Recientemente se conoció el informe producido por la Campaña Nacional por el derecho al aborto y el CELS “La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en Argentina (2012-2020)” que echa luz sobre el estado de situación sobre la persecución penal (apertura de causas y judicialización) hacia las personas que llevan adelante la interrupción voluntaria del embarazo.

El primer dato importante que podemos mencionar es que “La información oficial de doce jurisdicciones suma 825 causas por aborto y 37 por eventos obstétricos” que se concentra básicamente en las mujeres jóvenes (la mayoría entre 20-24 años) pobres, de sectores vulnerables, sin trabajo remunerado y con niveles de instrucción formal muy bajos. Mujeres que por dicha condición no pueden acceder a representantes privados y solo a ser patrocinadas por defensorxs oficiales. El caso paradigmático fue el de Belén en la provincia de Tucumán durante el 2016, quien fue juzgada de manera exprés imponiéndole una pena de 8 años y cuyxs defensorxs insistieron en que se haga responsable de “aborto seguido de muerte”. Belén finalmente fue liberada gracias a la intervención del movimiento de mujeres y diversidades, desde el punto de vista jurídico (se llevó el fallo a la Corte suprema de justicia tucumana, quien finalmente la absolvió) y movilizando de manera sistemática. La campaña por “Libertad a Belén” se desarrolló de manera federal. El informe recoge las cientos de Belén a lo largo y a lo ancho de nuestro país.

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Otro dato importante es que entre el 2012 y 2015 las causas iniciadas por aborto en el país superan el centenar, bajando progresivamente a 72 en 2018 y 31 en lo que va del 2020, siendo Tucumán la provincia con más causas abiertas y seguida por la Ciudad autónoma de Buenos Aires (periodo 2012-2020). Hasta el momento no contamos con respuesta oficial de la provincia de Buenos Aires. El informe “La persecución penal del aborto en la provincia de Buenos Aires. Análisis de la información oficial” muestra sin embargo un aumento de la criminalización en esa jurisdicción en los momentos de mayor reclamo por la legalización del aborto. La investigación de la UNLP muestra que entre 2009 y 2018, se iniciaron 633 causas por el artículo 85 del Código Penal, 26 por el artículo 86, 42 por el artículo 87 y 92 por el artículo 88. Estas últimas investigaciones, por abortos propios, “dirigidas contra las mujeres, aumentan desde 2015, con un notable crecimiento en el año 2018” (Pág. 20).

Si bien la cantidad de condenas es muy baja, es notoria la persecución y criminalización a quienes deciden interrumpir su embarazo, incluso en provincias donde rige el protocolo ILE. El principal problema es que el aborto sigue siendo clandestino, herramienta de la que el Estado y los antiderechos echan mano.

De esta manera, los procesos iniciados operan como criminalización sobre las personas que se realizan un aborto, sobre quienes tienen que acceder a la práctica, sobre quienes realizan y acompañan la práctica. Es un elemento aleccionador y ejemplificador, en gran medida, para las mujeres pobres. La legalización del aborto es urgente, es ahora.

En una jornada histórica, y producto de la presión popular de la Marea Verde, hoy se vota en Diputados el proyecto oficialista de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El proyecto inicial contaba con “objeción de conciencia individual” y entre las reformas que introduce el dictamen de comisiones, se agrega la “objeción de conciencia institucional”, lo que pone al desnudo los pactos profundos entre el gobierno y las iglesias. Antecedente que ya se encontraba entre las resoluciones que Horacio Rodríguez Larreta introdujo en ocasión de aprobarse el protocolo ILE de Caba. Una maniobra en la reglamentación que incorpora aspectos restrictivos que en el texto original no se encontraban. Todos responden a los mismos intereses, en este punto no hay grieta.

Para el movimiento de mujeres y diversidades, que se organiza y moviliza masivamente en todo el país será un desafío, de aprobarse la ley en estos términos, garantizar la aplicación de esta conquista en todo el territorio nacional.
Para lograr su aplicación hay que luchar contra la injerencia clerical a la que el gobierno le cede terreno en el ámbito de la salud, la educación y la asistencia social. Vamos por el aborto legal sin restricciones, la real implementación de la educación sexual, laica y científica en todos los niveles y la separación de las iglesias del Estado.

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