06/02/2020

Aborto, deuda y clero

El 8 desbordemos la Plaza de Mayo.

El presidente Alberto Fernández volvió a hablar del tema aborto desde París, en medio de la gira europea con la que inició su mandato. Luego de reunirse con el Papa Francisco, oportunidad en la que no se habría tocado el tema aborto, Fernández ratificó su decisión de enviar un proyecto propio del PEN. El ala bergoglista del Vaticano fue protagonista e impulsor del reagrupamiento del PJ que llevó al gobierno a Alberto Fernández y dicha integración en un bloque común no se vio modificada por la decisión de responder a la imposición de la ola verde. Como señaló el exembajador en el Vaticano y hombre muy cercano a Bergoglio, Váldez, la cuestión del aborto es irreversible en nuestro país, luego de que millones de personas se movilizaran en 2018.


El gobierno ya ha demostrado estar dispuesto a ofrecer mayor empoderamiento clerical en la educación, en la asistencia social y en la salud y por supuesto total silencio frente a la multiplicación de denuncias por abuso sexual, a cambio de que la oposición clerical al avance del aborto legal no se convierta en una ruptura de su pertenencia al bloque gubernamental.


El escenario efervescente en América Latina alienta esta perspectiva, la dificultad de la Iglesia Católica de incidir en la crisis chilena como resultante del repudio popular a la complicidad de Bergoglio con la cúpula cardenalicia implicada en más de 200 denuncias por violaciones y abusos contra niños feligreses, es otra de las razones de la dualidad actual del Vaticano.


En tono con las declaraciones del presidente en las que afirmó "Voy a enviar al Congreso una ley que termine con la penalización del aborto", el jefe de gabinete Santiago Cafiero, integrante de una familia fuertemente ligada a la Iglesia Católica, se encuentra realizando un raid mediático en el que afirma que está a favor del aborto. Mientras esto ocurre la Conferencia Episcopal Argentina anunció una marcha a Luján para el 8 de marzo.


Aunque el gobierno y el clero aseguran que el eje de sus preocupaciones está en el 40% de pobreza que existe en nuestro país, lo cierto es que ambos apoyan una estrategia política y económica de cumplimiento con los usureros internacionales y de profundización de la pauperización de los sectores populares. La actuación del gobierno de Kiciloff, que horas después de pagar el 100% a los bonistas anunció la postergación del ya postergado aumento para las docentes, es una postal de la orientación que sigue el gobierno.


Despenalizar o legalizar


Sobre el contenido del proyecto las versiones son variadas. Aunque se esfuerzan por concentrar la cuestión en el problema de la despenalización, el problema de fondo está colocado en la cuestión de la salud privada, que está mayoritariamente en manos de patronales ligadas al clero y en particular a la Iglesia Católica, y que ya se han pronunciado en masa al respecto afirmando que en sus dependencias no se cumple la ley argentina y que allí no se practican ni abortos legales (ILE), ni tratamientos de fertilización y que tampoco se cumplirá a futuro con una ley de aborto. Se trata de prácticamente todas las empresas prestadoras de servicios de salud de casi todas las obras sociales.


Como ya hemos señalado, la penalización del aborto en la Argentina existe no sólo en términos potenciales sino que es una realidad cotidiana con la que mujeres pobres deben lidiar como rehenes de un sistema de salud monopolizado por funcionarios clericales designados por los gobiernos provinciales y nacional. Aunque a la adeptas al gobierno no les guste recordar, sólo en el año 2014, bajo el gobierno de Cristina Kirchner,  se llevaron presa a Belén en Tucumán, a Soledad y a dos amigas en Jujuy, a Melisa en el Alto Bariloche, entre otros casos. Patricia murió por desatención del servicio penitenciario bonaerense el año pasado, luego de haber sido detenida bajo el gobierno de Scioli por abortar. Claro que mienten cuando dicen que no existe la penalización, y en su estado potencial, esta espada de Damocles es responsable de muchas muertes y malas praxis como consecuencia del miedo, de los mitos que el estado permite que se instalen y de la gran incidencia clerical en la salud, la educación y en la justicia. La despenalización no es posible en el plano jurídico, solo se puede hacer real borrando a los elementos clericales de la salud y de la justicia. Todas las penalizadas por aborto son acusadas de “homicidio agravado” (artículo 80 del Código Penal) y los legisladores no querrán sancionar una ley en la que prohíban a los jueces aplicar esa figura en el caso de un aborto.


Según Página/12 “no figurará la objeción de conciencia institucional”, algo que ni siquiera figuraba en el proyecto que tuvo media sanción en 2018. Sí será respetada la objeción individual, política que tendrá impacto particular sobre los efectores de salud más alejados de las urbes en los que el clero tiene el dominio completo en esta materia, como ocurre en Santiago del Estero, Tucumán o Salta. El punto pasa por el tratamiento que se le dará en esos casos y por si la práctica será impuesta al sistema de salud privado y si la negativa de estos sectores, que sí ejercen en los hechos hoy la objeción institucional, será penada o se seguirá permitiendo que sean un Estado dentro de un Estado y que funcionasen con sus propias leyes o con las leyes de un estado extranjero como lo es el Estado Vaticano ante el que tanto les gusta arrodillarse a los gobiernos argentinos.  


Pero lo cierto es que la batalla por el aborto legal las mujeres la hemos ganado en las calles y que la concreción del mejor proyecto de ley será obra de esa movilización callejera también. Esa masividad es la única que explica que un presidente de una fuerza política históricamente ligada al clero se haya colocado en el campo de la legalización.


Con el anuncio del episcopado argentino el desafío del movimiento de mujeres es todavía mayor. El 8 de marzo habrá una puja de poder, una defensora de derechos para las mujeres, otra destinada a manejar sus derechos reproductivos y contraceptivos de las mujeres pobres desde la cúpula clerical y desde el Estado. Habrá una medición de fuerzas callejera que no se limitará a establecer una relación de fuerza sobre el tema aborto. La convocatoria clerical es un desafío contra un movimiento que ha planteado la separación de la iglesia del Estado en momentos en que el propio clero se dispone a arrancar mayores tajadas de incidencia en el Estado en nombre del perjuicio que un avance en el terreno aborto le generaría. Tenemos que redoblar nuestra movilización.


Las declaraciones ocurrieron horas después de que el Papa argentino se hubiera pronunciado sobre  la cuestión de la deuda frente al ministro Martín Guzmán, en un claro apoyo a las negociaciones iniciadas por el gobierno peronista y en un momento de profunda crisis con las negociaciones para postergar pagos de acreedores internacionales, que tiene su epicentro en el fracaso de la negociación por un monto menor de deuda en la provincia de Buenos Aires y con el Bono Dual lanzado por el gobierno nacional. Se avecinan momentos dificíles con el gran vencimiento de la deuda renegociada por Kicillof con el Club de París, aquella que contrajera la dictadura genocida en nuestro país, y que fuera honrada por gobiernos tanto “populistas” como “neoliberales”.


El movimiento de mujeres, que adquirió mayor masividad desde 2015 con el primer “Ni Una Menos”, se ha pronunciado contra el pago de la deuda, que hoy equivale a un PBI y cuya ejecución repercute contra las mayorías populares, particularmente contra las mujeres mayoritariamente pobres y precarizadas.


El movimiento que colocó en agenda el reclamo de aborto legal es el mismo que decidió no ser indiferente a otras realidades que someten a las mujeres y las condenan a un cuadro de creciente pauperización, incremento de su vulnerabilidad y por lo tanto a un retroceso en el terreno de la realidad social en la que vivimos. Vamos por el aborto legal, la separación de la iglesia del Estado y por el no pago de una deuda usuraria, ilegal e ilegítima. Vamos por un 8 de marzo en el que los derechos de las mujeres sean defendidos sin condicionamientos gubernamentales ni de ningún tipo de interés ajeno. La independencia del Estado y de los gobiernos que ha sido proclamada en la Plaza de Mayo debe ser defendida hoy tanto como ayer.


Vamos por un gran pañuelazo en todo el país el día 19 de febrero y por una enorme manifestación a Plaza de Mayo y a todas las plazas del país en el marco del Paro Internacional para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.


 

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