El 3 de abril de 2002, Marita Verón desapareció sin dejar rastro. A partir de ese momento, se llevó adelante una intensa lucha por su aparición, que expuso la tremenda complicidad del Estado en la trata de personas, amparando negociados y proxenetas bajo el poder político. Pese al rescate de numerosas víctimas desde entonces, Marita sigue sin ser encontrada hasta hoy.

Susana Trimarco, madre de Marita, denunció directamente al Clan Ale, familia tucumana dueña de la remisería “5 estrellas”, que a su vez tenían cientos de negociados con casas de juego, alrededor de los cuales se conformaba una red de prostitución y narcotráfico. En un primer juicio, pese a decenas de testimonios, absolvieron a todos los acusados. Fue la presión popular y la lucha en las calles, la que empujó a la justicia a realizar un segundo juicio donde 10 de los 13 acusados fueron encontrados culpables por el secuestro y desaparición.

Los hermanos “La Chancha” y “El Mono” Ale, lideraron la asociación criminal más grande del interior del país. Dedicada al narcotráfico, la prostitución, la extorsión, la usura y los juegos clandestinos, su red enlazó las complicidades del poder político y judicial y el mundo del fútbol. Los gobiernos de turno fueron benefactores de los Ale, siendo indispensables para el crecimiento de su red criminal y garantizando su accionar con total impunidad. Cómo dirigentes del Club Atlético San Martin recibieron subsidios del, entonces, gobernador José Alperovich, para realizar refacciones en la cancha, las cuales nunca se llevaron a cabo. Además, prestaban servicio como custodios de figuras políticas. En 2017 se llevó adelante otro juicio por lavado de activos y asociación ilícita por el que fueron condenados a 10 años de prisión domiciliaria, a partir del cual se solicitó continúe la investigación sobre el lavado de créditos de la AFA, sobre políticos tucumanos, como el concejal Armando “Cacho” Cortalezzi (también por lavado) y a miembros de la justicia, como Alejandro Noguera (fiscal de Cámara) por proteger al clan. Durante el juicio, además, Carlos Jiménez Montilla, amigo de la familia Ale, fue apartado del caso por esta razón y actualmente su hijo, Marcos Jiménez Montilla, también fiscal, es el encargado de controlar el cumplimiento de la condena.

Así como en el caso de Paulina Lebbos, el poder político y la justicia son protagonistas esenciales del entramado de impunidad que reina en Tucumán. Recientemente, pudimos además percibirlo en las maniobras que llevaron adelante tras la denuncia contra José Alperovich (encubridor del crimen de Paulina) por abuso sexual: jueces excusándose, pateando la pelota y declarándose incompetentes para juzgar al exgobernador y actual senador.

Seguimos luchando por la aparición de Marita y todas las víctimas de redes de trata, por su desmantelamiento, por la cárcel común y efectiva a todos los responsables materiales, políticos y judiciales de este crimen y el amparo de las redes delictivas de trata de personas con fines de explotación sexual.