El 23 de septiembre ha sido adoptada como una fecha de lucha contra la trata de personas de carácter internacional. Se conmemora la sanción de una Ley del diputado socialista Alfredo Palacios del año 1913, referida a la penalización de la explotación sexual.

 

Cien años después, los diputados que se definen herederos de aquella legislación votaron una ley de Trata de Personas que redactó Aníbal Fernández, que admitía la esclavitud sexual de mayores de edad, disponiendo penas irrisorias y ningún instrumento para perseguir la ruta del dinero de la trata.

 

Las leyes no impidieron, en más de un siglo, el crecimiento de la trata y su perfeccionamiento.

 

Sobre este método semiesclavista, se montan industrias enteras como la de la indumentaria, el trabajo en el campo en diferentes ramas y el negocio de la esclavitud sexual. El blanqueo de capitales impulsado antes por el kirchnerismo y ahora por Macri, es un recurso que sirve a estos capitalistas, para poder lavar el dinero proveniente de estas actividades.

 

Según el Ministerio de Justicia, 9987 mujeres fueron “liberadas” de redes de trata desde abril de 2008, cuando se aprobó la Ley de Trata, de las cuales el 54% eran extranjeras. En 2015, el Ministerio público fiscal informó que en la justicia se busca a 3231 mujeres y niñas desaparecidas. Una parte de ellas forma parte del reclutamiento de redes de trata para explotación sexual. El contraste mayor se da entre las dimensiones del delito y la ausencia de condenas: en 2009, apenas se produjeron 3 fallos condenatorios. En 2015, 21. 

 

¿A dónde fue el dinero ganado por presuntamente explotar mujeres? La Procelac (Procuradoría de Lavado de Activos) reveló una larga lista de cuentas bancarias y bienes, como casas, autos y embarcaciones. La Nación publicó una cifra global proveniente de una colaboración entre Procelac y Protex (Procuradoría de explotación de personas): 132 millones de pesos involucrados en nueve casos como el del clan Alé, implicado en el expediente del caso de Marita Verón.

 

Estado impune

 

Aunque el delito no puede concretarse sin la participación del Estado, es prácticamente inexistente la condena a policías, funcionarios de migraciones y políticos encontrados responsables de explotación sexual. Tampoco a los banqueros que reciben y reciclan el dinero. Las unidades fiscales destinadas a detectar delitos económicos, hacen la vista gorda al respecto de las enormes pruebas que, siguiendo la ruta del dinero, podrían obtener para desbaratar redes. De 126 sentencias sobre trata de personas dictadas desde 2009, apenas 3 recayeron sobre policías en funciones y 2 sobre ex policías (datos de Protex).

 

La trata de personas y la esclavitud sexual rodean a las actividades más populares: en la industria del deporte, como el fútbol y el automovilismo. También en los lugares donde el trabajo masculino es mayoritario, como puertos y petroleras, el nivel de traslado de mujeres para la explotación sexual es mayor.

 

Esclavitud laboral

 

La esclavitud laboral es uno de los recursos del capital para rebajar los costos laborales. Industrias enteras están basadas en este método, con la complicidad de los ministerios del Estado. Con sólo hacer una comparación entre los trabajadores convencionados y la facturación de la industria de la indumentaria se puede detectar una fuerte tendencia a la no registración de los trabajadores. Las denuncias sobre esclavitud laboral se circunscribieron al año 2011 cuando una puja electoral hizo que un sector del kirchnerismo denunciara esa práctica en los olivares del ex diputado Olmedo. Pasada la elección, el silencio fue total. 

 

Mucho antes, había sido noticia la esclavización de argentinos y bolivianos en la empresa avícola del ex intendente pejotista de Pilar, cuya producción a gran escala incluye la exportación a países como China. Otro enorme aporte a la propagación de esta lacra lo brindan las burocracias sindicales, que hacen la vista gorda y garantizan la desorganización obrera.

 

Kirchneristas y macristas han sido vinculados a tratantes y proxenetas. Desde intendentes kirchneristas, o jefes de policías apoyados por Nilda Garré, como el denunciado José Fernández, de la división trata de la Federal, hasta el vínculo entre el socio del tratante Martins y el propio Macri. Otro paladín de la defensa del esclavismo ha sido el empresario José Castillo, jefe mafioso de La Salada a quien el kirchnerismo llevó a sus giras internacionales para “ganar mercados”.

 

Sin participación del Estado no hay trata

 

La trata de personas con fines de explotación laboral y sexual tiene como propósito la explotación capitalista, sirviéndose de fuerza laboral de bajo costo y reclutada compulsivamente.

 

La consigna “Sin clientes no hay Trata”, acuñada por un sector del movimiento de mujeres y hecha suya por organismos del Estado, pretende igualar las responsabilidades entre una sociedad educada en el machismo, la misoginia y el destrato a las mujeres, de un lado, y aquellos que imparten esa formación como instrumento de control social y obtención de beneficios, del otro. No puede pasar desapercibido entre las mujeres luchadoras el hecho de que el proxeneta mayor, el Estado, haya acuñado una consigna que lo absuelve de responsabilidades. 

 

Toda lucha por la emancipación de la mujer es una lucha a fondo contra el capital, la explotación y el sometimiento de la clase trabajadora. La lucha contra la trata es por definición, una lucha anticapitalista. El próximo Encuentro Nacional de Mujeres debe ser una oportunidad para hacer crecer la lucha de las mujeres independiente del Estado y de los partidos que defienden los intereses de clase de la burguesía.

 

 

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