23/09/2020

Aborto legal: el bloqueo no es culpa de la pandemia, es política del gobierno

Este 28S nos movilizamos al Congreso Nacional.

Foto: Drone de Prensa Obrera

El gobierno nacional ha decidido someter a cuarentena el aborto legal. A poco de cumplirse un año de su gestión presidencial, las promesas de campaña y el pomposo anuncio al inicio de las sesiones legislativas en el Congreso Nacional fueron deliberadamente archivados.

Vilma Ibarra y el propio presidente insisten en que el proyecto gubernamental está listo y redactado. Sin embargo, lo mantienen como secreto de Estado: nadie lo conoce. Lo único cierto es que un proyecto de ley para rivalizar con el de la Campaña Nacional, que en su última presentación en mayo del año pasado incorpora modificaciones que amplían progresivamente el alcance que tenía la media sanción conquistada en 2018. ¿Por qué un proyecto distinto si no fuera para degradarlo en algunos de sus aspectos?

El único proyecto que existe en el Congreso, y que cuenta con el respaldo de la marea verde, está a meses de perder estado parlamentario (el 1° de marzo de 2021) por responsabilidad del oficialismo que se niega a tratarlo en la Cámara de Diputados. Este reclamo fue sostenido hasta el cansancio por nuestra diputada Romina Del Plá en las comisiones conjuntas de Mujer y Penal que presiden la referente de Nuevo Encuentro, Mónica Macha, y la camporista Carolina Gaillard, que se dedicaron a montar una ficción de funcionamiento parlamentario, con numerosas reuniones “informativas” sobre las problemáticas de las mujeres y diversidades a lo largo de todo un mes –con el único objeto de disimular que no darían tratamiento a ningún proyecto. Ni el aborto legal, ni medidas urgentes de protección de las mujeres que sufren un recrudecimiento de la violencia de género, los despidos, la precarización laboral y salarial y la carestía de vida. Nada de nada.

El aborto legal no estresa al sistema de salud, estresa a las iglesias

Es falso que la legalización del aborto insumiría recursos que hoy se destinan al combate a la pandemia. Por el contrario, es el aborto clandestino –practicado en condiciones de extrema precariedad e insalubridad- lo que lleva a que se destinen numerosas camas de terapia intensiva en la atención de mujeres con riesgo de graves secuelas y hasta de perder la vida, ¡en un país donde se realizan más de 400.000 abortos por año!

La grave crisis que atravesamos en materia sanitaria es responsabilidad de la política del gobierno, que reculó en la centralización del sistema de salud, preserva el negocio capitalista de las clínicas privadas y sigue condenando a la precarización y vaciamiento presupuestario al sector público –como lo demuestran los elevadísimos contagios de Covid entre los trabajadores y profesionales de la salud y la falta de equipamiento y elementos de protección. Los recursos se los llevan los bonistas de la deuda y los que lucran con la salud, no los pone en riesgo la garantía de derechos.

El argumento de las “urgencias” del momento es un taparrabos para ocultar que lo que lleva al gobierno a patear indefinidamente cualquier avance en esta materia es la consideración de que el momento político actual requiere para los intereses capitalistas la más amplia “comunión” con las iglesias, que prestan un invaluable servicio en materia de contención social, cuando el país es un polvorín. En una Argentina con todos los indicadores de la economía en caída libre, sacudida por las ocupaciones de tierra de familias y mujeres desesperadas ante la falta de un techo, con un nivel de desocupación récord, que se adentra en el sendero de una superdevaluación que desbasta al salario mientras se deprecia el peso; el gobierno no puede prescindir de la regimentación que pregona en clero, metido en cada ámbito de la asistencia social, en cada barrio y en los lugares de trabajo a través de la burocracia sindical de todos los colores, predicando sumisión y resignación.

La Alianza con el Vaticano estructura toda una orientación política del gobierno, que trae consigo el lastre del aborto clandestino, del encubrimiento a curas abusadores y sus crímenes atroces, del amparo y la promoción estatal de los prejuicios reaccionarios contra las mujeres y diversidades. La verdadera dilapidación de recursos del fisco en la del sostenimiento financiero al culto católico, con el pago de sueldos y jubilaciones a obispos establecidos por un decreto de Videla que Fernández mantiene en pie, con los subsidios a la educación confesional, con la tercerización de las tareas de asistencia social. Lo mismo ocurre con lo más reaccionarias iglesias evangelistas nucleadas en Aciera –que son las grandes promotores de la campaña reaccionaria contra la “ideología de género” y pata fundamental del bolsonarismo en América Latina- a quienes el “presidente feminista” no ha hecho más que reforzarles poder e influencia.

Este andamiaje es el que no quieren poner en juego con el aborto legal.

Del mismo modo con la educación sexual que, según el informe publicado por ELA, al primer semestre de 2020, tuvo nula ejecución del presupuesto que corresponde al Ministerio de Educación.

Este derecho lo arrancamos con la lucha de la marea verde, el 28 a las calles

Si un presidente como Alberto Fernández, que pertenece al espacio político más clerical de todas las corrientes de la burguesía como es el peronismo, debió pronunciarse en favor del derecho al aborto –y aún más, prometer su legalización- eso se debió exclusivamente a que la marea verde en este país movilizó a millones de personas. También a su cabal comprensión de que la política de rescate al capital implica una agenda de brutal ajuste que es leña al fuego de la poderosa movilización del movimiento de mujeres y disidencias. Los mismos motivos llevaron a Macri en 2018 a habilitar el tratamiento en el Congreso, y la “picardía” de meter una cuña en el armado pejotista que se preparaba para relevarlo en el poder con la bendición papal.

La cuarentena, que impone límites a la movilización, y la cooptación de un sector del movimiento de mujeres, incluidas dirigentes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal -que ni levantan la voz para reclamar por este derecho-, le dan espaldas al presidente para seguir gobernando con aborto clandestino y evitar cualquier tipo de fricción con las Iglesias.

Se impone como imperiosa necesidad nuestra organización y nuestra lucha, contra el gobierno y las iglesias. Como resolvimos en la Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos, el Frente de Izquierda Unidad está organizando una concentración frente al Congreso Nacional para el lunes 28 a las 16h, para lo cual convoca a todos los sectores independientes del movimiento de mujeres y disidencias a una asamblea preparatoria de la jornada este sábado.

Separar a las iglesias del Estado, conquistar el aborto legal y la educación sexual es la verdadera urgencia del momento.

También te puede interesar:

Es necesario ganar las calles para conquistar la IVE.
Aberrante justificativo de la Secretaria de Derechos Humanos.
Declaración del Frente de Izquierda Unidad de Santa Fe por el juicio a ultraderechistas de Biondini en Santa Fe.
La marea verde debe volver a ganar las calles para que sea ley.
Sobre la presentación en Diputados de modificación de la Ley de Manejo del Fuego.