La situación terminal que viven los desocupados de Cruz del Eje los ha llevado a cortar nuevamente la ruta, el miércoles 7, durante unas horas. Lo levantaron a cambio de la promesa de nuevos planes Trabajar y por la presión de la Iglesia. Cuando descubrieron que todo era una trampa, ya que los planes estaban acordados previamente y para la ciudad sólo serían cerca de 100, decidieron volver a la ruta el jueves 8. Cuando se disponían a un nuevo corte fueron salvajemente reprimidos por la policía de De la Sota, que los corrió a balazos de goma y gases lacrimógenos por las calles de la ciudad, lastimando a mujeres y niños; 5 compañeros fueron detenidos (finalmente fueron liberados el viernes 9).

La represión caldeó los ánimos. El viernes 9, después de un acto en el centro de la ciudad, 3.000 cruzdelejenses decidieron volver a la ruta mientras De la Sota hacía bajar a negociar a su ministro de Gobierno. A esa altura el intendente ya no tenía ninguna autoridad en la ciudad, el obispo era permanentemente abucheado y la dirección del movimiento (Ralo Avila) estaba seriamente cuestionada. El nuevo ofrecimiento del gobierno apenas mejoraba las propuestas anteriores, agregando el compromiso de un inmediato empadronamiento de los desocupados y la aceleración de las obras públicas. La asamblea reclamaba a viva voz la continuidad del corte hasta que se entregaran 1.000 planes Trabajar, a la espera de las obras públicas. A través de maniobras y el control absoluto del micrófono, Avila (que fue permanentemente asesorado por Luis Bazán) dividió la asamblea, imponiendo de hecho la resolución de marchar hasta la comisaría donde estaban los compañeros detenidos y dejando a los que estaban en la ruta librados a su suerte; así terminó por levantarse el corte.

La situación en Cruz del Eje no está ni de lejos cerrada. El empadronamiento debe dar lugar a una efectiva organización de los desocupados sobre la base de hacer efectivo el reclamo de la asamblea de 1.000 puestos Trabajar hasta que empiecen las obras públicas, que deben ser realizadas con mano de obra de la zona, con salarios mínimos de 600 pesos, y el otorgamiento de subsidios a los hijos de desocupados en edad escolar (otro reclamo de la asamblea). La organización de los desocupados debe imponer el control del reparto de los planes Trabajar y del desarrollo de las obras públicas por ellos mismos.