La cúpula de la CGT ha sumado a su larga lista de agravios a la clase obrera un llamado a desconocer en las obras sociales que ellos controlan desde 1970, la práctica del aborto legal.

Profundiza lo hecho antes de la sesión de Diputados en la que se logró la sanción de esa Cámara al proyecto de ley, cuando firmaron junto al PJ una declaración que repetía los argumentos clericales contra la aprobación del aborto legal. 

Según el artículo 16 de la ley en debate, como corresponde a las prácticas de salud, el aborto debe formar parte del Plan Médico Obligatorio. Es decir, debe ser garantizado sin ningún tipo de cuestionamiento económico –no permite el copago-, sin examen de admisión ni periodo de carencia. Por ello, los burócratas que quieren perpetuar el aborto clandestino solicitaron una reunión al ministro de salud Adolfo Rubinstein para rechazar dicha intervención en nombre de los costos.

Si las obras sociales están en crisis no es por el uso que sus afiliados hacen de las prestaciones de salud sino por la administración fraudulenta por parte de sus conducciones burocráticas, la crisis económica y la devaluación del peso, producto de la política del gobierno. El libreto de la CGT, pactado con el clero, busca ocultar que esta conducción sindical no solo cierra paritarias a la baja sino que está destruyendo la atención en salud y liquidando los aportes de los trabajadores.

El aborto legal no tiene costos que perjudiquen económicamente la capacidad de atención de las obras sociales. Lo que tiene son enormes ganancias para las clínicas que realizan abortos clandestinos. Un estudio financiado por el Ministerio de Salud de la Nación demostró que el aborto inducido es una práctica ampliamente extendida, su magnitud se encuentra entre 371.000 y 522.000 casos anuales. “La evidencia científica  indica que el uso de determinados medicamentos y  procedimientos como la aspiración manual endouterina (AMEU) son prácticas seguras y eficaces para la interrupción del embarazo. La penalización no disminuye la incidencia de la práctica pero sí aumenta los riesgos de muerte y las consecuencias negativas para la salud, además valida un mercado clandestino que moviliza alrededor de 1000 millones de pesos al año por abortos”. (Página 12, 12/3). Incluso es falaz plantear que la legalización del aborto implicaría un desfinanciamiento estatal, dado que para éste es infinitamente más gravoso afrontar los casos de las mujeres que deben ser atendidas por abortos mal practicados que lo que insumiría su práctica segura en los hospitales. La ilegalidad del aborto promueve que se pueda lucrar con esta práctica como negocio privado y pone en peligro la vida de quienes no tengan los recursos económicos para hacerlo en condiciones.

La larga mano del Vaticano está detrás de esta campaña de bloqueo de la ley de aborto en el Senado, en este caso a través de las centrales sindicales, que una vez más muestran que están en la vereda de enfrente de las mujeres y los trabajadores. La CGT de las paritarias a la baja, que vienen de negociar la reforma laboral con el gobierno y que es el ariete fundamental del ajuste en la contención de los reclamos de los trabajadores también ejerce como freno a la lucha popular para conquistar el aborto. Tenemos que redoblar la campaña para superar estas maniobras, que cada vez son más fuertes. Es tarea inmediata de todas las delegadas, sindicatos y comisiones internas pronunciarse contra estas posiciones y organizar el paro nacional del 8 de agosto para que seamos miles en las calles a pesar de las presiones de los agentes políticos del clero.