Esta semana se cumplió un año de la muerte de Corina Irazú. Durante todo este tiempo no se ha podido establecer si se trató de un femicidio a manos de Cristian Palmerola o si este le facilitó los medios para que acabara con su vida.

Tras el disparo que acabó con la vida de Corina, su pareja huyó del lugar sin dar aviso a la policía ni llamar al servicio médico. Fue el cuñado de Corina quien se comunicó con el 911. Recién horas después Palmerola se presentaría en la 1° de Merlo acompañado de su abogado, ocasión en la que se negó a declarar sobre lo sucedido y a explicar por qué motivo tenía armas en su domicilio.

La Policía Bonaerense demoró todo un año en realizar los peritajes de celulares y computadoras secuestrados a Palmerola, lo que llevó a una parálisis en la investigación. Ahora se espera que la Policía Federal avance en la reconstrucción de los hechos. Toda esta demora permite que un posible femicida ande suelto en las calles de Merlo. Para colmo, Palmerola ha fijado domicilio legal en las cercanías de la casa de la familia de Corina, una provocación que se sostiene con el aval del Estado.

El Estado es responsable

El caso de Corina, como el de cientos de mujeres, deja al descubierto la responsabilidad del Estado municipal, provincial y nacional. Merlo es uno de los distritos de la provincia con más denuncias y llamadas al 144. A pesar de esta alarmante situación, el gobierno municipal no ha tomado ninguna carta sobre el asunto y está muy lejos de querer tomarlas. Un claro ejemplo de esto es que Karina Menéndez ha salido a homenajear a la policía local, la misma policía que hace la vista gorda frente a las denuncias que hacen las mujeres del municipio y que no ha llevado adelante la investigación en tiempo y forma del crimen de Corina.

Desde el Partido Obrero y el Plenario de Trabajadoras exigimos que se destinen todos los recursos para llevar adelante la investigación.

Justicia por Corina.

 

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