Aníbal Ibarra acaba de anunciar que vetará la ley que declaraba al Bar “La Alameda” sujeto a expropiación en favor de una Asamblea Popular de Parque Avellaneda. El hombre que ha dilapidado los recursos de la Ciudad en favor de la banca Morgan y de los contratistas privados de la basura sostiene que “no puede desviar cien o doscientos mil pesos de los contribuyentes” para esta expropiación. Pero el argumento es falaz. El Gobierno de la Ciudad no ha desembolsado un centavo en favor de ninguna de las expropiaciones realizadas en los últimos años.

El motivo del veto es otro, y La Nación lo acaba de explicar en un editorial: “Una persona adquirió el inmueble usurpado, observando rigurosamente las disposiciones y los mecanismos judiciales” (10/7/). Se trató, en verdad, de una “rigurosa” operación de la mafia de los rematadores, que suelen apropiarse a precio vil de predios de deudores hipotecarios o sociedades en quiebra para luego revenderlos con ganancias extraordinarias. Este negocio es uno de los que alimentan la “fiebre” de desalojos y remates en esta ciudad. La ocupación del predio por parte de una asamblea amenazó con “aguarle la fiesta” a los cuervos. Como nunca, el veto de Ibarra delata al gobierno porteño como una agencia servil de los monopolios inmobiliarios.