Nuevamente miles de mujeres nos encontramos en las calles mendocinas para combatir la violencia hacia las mujeres que se sostiene con la responsabilidad del estado nacional y provincial.

Con 11 femicidios en la provincia, el gobierno de Mendoza ha llegado a esta fecha tan significativa para el movimiento de mujeres y diversidades con deudas políticas enormes y un ajuste brutal en el sector lo cual constituyen la base para que se profundice la violencia hacia las mujeres.

A partir del femicidio de Florencia Romano el reclamo masivo en las calles por el Fuera Munives y Levrino fue completamente ignorado por el gobierno de Rodolfo Suárez, manteniendo a estos funcionarios en el poder mientras la descomposición policial avanza y se expresa en el crecimiento de la inseguridad y delitos violentos de los cuales las mujeres, infancias y juventudes son principales víctimas.

El ajuste de los gobiernos es funcional a la violencia de género

La mayor deuda política la expresa el presupuesto de ajuste que aprobó con mayoría el oficialismo de Cambia Mendoza para el 2022. Las áreas más ajustadas tienen que ver con educación, salud, economía social y género, todas áreas relacionadas con las tareas de cuidado que en esta sociedad se depositan en la mujer.

Con tan solo $67 por mujer destinado para la Dirección Provincial de Genero, la provincia sólo cuenta con once refugios de los cuales sólo uno es administrado por la provincia y el resto es delegado a los municipios y uno a una ONG. Mientras los planes de asistencia económicos son nulos. Tanto el Plan Acompañar a nivel nacional como el Nuevas Redes de la provincia están afectados por la política de ajuste de los gobiernos que priorizan el pago de la usurera deuda externa y rescate a los capitalistas que fugan millones en cuentas off shore como el caso de los Pescarmona.

Por otro lado, la política del gobierno nacional se ha reducido a la venida de la Ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, a nuestra provincia, y que solo significó una foto por parte de quienes pretenden estatizar el movimiento de mujeres y usar el Ni Una Menos como un trampolín para acceder a algún cargo estatal.

Este vaciamiento explica que a pesar de tener áreas y direcciones de género y diversidad por todos los municipios y estamentos del estado -incluso un ministerio a nivel nacional-, tengamos en lo que va de este año, 11 femicidios en Mendoza y 267 en todo el país.

De esta manera, está a la orden del día para el movimiento de mujeres de la provincia la disputa con los gobiernos y patronales por los recursos materiales y económicos para garantizar la autonomía de las mujeres y diversidades para extirpar de raíz las bases que permiten profundizar la violencia de género. Esta política solo puede llevarse a fondo con total independencia política de los gobiernos de turno, sin carreristas o feministas de escritorio que se valen de la lucha del movimiento para fines individuales, o se arrogan representaciones para estatizar una lucha que choca cada vez más con el Estado capitalista.

Invitamos al movimiento de mujeres y diversidades a profundizar en éste aspecto la lucha por NI Una Menos, por trabajo genuino, salario y vivienda para conquistar autonomía a las mujeres y diversidades.