El costo que la legalización del aborto podría generar al Estado se ha convertido en un sambenito de los grupos y representantes de la defensa del aborto clandestino. Como vocera oficiosa del Vaticano, fue la vicepresidenta Michetti quien quiso ir más lejos en esta tesitura cuando pretendió incluir entre las comisiones del Senado que tratarían la media sanción de diputados, la de Presupuesto –como parte de una evidente maniobra para colocar trabas en el debate parlamentario. La propia CGT, de estrechos vínculos con la curia y espantada por el rumbo de lucha movilización que hemos abierto las mujeres en la búsqueda por conquistar un derecho, se ha hecho eco de los “gastos” que podría generarles a las obras sociales la legalización de esta práctica.

El argumento de los “costos” del aborto legal forma parte de un operativo confusionista y absolutamente falaz. En un cuadro de ajuste y recortes presupuestarios a gran escala que se agudizarán con la aplicación del memorándum con el FMI, busca confundir a la población respecto del destino de un presupuesto miserable –que además no hará más que agravar la ofensiva privatista sobre la salud pública. Pero además es una mentira. Nuestra dirigente Vanina Biasi lo advirtió desde el inicio de este debate, en el primer pañuelazo masivo frente al Congreso, en el mes de febrero, donde señaló que es mucho más oneroso para el Estado sostener el aborto clandestino –que implica destinar cuantiosos recursos para la atención de 50 mil mujeres por año en los hospitales públicos por secuelas de abortos mal practicados y sus derivaciones, muchas veces muy graves– que legalizarlo. Vanina marcó con claridad que, si querían reducir el déficit fiscal, en lugar de despedir trabajadores y reforzar la destrucción de la salud y la educación pública, debían aprobar el aborto legal. 

Estos no son datos novedosos. A ningún entendido en la materia, y mucho menos a quienes ocuparon la cartera de Salud de la Nación o de las provincias, se les escapa esta información. Que ahora el ministro de Salud Adolfo Rubinstein lo exponga públicamente es producto del nuevo escenario que creamos las mujeres en la lucha por nuestros derechos. Ante la interpelación de senadores bien llamados “anti-derechos” por el movimiento popular, entre los cuales abundan exponentes de todos los bloques políticos – como Mera y Snopek (PJ), Bullrich del PRO o las radicales Brizuela y Elías–, Rubinstein debió explicar que, en la actualidad, el costo promedio para el Estado por cada aborto es de $11.500 y que, si se legaliza, con el acceso a los abortos farmacológicos –más seguros– y la provisión estatal del misoprostol, a través de licitaciones públicas, bajaría a $1.914 por caso. Resumió que el costo actual estimado es de $4.078,30 millones y que, tras la legalización, ese monto se reduciría a $678,60 millones, un “ahorro” para el Estado de $3.400 millones. Dicho sea de paso, la producción estatal de misoprostol aún no pasa del rango de las promesas oficiales –en la actualidad, el monopolio de su producción lo tiene el laboratorio Beta, que lo comercializa combinado con otra droga en los blisters de Oxaprost. La práctica medicamentosa para interrumpir un embarazo en los términos que recomienda la ONU requiere también de mifepristona –una droga que sólo se consigue en el país por la vía de la importación.  

Bienvenido entonces que el ministro hable de presupuesto. Lo invitamos a explayarse sobre el tema y que brinde explicaciones sobre la sub-ejecución presupuestaria en materia de salud sexual y re-productiva y de educación sexual. En efecto, con un presupuesto de $360 millones, el programa "Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable" del Ministerio de Salud (que implica la distribución de anticonceptivos como preservativos, DIU e implantes subdérmicos) ejecutó, a julio de este año, solamente el 8% de su partida. Las cuentas de inversión 2016 y 2017, que exhiben cómo gastó sus recursos cada jurisdicción, dan cuenta de ello: en el primer año de gestión del Gobierno, se repartió apenas el 10% de los preservativos previstos y el 27% de los tratamientos anticonceptivos planificados. En 2017, esos porcentajes treparon al 75% y al 70%, respectivamente (La Nación, 15/07).

Quienes se llenan la boca hablando de la “prevención” de embarazos no deseados en contraposición a la legalización del aborto, nada dicen de esta situación, que es la realidad con la que se chocan cientos de miles de mujeres en todo el país. La prevención es contradictoria con el régimen social de explotación capitalista en su etapa de decadencia, y en un cuadro de ofensiva que implica reforzar la super-explotación laboral por un lado, y la mercantilización de la salud y la educación en beneficio del lucro capitalista, por el otro. La clase social que nos gobierna solo tiene para ofrecerles a las mujeres trabajadoras mayores penurias, que agudizarán el cuadro de violencias cotidianas que les impide poder encarar un proyecto de maternidad.

Debe llamar la atención esta preocupación por el costo fiscal cuando se discute el aborto legal. No fue igual cuando se trató la ley de fertilización asistida, que, dicho sea de paso, implica un gasto muy superior. La ley se aprobó, pero los sectores de la salud se negaban a incorporarlo: su inclusión en las obras sociales fue una conquista de las mujeres a fuerza de recursos de amparo. Valga otra comparación con el debate actual, aun cuando no se incorpore la objeción de conciencia institucional que reclaman los sectores confesionales –un salvoconducto para que las instituciones religiosas incumplan la ley–, el texto que viene de Diputados, al habilitar la objeción individual y las derivaciones, brinda la válvula de escape para que termine primando la “libertad de empresa”, y que los empresarios de la salud privada hagan valer su imposición de ideario como patrones de estancia. Será por lo tanto objeto de una lucha necesaria de las mujeres, velar porque esto no suceda.

Aún ante las evidencias, la clase social que nos gobierna sigue dividida sobre este tema. Aunque el ministro Rubinstein se empeñe en mostrar las bondades desde el punto de vista presupuestario de legalizar el aborto, y hable del “ahorro” del Estado para edulcorar los oídos de los ajustadores, lo que está en juego es otra cosa. No es el presupuesto lo que les preocupa a los enemigos de nuestros derechos, sino preservar el negocio del aborto clandestino y un instrumento político de sometimiento y sujeción de las mujeres. La criminalización de la práctica y su clandestinidad son una exigencia de la Iglesia Católica y la evangelista para el control social que tan imperativamente exige la ofensiva capitalista que quieren descargar sobre el conjunto de los oprimidos.

La lucha de las mujeres por el aborto legal se abre camino derribando prejuicios, mitos y mentiras deliberadas. Estamos marcando un rumbo que deberemos profundizar para ir a fondo por todos nuestros derechos: la movilización y la lucha con independencia política y sin ninguna confianza en los bloques capitalistas. El 8A seamos millones.