El 12 de julio del 2012 aparece en un trillo del municipio de Puerto Esperanza el cuerpo sin vida ensagrentado de Tati Piñeiro, una adolescente estudiante de esa localidad. Desde un principio, los testigos apuntaron al hijo del intendente Alfredo Gruber y al sobrino de un diputado oficialista. El único detenido por el caso fue salvajemente torturado y, horas antes de declarar ante el juez, lo encontraron "suicidado" en su celda.

 A lo largo de todos estos años, Gruber contó con el amparo y el apoyo político del gobierno provincial, mientras éste sembraba el terror entre los compañeros de escuela de Tati, docentes y vecinos que reclamaban contra la impunidad.

La Justicia todavía no designó un magistrado para el caso, luego de que dos jueces lo abandonaran. Quieren sepultarlo como hicieron con el caso de Marilyn Bárbaro y de tantas otras.

El gobierno de la provincia ha lanzado un foro de políticas públicas sobre violencias de género mientras ha garantizado por más de doce años la impunidad de los asesinos de Marilyn Bárbaro, por cuatro años la impunidad de los asesinos de Tati Piñeiro, y protege en sus filas a los principales encubridores, los intendentes de Campo Viera y Puerto Esperanza, Juan Carlos Ríos y Alfredo Gruber respectivamente. La lavada de cara no alcanza a disimular nada.

A 4 de años de este brutal femicidio de Tati, el Plenario de Trabajadoras-Partido Obrero marchó por las calles de Puerto Esperanza junto a su familia y otras organizaciones, denunciando las complicidades políticas y el carácter represivo del estado, insistiendo en que la organización independiente y la lucha política contra el gobierno, sus funcionarios judiciales y policiales y sus partidos patronales son responsables políticos, no solo de encubrir y respaldar a los asesinos, sino de perpetuar condiciones de vida de sometimiento para las jóvenes y sostener un aparato policial podrido y bárbaro que les sirve de coerción en los pueblos de la provincia.