El 8M se registró una importante movilización en la provincia de Tucumán. Muchas columnas y personas no organizadas concurrieron a la cita establecida para manifestar la preocupación popular que existe sobre esta temática. particularmente Tucumán está atravesada por muchas situaciones escandalosas que dan muestra de la connivencia entre el poder político y los jueces que ellos eligen para ocupar esos puestos.

El caso de la jubilación de privilegio para el juez Juan Pisa mostró con brutalidad esta alianza que puso en ridículo a las corrientes gubernamentales que pretenden hablar de la justicia y sus responsabilidades como si el gobierno estuviera ajeno a eso. Otro caso reciente que da muestras del accionar encubridor de la justicia local es el de Paulina Lebbos, causa que sólo al límite de la prescripción finalmente encontró algún juez que la tomara. La protección hacia el responsable político de esta muerte y al autor material de abusos contra su sobrina en la provincia y en el senado es total.

Al finalizar la movilización y cuando tenía que hacerse el acto, una maniobra gubernamental rompió acuerdos previos para privilegiar la defensa de los gobiernos local y nacional que muchas de ellas integran.

Maniobra oficialista para dividir la marcha

Como ocurre desde hace años, la asamblea de organizaciones Ni Una Menos fue organizando la jornada, previamente prepararon una propuesta de unificación de actos y marchas con las organizaciones oficialistas nucleadas en la Multisectorial (PCR/CCC;, PJ, Evita, Patria Grande, etc.) que generalmente se arman por separado, sólo a los fines de dilatar los debates y llegar al propio 8M clausurando cualquier voz de crítica al gobierno nacional.

Las organizaciones gubernamentales trataron de impedir que el documento central contuviera cualquier crítica a Alberto Fernández, a Cristina o incluso a Berni. Aferradas a su mandato de salvaguardar al kirchnerismo en todas sus variantes se negaban a condenar la represión en Formosa y por supuesto a su responsable, Gildo Insfrán. El aborto legal y su aplicación en la provincia pretendieron ser ninguneados también, cuando todas sabemos las trabas que imponen Manzur y la iglesia para su aplicación. Lo mismo ocurrió con los temas ligados a la diversidad de género.

El documento contenía críticas a Manzur y sus jueces, denunciaba a Bussi y también a Alperovich. Para estas organizaciones, criticar al gobierno provincial en algunos temas es “gratuito”, porque consideran que no se tratan de kirchneristas puros.  Recordemos que muchas de estas organizaciones llamaron a votar, y formaron parte en las elecciones provinciales de las listas de Alperovich, porque decían que allí había más mujeres en “cargos salibles” que en las listas de Manzur, una verdadera locura.

El grupo de Altamira y Daniel Blanco funcionó de enlace con estos grupos pro-gobierno, elaborando una propuesta de documento que denunciaba el ajuste sin decir quién lo aplica, ignorando la responsabilidad del gobierno provincial ni mucho menos nacional en la enorme cantidad de femicidios, etc.

Finalmente, el FIT-U y otros sectores de la asamblea Ni Una Menos consideraron que este documento no podía ser firmado y que por lo tanto el acto contaría con dos documentos, cosa que ya ocurrió otros años. Durante la concentración los mismos promotores del documento lavado insistieron con que este fuera el único a ser leído, y se rechazó nuevamente su propuesta. El documento que mandaban contenía los mismos problemas por los cuales se decidió no firmarlo.

Cuando ya estábamos todos en el lugar del acto, la Multisectorial de organizaciones progubernamentales como la CCC/PCR decidieron que se leería solo el documento de ellos, lo cual terminó rompiendo el acto. Los grupos oficialistas, como tantas veces lo ha hecho el PCR/CCC en los Encuentros Nacionales de Mujeres,  coparon el palco para imponer la lectura de un documento  que no incomodara al poder político. En este caso su acto oficialista contó con la adhesión y la presencia del grupo de Blanco y Altamira autodenominado Tendencia.

La lucha por las reivindicaciones de las mujeres, que congregó a multitudes en Tucumán y en el país, tiene como punto de partida necesario la independencia política respecto al Estado opresor y garante de la impunidad.