El triunfo de la media sanción en Diputados en favor del aborto legal debe ser adjudicado de forma exclusiva a la movilización popular.

El movimiento de lucha que obtuvo este triunfo tiene por objetivo terminar con una alianza determinante a la hora consolidar el dominio político de la burguesía, la de la iglesia y el Estado y ante tan enorme proeza el triunfo cobra otra dimensión. Si encima sumamos que esto ocurre cuando el Estado Vaticano es gobernado por un cura argentino cuya estrategia política está centrada en la construcción del reagrupamiento del PJ, el valor político de este triunfo adquiere mayor fortaleza.

El gobierno introdujo el tema en el Congreso sin ningún tipo de improvisación, sino como parte de una carta que desde hace tiempo se había propuesto usar. Dos factores fundamentales se combinaron para eso: la relación con la iglesia se tensó y el movimiento de mujeres no pudo ser frenado, ni siquiera contando en su composición con un importante sector que milita en el campo político del Papa, enemigo de los derechos de las mujeres, que persigue el armado una alianza electoral para 2019.

"Nosotros estamos a favor de la libertad de la gente. Que cada uno haga lo que quiera. Y si una señora quiere abortar, que aborte", dijo Durán Barba. Cuando se le recordó que la interrupción del embarazo no era legal, fue más allá. "Lo vamos a cambiar" (19/11/15), afirmó mientras los dos presidenciables del momento juramentaban la oposición al aborto legal en plena campaña.

La ejecución de un recurso tan polémico como habilitar el tratamiento parlamentario del aborto legal, apenas dos años y medio después de comenzar a gobernar, no habla de otra cosa que no sea la enorme crisis en la que ese gobierno navega.

En medio de un acuerdo de endeudamiento con el FMI que impone la profundización de las paritarias a la baja, la inflación, la reforma laboral, la previsional, los despidos masivos, que un movimiento de lucha triunfe por la acción directa de las masas, resulta un hecho indeseable para todos los actores del régimen. No buscan ni quieren gobernar sobre la base de la movilización.

Esta convicción llevó a cinco de los seis presidentes de bloques del Senado a lo impensado: pronunciarse a favor de la legalización y a buscar acelerar los tiempos de un tratamiento. El Senado, centro político de la alianza entre el clero y el Estado, se encuentra paritariamente dividido entre quienes resisten al avance de la ley y quienes quieren acelerar su tratamiento para evitar la movilización popular. Hasta ayer a cualquiera que le preguntáramos no podía imaginar este escenario en la cámara más reaccionaria de representación federal, sin embargo, quienes se adelantaron a los malos augurios no lograban ver un fenómeno dinámico desde el punto de vista político: la intervención decidida de las masas.

En el contexto social de enorme crisis y agravios a las mayorías populares, un triunfo de la movilización popular es un factor sumamente nocivo para los garantes del ajuste. Las conducciones sindicales con mayor capacidad de control sobre el movimiento obrero y las cabezas de organizaciones sociales como la Ctep se oponen a la conquista de este derecho. Los curas villeros sobre los cuales se ha creado una sensibilidad social que no merecen, se oponen también y fueron los principales militantes de la causa que se embanderó detrás de falso slogan de defensa de dos vidas.

El Papa progre, que defiende a pedófilos y se postula como garante para transitar ajustes con “una buena dosis de religiosidad”, acusó de “nazis de guante blanco” a quienes defendemos el derecho al aborto legal. Los pilares de la contención social fueron puestos en cuestionamiento. Las iglesias católicas y evangelistas dieron todo y fue poco para contrarrestar la marea verde que se apoderó de las calles. Los defensores de “las dos vidas” no paraban de citar en sus alocuciones el artículo 19 del Código Civil que la iglesia conquistó a través de un pacto con la “deconstruida” Cristina Kirchner en 2015.

El Partido Obrero milita y militó esta causa allí donde estos poderes han logrado una mayor penetración ideológica, llevando al defensa del aborto legal a las barriadas más castigadas del país y debatiendo directamente en las asambleas de desocupados que se reagrupan en torno a la demanda de trabajo genuino y del combate a la indigencia.

El resultado fue positivo, porque logramos arrancar de las fauces de este enemigo fundamental a miles de hombres y mujeres que ya cuestionan los principios de sometimiento que les fueron impuestos. Las filas del Polo Obrero fueron fundamentales en esta tarea. Nuestra corriente hizo honor a una tradición de abordaje de la problemática de la mujer que hace 20 años atrás puso de pie comisiones de mujeres, tratamiento de la violencia intrafamiliar, talleres que junto a la organización de los y las desocupadas por vivienda y trabajo genuino, logró como nunca antes lo había hecho ningún otro movimiento, que miles de mujeres fueran arrancadas del yugo de la violencia doméstica y de la ideología de sometimiento de la mujer, principio rector de la política clerical. Esa militancia desafió al clero en los barrios, en los que este milita por la resignación de los más castigados.

El movimiento secundario que luchó hace un año reclamando educación sexual laica y científica y no fue escuchado, hoy logra adhesiones multitudinarias porque cuenta con la autoridad para eso. Esta pelea es la que consiguió otro triunfo colateral al de la media sanción del aborto, como es la media sanción en la provincia de Buenos Aires del proyecto de educación sexual científica y laica presentado por el diputado del PO-FIT Guillermo Kane.

 

La etapa que viene

 

El Senado ya es terreno de maniobras de todo tipo. Mientras que cinco de los seis presidentes de bloque se pronunciaron a favor de la media sanción que va desde diputados, la presidenta del Senado que es la vicepresidenta de la Nación, la ultra clerical Gabriela Michetti, se involucró en el debate para burocratizar el pasaje del proyecto por más comisiones de las que corresponde. Una clara injerencia directa del poder ejecutivo en la dinámica parlamentaria que había prometido que no ocurriría.

Las clínicas privadas salieron a proclamar el incumplimiento con la despenalización que rige en la actualidad y con la ley futura. Ante este desafío, el diputado del PRO, Daniel Lipovetsky, salió a contemporizar con las empresas y dejó en claro que en nuestro país no rige ninguna libertad de conciencia sino que rige la total libertad de empresa, que incluye el derecho a incumplir con las leyes sin que los representantes del régimen se inmuten. Mientras esto ocurre cuando un pobre se rebela, como ocurrió en las jornadas del 14 y el 18, los comentarios sobre su derecho a hacerlo llenan horas y horas de un falso debate que pretende ocultar el carácter de clase de estas opiniones.

Las clínicas en cuestión se oponen porque esta ley termina con una importante fuente de financiamiento de esas empresas, ya que la práctica del aborto clandestino les reporta enormes ingresos.

La hoja de ruta del clero incluye el pronunciamiento de médicos del sector privado y del público contra el aborto legal. Profesionales del Hospital Iturraspe de Santa Fe, donde mataron a Ana María Acevedo negándose a practicarle un aborto para hacerle quimioterapia, salieron a desafiar la ley. Lo que debe recordarse es que el poder político provincial ha consolidado al interior del Hospital Público funcionarios clericales militantes de la causa del aborto clandestino. Socialistas, radicales y peronistas son responsables de estas designaciones.

El protagonismo del movimiento secundario, con sus tomas, la lucha de las actrices y escritoras que han puesto su reconocimiento público al servicio de esta causa, la pelea en los barrios y villas que encabeza con una profusa agenda de debates e intervenciones en las asambleas, la lucha contra las burocracias sindicales aliadas al clero, dará el triunfo a la pelea para convertir en ley la atención adecuada del aborto en el sistema de salud y de romper un instrumento político de dominación, el aborto clandestino.

Este triunfo ha dado también un espaldarazo a la iniciativa por conquistar este derecho en otras latitudes de América Latina en donde este derecho está limitado o directamente vedado. El movimiento de mujeres de México lanzó ya una iniciativa para extender la conquista del aborto legal del DF a todos los estados. Iguales iniciativas se han tomado en Brasil, México, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Chile y Paraguay. Las mujeres latinoamericanas abren un camino de lucha por la separación de la iglesia del estado, que para nuestros países supone una profunda iniciativa que desafía las entrañas mismas del régimen de explotación social cuyas expresiones políticas nacionales y populares o liberales, basan su poder en esta alianza estratégica.

Para enfrentar las maniobras tenemos que redoblar las acciones de lucha y movilización. Despleguemos agitaciones en las escuelas católicas y en las públicas, convoquemos a los profesionales de la salud de todas las provincias a que expresen su adhesión públicamente, exijamos el tratamiento y aplicación de la educación sexual en los términos proclamados por el movimiento secundario con contenidos fijos y transversales, con formatos de talleres donde la voz de las y los estudiantes sea escuchada.

Podemos ganar y nuestro triunfo vamos a convertirlo en una inspiración para el conjunto de la clase obrera para organizarse contra el pacto con el FMI y el ajuste feroz que promete castigar aún más los ingresos de salariales y profundizar los despidos y la precarización laboral, en definitiva un escenario que agudiza la violencia que el régimen desata día a día contra las mujeres trabajadoras y el conjunto de las mayorías populares. La imposición del derecho al aborto a los abanderados del régimen que hoy votan por este derecho y que en el pasado y en lo sucesivo son los responsables de leyes antiobreras y de políticas de ajuste, debe ser así valorado, como algo que le impusimos a los abanderados del ajuste. Gran proeza de nuestro enorme movimiento. ¡Vamos a ganar!