El gobierno de la provincia de Córdoba viene incumpliendo desde hace meses los acuerdos con organizaciones de desocupados relativos a asistencia a comedores y merenderos desde hace meses.

Esta política de ajuste agrava aún más las condiciones en las cuales las familias de las barriadas populares tienen que afrontar el aislamiento. Sin la posibilidad de trabajar, y sin asistencia a desocupados, el gobierno pretende imponer una cuarentena con hambre.

Cabe destacar que las organizaciones piqueteras venían reclamándole al gobierno asistencia desde antes del impacto del coronavirus en Córdoba. A las deudas alimentarias se suma la falta de respuestas a los pedidos de trabajo y planes sociales por parte del Frente Piquetero de Lucha. El Polo Obrero presentó oportunamente un empadronamiento de alrededor 9 mil compañeros que exigían asistencia al gobierno de Schiaretti.

Tampoco se respondió a los pedidos de kits asépticos, elementos de higiene y descacharreo, que se realizaron antes de que la epidemia del dengue se desarrolle en la capital.

El déficit en la asistencia atenta directamente contra la efectividad de la cuarentena, que se pretende sostener a punta de pistola, con el despliegue del aparato policial en los barrios cordobeses. La atención del Estado aparece solo para la foto, y de manera tardía e insuficiente, en situaciones críticas como la del Barrio Nuestro Hogar III, donde el contagio de un niño de tres años encendió la alarma en un contexto de hacinamiento y precariedad.

A esto se suma el no pago del Ejecutivo cordobés a las organizaciones y cooperativistas que realizan trabajos para el mismo. Al día de la fecha, se adeuda un 30% del trabajo de confección de mochilas. En ese sentido, un comunicado del Encuentro de Organizaciones señala que “trabajamos arduamente durante cuatro meses. Con mucho esfuerzo y dedicación llegamos a  cumplir con los tiempos estipulados para que la producción esté lista antes del inicio del calendario académico. Sin embargo, el gobierno no cumplió con su parte en el compromiso asumido por el Ministerio de Educación (…) se estipulaba que una vez concluida la entrega de la producción correspondiente se efectuará el pago total. A 2 meses de entregada la producción no contamos con el pago de lo adeudado”.

Denunciamos la política de ajuste del gobierno provincial y reclamamos que se den respuestas a los reclamos pendientes, como principio de defensa de la salud de las barriadas populares. Con hambre no hay cuarentena.