Por medio de una carta, el Papa Francisco arremetió contra el derecho al aborto legal afirmando que “no es un asunto primariamente religioso”, sino “de ética humana, anterior a cualquier confesión religiosa”. Esta afrenta a la marea verde se da en las vísperas, por un lado, del debate del Proyecto Interrupción Voluntaria del Embarazo en las Comisiones del Congreso, y por otro, de la movilización de los sectores celestes y de las iglesias, que tendrá lugar el 28 de noviembre.

La carta del Papa, que se dio a conocer a través de la Diputada del Pro, Victoria Morales Gorleri, surgió como respuesta al “pedido” de un grupo de integrantes de comedores populares ligados a la Iglesia, pertenecientes a la Villa 31, Rodrigo Bueno y de José León Suárez, quienes instaban a Francisco a intervenir en el debate sobre aborto. Consiste en una puesta en escena orquestada por esta institución reaccionaria, que en nombre de las “mujeres pobres” busca perpetuar la clandestinidad y las muertes por abortos inseguros, que encuentran a la población femenina de menos recursos entre sus víctimas principales.

Forma parte del mismo discurso agraviante que enarbolaron los curas villeros en 2018, cuyo portavoz, el cura “Pepe” Di Paola sostuvo la falacia de que las mujeres de los barrios humildes no abortaban, y llegó al extremo de equiparar la interrupción del embarazo con los crímenes de Lesa Humanidad cometidos en la Dictadura. Esto demuestra hasta qué punto la tercerización de la asistencia social en las barriadas por parte del Estado en manos de las iglesias, las envalentona y les da pista, para que desde ese lugar, pregonen la subyugación de las mujeres, como un punto de partida para regimentar ideológicamente a las mayorías y evitar que “levanten cabeza” frente al incremento de la miseria social.

Por otro lado, al abanderado de la “ética humana” no parece importarle el reguero de casos de pedofilia y abusos que existen al interior de la Iglesia Católica. Todo lo contrario, el Papa Francisco es el principal responsable de que hechos aberrantes protagonizados por la Iglesia permanezcan impunes, tales como el robo de bebés a madres solteras en Irlanda, o bien, los abusos perpetrados por el ex Obispo de Orán, Gustavo Oscar Zanchetta. Sin ir más lejos, escándalos de pedofilia que han salido a la luz, como el de Pensilvania, el del Instituto Próvolo o el de Chile, que involucran a cientos de curas y obispos, develaron una trama de encubrimiento encabezada por el propio Vaticano. La “ética” a la cual hace alusión la curia católica, se remite a la defensa de una moral oscurantista, que reserva para las mujeres y la niñez una vida signada por la sumisión y las vejaciones.

No debemos pasar por alto que hoy en día el Vaticano es el principal aliado del gobierno de Alberto Fernández, quien se prepara para profundizar un ajuste brutal hacia los sectores populares de la mano del FMI, y por lo tanto, se apoya fuertemente en los servicios de “contención social” que ofrecen las iglesias. El envío del proyecto oficial de aborto al Congreso respondió exclusivamente a la potencia de la marea verde; por este motivo, no nacerá del gobierno un combate contra las modificaciones restrictivas que busque inscribirle el lobby clerical. Muestra de esto, es el silencio que reina en el bloque del Frente de Todos en la Legislatura porteña, frente a la imposición de Larreta de que el Protocolo ILE de CABA incluya la objeción de conciencia institucional, a pedido de las clínicas privadas que posee la Iglesia.

La conquista del aborto legal, seguro y gratuito, como así también su adecuada implementación en el sistema de salud, está en manos de la movilización callejera del movimiento de mujeres y diversidades, con independencia del poder político. Desenvolver a fondo esta demanda debe ser un ariete para avanzar en el planteo de separación de las iglesias y el Estado, y terminar con esta alianza enemiga de los intereses populares.