Este martes 22 de febrero se cumplen 15 años del abuso sexual seguido de femicidio de Sandra Ayala Gamboa, en la ciudad de La Plata. El caso causó un gran revuelo en la región debido a todos los componentes del mismo, y sentó un precedente de lucha en el movimiento de mujeres y diversidades, que entendía que Sandra somos todxs.

Este femicidio evidenció la brutalidad a las que las mujeres estamos expuestas. Sandra era joven, mujer, migrante y pobre. Había venido a La Plata desde Perú persiguiendo un sueño: estudiar medicina. El 16 de febrero se dirigió al exedificio de Rentas del Ministerio de Economía a una supuesta entrevista de trabajo, no se supo más de ella hasta que una semana después unos obreros de la construcción encontraron su cuerpo en la dependencia estatal.

A 15 años continúa la impunidad: el cuerpo de Sandra presentaba cinco ADN´s, pero sólo hubo un único acusado: Diego Cadicamo, sentenciado a cadena perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº5, a quien además se le probaron ocho casos de violación. La identidad de los otros cuatro sospechosos sigue sin conocerse, y la causa que investiga el encubrimiento de la Departamental Primera de La Plata se encuentra paralizada.

Desde el 10 de septiembre del 2018, luego de la incansable lucha de su mamá Nelly Gamboa y el movimiento de mujeres y diversidades, el exedificio del archivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (Arba) se convirtió en la Casa Sandra Ayala Gamboa, que busca ser un centro integral de acompañamiento para víctimas de violencia de género.

Casa Sandra depende actualmente del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad; y sólo cuenta con una psicóloga y una abogada en el turno de la mañana, el resto del día se encuentra Nelly sola, sin herramientas profesionales para dar acompañamiento a las víctimas que se acercan e incluso sufriendo malos tratos por parte de trabajadores de otras plantas que envían algunas veces.

La respuesta que dan ante el pedido de profesionales -abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales en todos los turnos y haciendo una guardia- es que no existe presupuesto suficiente, pero resulta que en la provincia del progresista Kicillof el Frente de Todos y Juntos por el Cambio aprobaron juntos en la Legislatura un presupuesto de ajuste, presentado por el kirchnerismo como el primero con perspectiva de género en la provincia, cuando solo destinan un 2,4% del total de un presupuesto, insuficiente parte del paquete orquestado por el FMI en pos de pagar la deuda fraudulenta.

A 15 años, la situación de las mujeres recrudeció. En lo que va del 2022 ya se cuentan más de 50 femicidios (Observatorio Lucía Pérez) mientras el gobierno de los Fernández no ha creado una sola política en pos de proteger a las mujeres, niñeces y diversidades ante la creciente violencia que se profundiza.

La juventud es la capa social más afectada por el incremento de la desocupación y la precarización laboral, y las mujeres jóvenes son a su turno las más perjudicadas, con alarmantes índices de desocupación (27,6%) y de precariedad laboral (65%). En la universidad, las becas insuficientes excluyen al 92% de personas que las solicitan, de acuerdo a datos confesados por la Fulp.

No hay ninguna medida estatal real que prevenga, proteja y asista a las mujeres, que evite que los femicidios se reproduzcan, las mismas mujeres trabajadoras en los centros destinados a recibir denuncias y contener víctimas se encuentran precarizadas, trabajando en lugares desfinanciados y vaciados de recursos. Las mujeres fueron uno de los sectores más golpeados por la pandemia por el desempleo, la informalidad y la precarización laboral: el Ingreso Familiar de Emergencia, además de ser totalmente insuficiente, excluyó a más del 90% de la población migrante.

Este martes, volvemos a las calles a gritar que todxs somos Sandra. A exigir que termine la impunidad y el encubrimiento y que haya juicio y castigo a los responsables materiales y políticos. Por el pleno funcionamiento de la Casa Sandra. Por un Consejo Autónomo de Mujeres con cargos revocables y un fuero especial por violencia de género, con jueces y fiscales con cargos electos y revocables con presupuesto propio.

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