les ha negado el acceso al servicio eléctrico, no llegan las garrafas, tampoco leña e incluso la entrega de asistencia alimentaria. Todo ello, en clara muestra que quieren cansar a las familias para que se vayan del lugar.

Mientras tanto, afuera, una batucada junto a organizaciones como el Polo Obrero y la Darío Santillán acompañaban el reclamo. No podría ser de otra manera. La crisis habitacional en la provincia ha tenido que ser reconocida por el propio gobierno, que acaba de declarar la emergencia habitacional. La desocupación y la precarización laboral se extienden en las localidades. En el conglomerado Toay-Santa Rosa hay un 10% de desocupados, los salarios están siendo pulverizados por la inflación y las soluciones a estas problemáticas no llegan.

Compromiso y lucha

Los concejales se comprometieron a gestionar una reunión con el intendente (que no se encontraba en ese momento) y desde la bancada oficialista (Frente de Todos) se comprometieron a regularizar la entrega de ayuda alimentaria y calefacción a través de Acción Social.

Por lo pronto, los vecinos no se quedan sentados. A la par de la elaboración de una estrategia judicial, ya han solicitado audiencia a todos los bloques de la Legislatura provincial, a los concejales y el titular del Instituto Provincial de la Vivienda. También se preparan movilizaciones y distintas acciones para fortalecer la unidad y conquistar los derechos que les quieren arrebatar.

En ese camino de organización y lucha contra estas políticas antipopulares, estamos y estaremos apoyando desde el Polo Obrero y el Partido Obrero pampeano. Arriba compañerxs, no al desalojo. Tierra para vivir.