La lucha por una respuesta a la crisis económica y al desempleo, producto de la bancarrota capitalista y sus consecuencias en la población trabajadora, ha dominado siempre la agenda de las organizaciones sociales y piqueteras.

En la actualidad se trata de un punto clave a discernir entre las variantes patronales, que buscan imponer una reconfiguración de sus negocios, por medio del atropello del salario y los derechos laborales, y los trabajadores, quienes nos organizamos para defender nuestras condiciones de vida y empleo.

El problema surge de que la propia clase social capitalista que dirige la sociedad es incapaz de garantizar empleo para el conjunto de la población trabajadora: más aún, como ocurre en la actualidad, avanza sobre los trabajadores para recomponer sus ganancias y beneficios, generando más desempleo.

El Estado ofrece actualmente un limitado seguro por desempleo, que solo aplica a los trabajadores que se hayan encontrado  en relación de dependencia registrada, más de seis meses y hayan sido desvinculados sin causa, recibiendo una prestación dineraria que oscila entre 13.292 y 22.153 pesos y tiene un máximo de 12 meses de percepción para quienes hayan cotizado al sistema más de tres años.

La aparición de los programas sociales es fruto de la lucha del movimiento de desocupados y piquetero contra la crisis y por trabajo. Implica una concesión del Estado ante el avance de la movilización independiente, pero con la incorporación de elementos que deforman dicha conquista.

La imposición de montos de miseria por debajo de la canasta alimentaria y la exigencia de una contraprestación buscan imprimirle a los programas sociales una dinámica atada al trabajo ultraprecarizado, para utilizarlos como variable de ajuste contra los trabajadores. Es lo que ocurre con la incorporación forzosa del Potenciar Trabajo en los municipios y gobernaciones, como principio de su liquidación.

La idea de una contraprestación va directamente asociada a una supuesta relación laboral que, a su vez, no es reconocida por el Estado para brindar derechos laborales como salario, paritarias, ART, vacaciones, etc.

Algunas organizaciones sociales incluso han ido más lejos en esta materia reivindicando dicha dinámica bajo la denominación de “economía popular”, lo que tiende a embellecer un mecanismo de precarización laboral.

Aun así, con estos límites, los programas sociales implican un límite a la caída de los salarios, debido a que ningún trabajador opta por vender más barato su fuerza de trabajo si existe una alternativa que le permite sobrellevar su situación bajo mejores condiciones.

Las patronales y el Estado no son capaces de garantizar siquiera el derecho más elemental a ser explotado. De allí surge el reclamo de un seguro que sirva para que los trabajadores no caigan en la pobreza, que no esté atado a ninguna contraprestación y al que pueda accederse solo con acreditar la condición de desocupado. Esto implica que la clase social gobernante asuma su responsabilidad por la destrucción de los puestos de trabajo.

Ese es el planteo de fondo que levanta el Polo Obrero y el Partido Obrero ante el desempleo, como salida transicional a un programa económico de los trabajadores que genere puestos de trabajo genuino en la obra pública y en la industria.