La movilización superó todas las expectativas y volvió a ser masiva, en Argentina y en diferentes partes del mundo. Ni el pedido de López Obrador en México para que las feministas no lo interpelen sobre los femicidios ni el intento en Argentina para que la jornada expresara apoyos gubernamentales, ni la permanente represión de Piñera detuvo a las mujeres chilenas que se agruparon de a millones. 

En Argentina, la movilización desde Plaza de Mayo arrancó con la presencia de miles de personas y estuvo encabezada por el sindicalismo combativo. El texto leído en la Plaza Congreso, y la recepción popular que tuvo, muestran el enorme potencial del movimiento y la delicada situación que enfrenta el gobierno de Alberto Fernández. 

Los sectores progubernamentales que intervinieron en el armado de la acción callejera y del acto no pudieron darle la centralidad que pretendían a las burocracias sindicales, a las cuales pretendieron lavar la cara sobre la base de la autoridad ganada por el movimiento de mujeres, ni tampoco pudieron reivindicar la puesta en pie de un Ministerio de Mujer, Géneros y Diversidad, una cáscara vacía sin presupuesto y alineado con el pago al FMI.

El texto alcanzado tiene el valor de haber colocado como divisoria de aguas las propias demandas laborales y democráticas del movimiento de mujeres, se proclama contra el latifundio, contra el desplazamiento de pueblos, por un salario acorde a la canasta familiar, por el incremento salarial para las trabajadoras de casas particulares (que cobran por detrás de un salario mínimo), por trabajo genuino para las precarizadas y beneficiarias de planes sociales, así como por demandas en el campo laboral registrado, que las burocracias dejan caer, como los jardines “maternales”. Es un texto anticlerical y que se planta contra los planes fondomonetaristas, reclamando el no pago de la deuda.

La reivindicación de un régimen feminista para alternativizar a un “capitalismo neoliberal”, planteo que defendieron los sectores progubernamentales con los que se discutió el documento, expresa  sus propias expectativas y frustraciones, y también es una formulación que muestra que no pueden defender frontalmente al gobierno como el ejecutor de esa nueva “forma de vida” que buscan. El feminismo en un gobierno ajustador sirve de maquillaje para ese ajuste, no para defender los derechos de las mujeres.

Varias se incorporaron al gobierno y hacen silencio ante los planes fondomonetaristas de este, participan de eventos internacionales con gobiernos asesinos de mujeres y sin decir palabra sobre el aborto legal, como ha ocurrido en la Copal; ocultan la comprensión que tienen respecto del recorte jubilatorio; acompañan el silencio sobre la extensión de la moratoria para las mujeres o respecto de los beneficios que el gobierno busca otorgar a las iglesias, al capital financiero al cual se le redujeron impuestos; a las mineras, que obtuvieron la rebaja de retenciones; a los empresarios subsidiados y sigue la lista.

El documento de conjunto significó una reafirmación de un programa de las mujeres fundamental para dividir aguas con las iglesias, las conducciones sindicales burocráticas y con el gobierno, incluido el feminismo que se integró a él. Quienes miran los procesos desde afuera eligieron regalar el escenario al gobierno sin más. El cierre con palabras de Nora Cortiñas por la apertura de los archivos y reclamando, primero, la suspensión del pago de la deuda, y luego la expulsión del FMI, completaron un cuadro de dificultades para el propósito de la cooptación gubernamental.

La movilización se produjo mientras se desarrollaba una crisis internacional que muestra al gobierno lejos de defender a los sectores populares. La pulverización de los bonos acerca más a la Argentina a quedar a merced de los buitres que los compran a precios de remate, la baja de la soja deja sin recursos al país  en relación con las importaciones. La caída del petróleo pulverizó el sueño de salvarse con Vaca Muerta. Frente a esta realidad, Alberto Fernández no abandona el curso de concesiones a sectores del capital y al FMI. 

Pañuelazo frente a la Catedral el 8M

Femicidios, aborto clandestino, pobreza  y Estado responsable

El incremento de femicidios pone de relieve la responsabilidad estatal, que subestima las denuncias, encubre a los amigos del poder y estimula en la educación oficial y, a través de otros medios, la educación en el sometimiento hacia las mujeres y los niños. La aparición del cuerpo de Fatima Florencia Acevedo en Paraná despertó indignación porque ella hizo todo para que el Estado le diera protección y, sin embargo, no lo hicieron. Sectores feministas ligados al gobierno peronista de Bordet y del intendente Bahl se llaman a silencio en estos días, mostrando que su defensa de las mujeres es selectiva y oportunista. 

Con la creación del Ministerio de la Mujer y la incorporación de decenas de mujeres en diferentes puestos estatales se promueve un feminismo que busca una igualdad capitalista: igualdad para ajustar, para explotar y para silenciar a las mayorías. El 20% de las mujeres insertadas en el mercado laboral son empleadas de casas particulares y ganan menos de un salario mínimo. En esta misma escala de precarización y salarios bajos se inscriben las empleadas rurales, las vendedoras ambulantes e incluso las trabajadoras textiles que se encuentran en blanco. Con los planes económicos del gobierno, esta realidad concreta tiende a agravarse. La precarización laboral que avanza con la complicidad de las conducciones sindicales postradas ante los diferentes gobiernos condena particularmente a las mujeres. Las mujeres latinoamericanas sin ingresos propios pasaron de 44% en 2008 a 27% en la actualidad. Este salto se hizo sobre la base de una distribución de ingresos dentro de la propia clase trabajadora y no desde una transferencia de fondos de la burguesía hacia la clase obrera. Se amplió la base de la pobreza en el continente y se enriqueció más un sector concentrado del capital. 

El gobierno espera que el avance del aborto legal pueda ser la llave para que el resto de las demandas del movimiento sean contenidas y la movilización callejera, morigerada. Aunque habían anunciado que presentarían el proyecto propio el lunes 9M, esto no ocurrió hasta el miércoles. La crisis agudiza la tendencia del gobierno a cerrar sus políticas de la mano del Vaticano y, en este sentido, el proyecto gubernamental busca excluir de la obligatoriedad de la práctica del aborto legal a las empresas de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, organismo que fue de la partida de la misa del episcopado contra el aborto legal que se hizo el 8M en Luján. 

El 8 y 9M marcó una agenda de independencia de las iglesias, una orientación contraria a los pedidos de Alberto Fernández de hacer silencio frente a los ataques de la Conferencia Episcopal. El 9M puso de relieve la mentira de la adhesión al paro de las burocracias sindicales, empezando por las nucleadas en la CGT, que  ni se acercaron a la plaza en su gran mayoría y que están dejando pasar descuentos en los lugares de trabajo, como ocurre con los municipales de la Ciudad de Buenos Aires. 

La primera movilización bajo el gobierno peronista protagonizada por las mujeres abre las puertas a un enorme potencial de jaquear su política fondomonetarista.