El Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) -compuesto por representantes de sindicatos conducidos por sectores de la burocracia sindical de la CGT y las CTAs, junto a representantes de las principales cámaras empresariales y organismos del Estado- se reunió el pasado martes 21 de marzo para determinar el valor que tendrá el salario mínimo vital y móvil de acá hasta julio de 2023.

Los representantes gremiales acudieron a esta reunión sin ningún mandato de sus gremios y sindicatos. No convocaron ninguna asamblea en los lugares de trabajo para votar de cuánto debe ser el aumento del salario. Han pactado con los empresarios y el Estado la destrucción de los ingresos de las familias obreras. Es tal el acuerdo que las reuniones se desarrollan de manera virtual, con el fin de desmovilizar y pasar inadvertida esta instancia.

El acuerdo firmado entre burócratas, empresarios y el gobierno es de una actualización que alcanza al 26,6% en tres tramos: un 15,6% en abril, un 6% en mayo y un 5% en junio.

Según el Indec, hasta febrero, para no ser indigente, el ingreso de la Canasta Básica Alimentaria estaba en 80.483 pesos, este monto recién sería alcanzado por el salario mínimo en abril. (¡!)

Por otro lado, la Canasta Básica Total que define el nivel de pobreza de una familia se encuentra en 177.062 pesos, un valor que supera en más del doble al salario mínimo acordado al que se llegaría en junio.

Solo en los primeros dos meses del año, la inflación llevó a un aumento del costo de la canasta alimentaria en un 19,8% y el de la canasta básica total del 16,1%.

Estos datos dan cuenta de una política que tiene como objetivo rebajar el piso salarial, encabezada por el Ministerio de Trabajo, avalada por toda la burocracia sindical y que responde directamente a los intereses de las cámaras empresariales.

Este acuerdo afecta de manera directa a más de un millón de trabajadores precarizados del programa Potenciar Trabajo. Es que el monto del programa está directamente vinculado con el salario mínimo, al igual que el caso de las jubilaciones mínimas. De esta forma, el Potenciar alcanzaría en abril los 40.171 pesos, monto que se percibiría recién en mayo, y en junio llegaría a los 42.933, que se pagaría recién en julio.

Estos son los niveles de indigencia a los que están condenados los trabajadores del Potenciar Trabajo, que ejecutan tareas en los barrios más pobres del país, en comedores y merenderos. Es el sector social más golpeado por el ajuste del gobierno de los Fernández y Massa. Primero, con la ministra Tolosa Paz a la cabeza, ejecutando más de 86.000 despidos por pedido directo del Fondo Monetario Internacional. Ahora, con la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, ejecutando una política de depresión salarial, avalada por la burocracia sindical.

Por su parte, las organizaciones sociales vinculadas con el gobierno hicieron la vista gorda frente a los despidos y ahora frente a la degradación de los ingresos de los trabajadores precarizados del Potenciar. En diciembre, luego de la ejecución de más de 20.000 despidos del Potenciar, la Utep firmó un acta de acuerdo con el gobierno, comprometiéndose a “abandonar las calles” durante algunos meses a cambio de un bono miserable, a cobrarse recién en abril. De esta forma, dieron vía libre al gobierno que ajustó la asistencia social.

Desde el Polo Obrero y la Unidad Piquetera discutimos y estamos llevando adelante un plan de lucha, que comenzó con un enorme acampe, que tuvo como respuesta la detención de Martín y Lorena en Mendoza, y siguió por la libertad de ellos. Seguimos con una campaña denunciando los despidos y reclamando la apertura y el aumento del monto de los programas para cubrir las necesidades básicas de una familia.