Hace dos años nos venimos organizando por el acceso a la tierra, a la vivienda y el techo digno, derechos que están escritos en la Constitución Nacional. Presentamos notas en el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda), en Legislatura, Casa de Gobierno, con movilizaciones bastante importantes, sin tener respuesta alguna de estos sectores, así mismo lo hicimos con la municipalidad, teniendo una reunión con el Intendente donde se nos dijo que no habían posibilidades de acceder a tierras ya que las mismas no cuentan con servicios básicos. En este proceso conocimos al Polo Obrero y, poco tiempo después, decidimos un acampe a las puertas de Casa de Gobierno para reclamar por las promesas incumplidas de el gobernador, Gustavo Melella. Allí la asamblea fue permanente todos los días durante un mes, donde mantuvimos la concurrencia.

Finalmente el silencio de las autoridades nos llevó a decidir la ocupación de estas tierras que hoy nos encontramos habitando, somos un grupo de 30 familias y entre ellos 39 personas acusadas por el posible delito de usurpación y ocupación ilegal. En este proceso conocimos a la presidente del IPV, la señora Laura Montes. El día que se hizo presente en el predio dijo entender la situación y que quería abrir una mesa de diálogo para buscar alguna solución. Saliendo del predio procedió a la denuncia penal, de ahí en adelante las actuaciones policiales fueron netamente por decisión política y con la complicidad de la justicia.

Primero la policía negó el acceso al predio a vecinos que salieron a trabajar, sin orden judicial. Cuando los vecinos advertimos esto procedimos a entrar al predio y, dos horas después, viene la orden judicial por parte de un poder que responde al pedido del Ejecutivo, donde materializan la orden de que, quién sale no vuelve a entrar. Tres días después llega una nueva orden donde no pueden ingresar ni alimentos, ni agua, ni ropa de abrigo, orden dictaminada primero política y luego judicialmente.

Esta orden, totalmente inhumana, arbitraria e inconstitucional, fue declarada por la jueza a cargo, la Dr. Barrionuevo, medida que se sigue manteniendo desde el día quince de enero a la fecha. Los vecinos realizamos varios recursos legales y denunciamos esto ante todos los entes de derechos humanos de la provincia, derechos del niño, políticas sociales y la casa de la mujer, con respuestas a medias. Una parte de los ocupantes quedamos afuera y otra parte dentro del predio de Río Pipo. En estas condiciones convocamos a muchos más vecinos a sumarse a las protestas y realizamos dos asambleas frente a Casa de Gobierno, sumando familias desalojadas y en situación de calle. Nos proponemos sostener la ocupación de Río Pipo ampliando el movimiento y la agitación por el derecho a la tierra y la vivienda.

Los vecinos que estamos organizados acudimos a todos lados nuevamente golpeando todas las puertas y, como historia repetida, las autoridades no tienen respuestas a las situaciones que se viven en Tierra del Fuego, donde el desalojo, la situación de calle o hacinamiento son moneda corriente. Los vecinos estamos en pie de lucha y levantamos la bandera de los sin techo, donde día a día más vecinos se vienen sumando a esta batalla que hemos decidido transitar. Donde aún existan familias sin techo, la ocupación será un derecho.