El 24 de enero, cumplido el plazo de ocho días desde la publicación en el Boletín Oficial, entró en vigencia en todo el país la Ley 27.610, de aborto legal. Se trata de una ley de “orden público” y por lo tanto no depende de la adhesión de los gobiernos provinciales. No obstante, al no existir un protocolo nacional, cada provincia y jurisdicción deberá definir “los procedimientos” para su aplicación. En criollo, la adecuación a la nueva norma por parte de los actores de un sistema de salud inficionado por enemigos de este derecho -tanto en el sector privado como público.

La pelea en las provincias

El problema de la aplicación en cada jurisdicción no es procedimental sino político. Una masa de gobernadores provinciales -como sucede en casi todo el NOA y, en particular, con los enrolados en todas las variantes del pejotismo (aunque no sólo)- profesan un brutal sometimiento a las iglesias y mantienen el sistema de salud -y judicial y educativo- colonizados por el clericalismo. Así las cosas, hemos tenido un protocolo nacional para la aplicación de la ILE (la Interrupción Legal del Embarazo, que ya habilitaba el Código Penal previamente a la sanción de esta ley) que fue simplemente “desechado” en buena parte del territorio nacional, donde gobiernan agentes del clero y primó siempre la clandestinidad en condiciones de barbarie, y la persecución y criminalización de mujeres y niñas.

En un relevamiento realizado por Clarín (24/1) se informa que, por ejemplo, en Misiones, “la mayoría de los médicos se inscribió en la lista de objetores de conciencia para evitar ser denunciados por su negativa a interrumpir un embarazo” y el único hospital de Posadas que realizó las pocas intervenciones ILE que hubo en la provincia hasta ahora está afectado exclusivamente al coronavirus. En Corrientes se informaron solo dos hospitales que garantizarían la ley. En el caso de Tucumán, el diario informa que la ministra de Salud Rossana Chahla -tristemente famosa por negarle el derecho a la ILE a una nena de 11 años, que dio lugar a una movilización nacional por “niñas no madres”- no responde el teléfono. En el caso tucumano hay que sumar que el gobernador Juan Manzur fue un activo partícipe de las movilizaciones antiderechos. La nómina de Clarín no menciona, por ejemplo, a la provincia de Salta, pero basta decir que de allí salió la primera ofensiva judicial con un amparo que intentó tirar abajo la ley hace algunos pocos días.

La principal batalla: enfrentar al oscurantismo clerical en el sistema de salud

El problema principal es el enorme peso de las iglesias que dominan buena parte del sistema salud mediante el emporio empresarial de clínicas privadas que dirigen, pero también en el sistema estatal. Sucede que los directores de los hospitales públicos son designados por el poder político de cada provincia y de Nación, que llevan años y años colocando al frente de los mismos a agentes clericales, cómplices del vaciamiento y la privatización. A ello hay que sumarle el sistema de las obras sociales, que se desenvuelve bajo la órbita de una burocracia sindical también de fuerte contenido clerical. Recordemos que, en 2018, la CGT -que no lucha por ningún reclamo obrero- batalló y emitió comunicados en rechazo a la aprobación de esta ley.

Las modificaciones que impuso el gobierno a la ley que se sancionó son, a su vez, un salvoconducto para facilitar a estos “agentes” sanitarios el bloqueo de la ley. En el texto que se sancionó se introdujo el reconocimiento a la objeción de conciencia individual -que fuera borrada del proyecto de la Campaña desde 2016, precisamente por las críticas recibidas a una figura jurídica que en el ámbito de la salud está al servicio de bloquear derechos de las mujeres y las disidencias.

Las empresas católicas de la salud, no obstante, no se conforman, porque reclamaban el reconocimiento de la objeción por ideario institucional y ya adelantaron que evalúan estrategias para litigar y avanzar en interposiciones jurídicas contra el aborto legal. Enrique Camerlinckx, el director general del Sanatorio Mater Dei, sostuvo que están “esperando la reglamentación definitiva para evaluar pasos a seguir” y hasta amenazó con la posibilidad de “cerrar servicios de obstetricia” antes de permitir una práctica que cuestiona los pilares de sometimiento y  tutelaje que predican y ejercen contra las mujeres y disidencias.

Este sanatorio del Opus Dei, lo más rancio y derechista del catolicismo, jugó fuerte contra la ola verde desde 2018, a la cabeza de otras importantes clínicas que operaron (y operan) para impedir este derecho -entre las que se encuentran el Fleni, el Hospital Universitario Austral, la Clínica Bazterrica, la Clínica Santa Isabel, la Clínica del Sol, la Casa Hospital San Juan de Dios, la Clínica San Camilo, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y la lista sigue.

Uno de los voceros del clericalismo, Fernando Secín, ya está hablando de demandas al Estado, apelaciones y amparos judiciales, porque se oponen a realizar las “derivaciones” que establece la ley cuando la clínica no cuenta con ningún médico no objetor -una imposición patronal en las clínicas religiosas (y también en algunos hospitales), donde la única alternativa del profesional de la salud es someterse a ese designio o el despido. En palabras de Secín, derivar “no es objeción de conciencia, eso es complicidad”, es ser “un partícipe necesario”. Todo al revés: en el lenguaje de esta gente, el delito es garantizar un derecho para quienes la opresión y la violencia condujo a un embarazo no deseado. ¡Hablan de complicidad los campeones de encubrir a curas abusadores! Como se ve, las iglesias gozan de una escandalosa impunidad para incumplir lo que establece una ley nacional (privilegio del que no goza ningún/a trabajador/a en este país).

Por otra parte, la objeción de conciencia individual sin obligar a los centros de salud a realizar la práctica, con la “compensación” de la obligación de derivar -que ahora las empresas clericales adelantan que incumplirán- ya había sido rechazada en el debate de 2018, en especial por la banca de Romina Del Plá. Porque aún si la disposición se respetara, la sumatoria de instituciones objetoras que existen en muchas provincias puede significar tener que emprender traslados kilométricos, imposibles de costear para una familia trabajadora, hasta llegar a un centro de salud que garantice la práctica.

El desafío de la ola verde

La impunidad con la que estos sectores operan contra una ley recién sancionada da cuenta del extenso poderío que las iglesias preservan en este país. La cínica expresión de Alberto Fernández respecto de haberle puesto fin al patriarcado, la refutan no sólo los 26 femicidios en la veintena de días que van del año, sino el hecho de gobernar de la mano de estos agentes reaccionarios contra los derechos de las mujeres y disidencias. El poder de las iglesias para actuar como un Estado dentro del Estado es una prerrogativa permitida desde el poder político. Su capacidad para bloquear derechos es tal porque hay un Estado que las habilita y les da poder para hacerlo.

Será tarea de la ola verde enfrentar todas las maniobras para garantizar el derecho al aborto en cada rincón del país y desafiar al poder político que las ampara y las protege. Como hasta ahora, dependerá de nuestra movilización. Logramos un hecho histórico con la sanción de la ley, ahora vamos a la batalla por su efectiva aplicación.