Con la masiva movilización de 10 mil jujeños, la enorme campaña en todo el país y en la propia provincia desde el mismo momento de su detención, más la solidaridad enorme que logró la causa, arrancamos la libertad de Seba y Juan.

La presión popular obligó a Morales y su aparato judicial a excarcelar a los compañeros que permanecían privados de su libertad desde la semana pasada.

La marcha más grande que se realizó en Jujuy desde que asumió Morales la protagonizaron luchadores populares de las barriadas piqueteras jujeñas, que viajaron desde distintos puntos del interior: La Quiaca, Abra Pampa, Aguas calientes, San Pedro, Monterrico, Perico, Piquete, El Carmen, Perico, Palpalá, Pampa Blanca y otras localidades.

El régimen policial de Morales fracasó en los intentos de frenar la marcha. La metodología utilizada mancomunada con los intendentes es ordenar/apretar a las empresas de transporte privado, para que los días de manifestaciones opositoras no presten servicio. Aún con ese cerco represivo, miles arbitraron los medios para llegar a San Salvador. Hubieron delegaciones de pueblos del interior que salieron en la madrugada para asegurarse de llegar. Infantería y la policía requisan mochilas y bolsos los días de movilizaciones tratando de amedrentar y “meter miedo”.

Pero a pesar de eso no pudieron evitar la masiva convocatoria.

Además de las organizaciones de la Unidad Piquetera, partidos del frente de izquierda, activistas que se pronunciaron y movilizaron de Uatre Ledesma seccional 877, Garbarino, CTA, Derechos Humanos local, ATE Verde y Blanca, también marchó la Utep, que aportó otros tanto de miles. La Casa de Gobierno quedó literalmente rodeada por las organizaciones.

Los dirigentes nacionales pidieron una reunión con el gabinete de gobierno, y previo a ser recibidos les hicieron una contravención (¡!). Es así como el gobierno de Jujuy responde a cada reclamo popular.

La última semana previa a la liberación de los compañeros Seba y Juan, vivimos un “minuto a minuto” que no cesaba de reuniones, llamados, actividades, comunicados, visitas, delegaciones que llegaban desde Buenos Aires, conferencias de prensa… Requirió de un “poner el cuerpo” tan necesario que fue decisivo para liberarlos.

A pesar de la liberación de los compañeros, prevalece un estado de alerta.

La línea del gobierno provincial es judicializar y criminalizar la protesta, y es su bandera de campaña para proyectarse nacionalmente como gendarme contra los reclamos de los trabajadores. Pretenden -bajo la calificación de que “los reclamos son legítimos pero los dirigentes son corruptos”- darse una línea de seguir persiguiendo a compañeros en las barriadas.

Es necesario mantener la unidad por el derecho a la protesta, comprendido que irán en aumento, producto de un gobierno provincial y nacional que discuten para la tribuna, pero cierran fila a la hora de desguazar los salarios, las jubilaciones, los derechos laborales y los recursos naturales, para pagar una deuda y seguir contrayéndola a costa de las condiciones de vida de la juventud y las familias obreras.

Ahora, este movimiento, que se pronunció y salió a las calles en defensa de un derecho primario, como lo es la libre expresión, debe hacer lo mismo por sus reivindicaciones, como lo marca el plan de lucha continuado de la Unidad Piquetera, que salió en todo el país por el trabajo genuino y la universalidad de los programas sociales.

¡Viva la lucha piquetera!

¡Ningún preso por luchar!