El 22 de febrero se cumplieron 16 años del abuso sexual seguido de femicidio de Sandra Ayala Gamboa, en la ciudad de La Plata. Resulta alarmante que si bien el caso sentó un precedente de lucha en el movimiento de mujeres y diversidades, sigue reinando la impunidad.

Sandra era una joven de 21 años que vino a La Plata desde Perú, persiguiendo al igual que muchas el sueño de estudiar medicina. Aquel 22 de febrero de 2007 concurrió a una supuesta entrevista de trabajo en el exedificio de Arba en 7 e/ 45 y 46, perteneciente al Ministerio de Economía. Allí fue violada, asesinada y encontrada siete días después en una parte abandonada de esa misma dependencia estatal.

Según el Observatorio Lucía Perez, ya son 1029 los femicidios ocurridos durante el gobierno de los Fernández, que se jactaban de “haber puesto fin al patriarcado” pero que no solo no protegen a las mujeres, niñeces y diversidades ante la creciente violencia, sino que ajustan atacando sus condiciones de vida.

Son las mujeres y las diversidades sexuales las más afectadas por la precarización laboral y la desocupación. El porcentaje aumenta considerablemente en la juventud. No es menor, entonces, que el asesinato de Sandra haya tenido lugar en un contexto de búsqueda laboral. Al igual que el caso de Tehuel de la Torre, queda claro que la miseria y discriminación a la que nos empujan las políticas ajustadoras de los gobiernos nos expone a la búsqueda de trabajos precarios en situaciones alarmantes de inseguridad para poder subsistir.

El caso de Sandra también pone sobre la mesa la situación que atraviesan lxs migrantes. Son quienes suelen ocupar las tareas más precarizadas y los trabajos más duros, con sueldos muy bajos. Las demoras y trabas en los trámites de residencia lxs obligan a buscar trabajos precarios y tienen mayores dificultades para ingresar a un alquiler. Además, son objeto de persecución y discriminación por su lugar de origen.

Continúa la impunidad

En la noche del 21 de febrero se realizó una vigilia en las puertas de la Casa Sandra (construida donde fue encontrada sin vida), y al día siguiente una conferencia de prensa donde las organizaciones sociales y de mujeres denunciaron la responsabilidad del Estado y exigieron el pleno funcionamiento de la Casa.

Diego Cadicamo fue el único acusado y sentenciado a cadena perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº5, a quien además se le probaron otros ocho casos de violación. No obstante, el cuerpo de Sandra presentaba otros 4 ADN’s, cuya identidad sigue sin conocerse porque la causa que investiga el encubrimiento de la Departamental Primera de La Plata continúa paralizada.

A partir de la incansable lucha de su madre, Nelly Gamboa, y el movimiento de mujeres y diversidades, el exedificio del archivo de ARBA se convirtió en la Casa Sandra Ayala Gamboa, que busca ser un centro integral de acompañamiento para víctimas de violencia de género.

Pero la realidad es que depende del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y no cuenta con profesionales, herramientas ni recursos para dar acompañamiento a las víctimas que se acercan al lugar, teniendo incluso que derivarlas a otros establecimientos. Las prioridades de este gobierno están en el ajuste y el pago de la deuda con el Fondo

El ministerio resultó una completa estafa para el movimiento de mujeres, ya que no sólo no toma ninguna medida efectiva para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y diversidades sino que “no tienen presupuesto suficiente” para garantizar profesionales -abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales-en todos los turnos y haciendo una guardia.

El grito unánime de “Sandra somos todxs” se hace carne cuando queda claro que cualquiera de nosotras: mujeres, estudiantes, migrantes, trabajadoras, jóvenes, podría ser Sandra. Estos gobiernos capitalistas no tienen nada para ofrecernos. Por eso resulta imprescindible que el 8M redoblemos la movilización, exigiendo que termine la impunidad y el encubrimiento y que haya juicio y castigo a los responsables materiales y políticos.

Por el pleno funcionamiento de la Casa Sandra, por un Consejo Autónomo de Mujeres con cargos revocables y un fuero especial por violencia de género, con jueces y fiscales con cargos electos y revocables con presupuesto propio.