Hace un año (22/2/2018) en el pequeño pueblo del norte neuquino, Lorenzo Muñoz, ex pareja de Karina Apablaza, asesinó a ella y su pequeña hija Valentina de once años y se dio a la fuga.

Karina había realizado varias denuncias ante la Justicia y la policía local, por abuso hacia su hija de parte de su ex pareja, como de violencia hacia ella. La “desidia” del Fiscal y del Juez mereció que luego del femicidio un jury destituyera al primero y suspenda al segundo, a pedido de la abogada de la familia de las víctimas y del Plenario de Trabajadoras, Gisella Moreira.

El papel de todo el aparato estatal provincial e incluso del pastor evangélico, quedó expuesto en su accionar cómplice y tolerante con los violentos y de desprotección de las víctimas. Donde todos se conocen, fue imposible ocultar el papel de cada uno.

Tras 23 días de búsqueda, con un despliegue mediático de fiscales y policías de rastrillajes hasta con helicópteros, el cuerpo del femicida apareció suicidado a 150 metros del lugar del crimen. Es decir, fingieron una búsqueda y lo encontraron porque aparentemente se suicidó el mismo día del crimen. Nunca más claro que el Estado es responsable.

A un año del hecho, el gobierno provincial ha desarrollado en la localidad una red de contención para “visibilizar” el tema de la violencia de género, pero en especial, para desviar la atención sobre sus propias responsabilidades en el abandono de Karina y Valentina. El oficialismo provincial y la intendencia, parte de los responsables, convocaron ayer a un “acto conmemorativo” para lavarse la cara.

Por nuestra parte, el Plenario de Trabajadoras de la zona norte, Tribuna Docente y el PO, junto a luchadoras feministas, y con el apoyo de la familia Apablaza, organizamos una muraleada en la vecina Andacollo, como forma de denuncia de la puesta en escena del oficialismo que pretende seguir autoencubriéndose a un año del doble crimen.

Nos negamos a convalidar la convocatoria oficialista, organizando una acción independiente políticamente. Sin embargo la directiva de ATEN Andacollo (de la cual depende Las Ovejas), nos informó que ellos iban al acto oficial.

En Neuquén Capital, por su parte, se realizó una marcha con la presencia de los familiares, acompañados por su abogada y el PdeT y otras organizaciones de mujeres.

Gisella Moreira la abogada indicó allí que el caso será llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acusando al Estado neuquino de incumplimiento de sus obligaciones.

Dijo Moreira: “Lo que queremos es que se inste a la provincia a tener más presupuesto para los programas asistenciales y casas refugio, para que las mujeres víctimas no tengan que quedarse en los lugares donde están siendo violentadas”.

El gobernador, a pocos días del femicidio y previo al 8M del año pasado anunció la creación de un equipo de profesionales para dar patrocinio gratuito a mujeres víctimas de violencia. La demagogia de la Legislatura lo convirtió en ley pocos días después. Pero el equipo de abogados/as nunca fue designado.

El próximo 8M nos encontrará en la calle nuevamente diciendo con claridad: el Estado es responsable por que encubre y promueve la violencia hacia las mujeres.