Hoy, 17 de mayo, se cumplen once años de la emblemática muerte de Ana María Acevedo. En el marco de este aniversario, tendrá lugar el sábado 19 una concentración en la capital santafecina por la legalización del aborto, en la plaza que lleva su nombre (sita en bulevar Pellegrini y avenida Freyre).

Ana era una joven de 20 años, mamá de tres chicos y oriunda de Vera (al norte santafesino), que asistió al Hospital Iturraspe de Santa Fe Capital con un cáncer de mandíbula y le negaron la quimioterapia porque cursaba un embazo incipiente. Bajo la falacia de “salvar las dos vidas”, fue obligada a continuar con el embarazo hasta los seis meses; finalmente le realizaron una cesárea, tras la cual murieron la criatura y poco después Ana.

El Estado es responsable

El caso tuvo grandes repercusiones políticas y se transformó en una bandera en la lucha del movimiento de mujeres por el aborto legal, ya que la muerte de Ana María dejó al desnudo la injerencia de la Iglesia católica en el sistema de salud pública y la responsabilidad de los gobiernos, tanto del Justicialismo como del Frente Progresista en el bloqueo al acceso a los abortos no punibles, previstos por la ley argentina desde 1921. 

La familia de Ana María, su papá Aroldo y su mama Norma Cuevas, reclamaron desde un inicio que se interrumpiera el incipiente embarazo, para que pudiera salvar su vida. Pero el sistema de salud santafesino demostró estar a merced de los intereses de la iglesia católica -que ejecutó todo tipo de presiones-: tanto los directivos como el equipo de ginecología del hospital Iturraspe se ampararon en la “objeción de conciencia” para negarse a realizar la práctica, sin garantizar la presencia de un médico que lleve adelante los abortos no punibles. Hasta el día de hoy el equipo de ginecología de ese hospital se declara objetor en pleno y organizaciones “pro-vida” interfieren en la atención médica -sucedió recientemente con una psicóloga, que manipuló a una niña de 11 años para que continuara un embarazo resultante de una violación. 

Recién en el 2015, después de una enorme lucha, se emitió un dictamen en el que se reconoció la responsabilidad del Estado santafesino en el fallecimiento de Ana María Acevedo; y el 26 de octubre de ese año, el entonces gobernador Antonio Bonfatti realizó un pedido formal de disculpas a sus familiares y les entregó un resarcimiento económico, que todavía no terminan de pagarle. Una lavada de cara del gobierno socialista que mantiene intactos los lazos con la curia, como lo demuestran las recientes declaraciones del diputado Luis Contigiani contra del aborto -excusándose en su educación cristiana.

El poder judicial mantiene impunes hasta el día de hoy a los funcionarios responsables de la falta de atención médica, en un caso considerado internacionalmente como de vejámenes y torturas.

Basta de objeción de conciencia

Once años después de la muerte de Ana María Acevedo, y de cientos de mujeres más, el sistema de salud santafesino continúa respondiendo a intereses ajenos a los de la salud de la población. También el equipo ginecológico del hospital Cullen carece de médicos que no se declaren objetores; mientras que en el Protomédico se encuentran personas como el doctor Leal, quien organizó una “escucha de latidos” en la concentración “pro-vida” del pasado 25 de marzo. 

En la página del gobierno de la provincia de Santa Fe sigue habiendo un apartado específico que señala por qué los profesionales de la salud tienen el ‘derecho’ de acceder a la objeción de conciencia; allí brinda un listado de los y las profesionales que se amparan en argumentos morales, éticos y/o religiosos para no practicar abortos ni tampoco brindar atención sexual ni reproductiva.

Las residencias de medicina general de la UNL permiten la objeción de conciencia, no trabajan en absoluto la salud laica y lo único que exigen a los residentes es su declaración como objetores/as –mientras que al personal de los centros de salud ni siquiera se les solicita esto. El Colegio de Enfermería de Santa Fe se dispuso a conseguir el mismo ‘privilegio’ que los médicos/as, para poder ampararse en la figura de la objeción al momento de negar el acceso a la salud y al aborto no punible. 

La objeción de conciencia se vende como respeto a las convicciones morales del trabajador, pero es exactamente lo contrario; ese “respeto” convierte a los trabajadores de la salud en rehenes de la patronal. Gracias a la fragilidad del empleo precario, la objeción es la llave para que las direcciones hospitalarias y de los servicios de ginecología y obstetricia –muchos controlados por el clero- los obliguen a negarse a hacer abortos so pena de no renovarles el contrato.

La lucha por el aborto legal

En un contexto en el que el movimiento de mujeres colocó el debate por el aborto legal en la escena política, después de tres años de protagonizar enormes movilizaciones y de un masivo 8 de marzo que impulsó la consigna de aborto legal en todo el país, la lucha por justicia por Ana María Acevedo tiene una enorme vigencia.

En las comisiones de debate en el congreso expuso Norma Cuevas, la mamá de Ana María, quien denunció claramente las responsabilidades en la muerte de su hija: “Que los curas no se metan en la vida de las personas: a mí me trataron de ‘asesina’, de que yo quería matar una criatura. ¡No era una criatura! Hablo para que a ninguna otra mujer le pase lo que le pasó a mi hija (…) que fue condenada por ser pobre, ser madre y ser mujer”.

El testimonio de Norma Cuevas da cuenta de la necesidad histórica de la separación de la Iglesia del Estado, que supone no solo dejar de financiar una institución corrupta y mantener a curas abusadores y pedófilos, sino también terminar con la injerencia religiosa en la educación y en la salud, pilares fundamentales de las reivindicaciones del movimiento de mujeres.  

 

En la jornada del sábado 19, de la que participaremos con el Plenario de Trabajadoras, denunciaremos la responsabilidad de los gobiernos por la injerencia de la iglesia, por la muerte de mujeres por abortos clandestinos o por la negación de acceder a abortos no punibles y exigimos que los y las diputadas nacionales de Santa Fe voten a favor del proyecto presentado en el Congreso.

Vamos por:

- Educación sexual, científica y laica; anticonceptivos para no abortar; aborto legal para no morir

- No a la “objeción de conciencia” que convierta la ley en una farsa, y a las mujeres y los trabajadores de la salud en rehenes

- Estabilidad en el cargo al personal de los servicios que interrumpan embarazos

- Ninguna injerencia del clero en la salud, la educación y la justicia

- Justicia por Ana María Acevedo

El Estado es responsable.