La ilegalidad del aborto es responsable de una catástrofe social que afecta a un número tan amplio de mujeres, que se vuelve inocultable: todas las semanas un nuevo caso obliga a reabrir el debate. La Suprema Corte bonaerense acaba de autorizar un aborto terapéutico a una mujer que corre peligro de muerte. El fallo señala enfáticamente algo que todos saben y nadie cumple: el aborto es legal cuando está en juego la vida materna y los médicos deben actuar sin pedir autorización judicial. Sin embargo, la mujer tuvo que apelar a la Justicia porque los médicos se negaron a practicarlo, en un claro caso de abandono de persona. El juez de primera instancia lo autorizó, pero el defensor de menores, en una maniobra dilatoria, apeló la sentencia en nombre de los derechos del feto. Sobre los derechos de los hijos vivos de esa familia a tener una madre, no dijo ni pío. A pesar del fallo de la Corte, sin embargo, el aborto aún no se ha practicado —aunque lleva cuatro meses de gestación—: el deterioro de la mujer exige análisis que demoran porque se hacen en un hospital desmantelado.

La familia tiene dos hijos y sobrevive con el Plan Jefes del marido. A las mujeres de la clase obrera nos toca poner en evidencia, una y otra vez, las lacras capitalistas. ¿Las mujeres trabajadoras son las únicas que deben hacerse abortos terapéuticos? ¿Las mujeres con medicina prepaga no tienen patologías cardiovasculares severas, como esta compañera, a quien el infame Mariano Grondona bautizó con el nombre supuesto de María, la madre de Cristo? ¿Es porque sus abortos —terapéuticos o no terapéuticos— se resuelven simplemente en la intimidad de un quirófano bien pagado y nunca llegan a las páginas del diario?

El caso desnuda brutalmente la inutilidad de las leyes de despenalización parcial que entretienen a las legisladoras “progresistas”. Entre el terror de los médicos a ser acusados de infanticidio y las obstrucciones del Poder Judicial, los embarazos llegan a término, si la embarazada no muere antes. El ministro de Salud lo dijo clarito: “Debe haber muchos casos de muerte materna que podrían haber calificado para el aborto terapéutico y que no llegaron a concretarse porque, como el aborto no está despenalizado, hay miedo y ocultamiento en el sistema de salud” (La Nación, 30/6). Ginés González García es un experto en acusar a los médicos y en mirar hacia otro lado: el ministro es el responsable de lo que ocurre en el “sistema de salud”, no los médicos del hospital que saben que van a tener atrás a todo el aparato legal de la Iglesia tratando de bloquearles la matrícula si cumplen con la ley. Sólo la despenalización total del aborto y que se convierta en una práctica gratuita evitaría las triquiñuelas médicas o legales.

Toda la Iglesia Católica ha salido a repudiar el fallo. Los fetistas afirman sin empacho que la vida de la mujer vale tanto como la de un feto, y Mariano Grondona fue más lejos: dijo que la vida del feto —“más prometedora, toda esperanza”— vale más que la de la madre.

González García, en tanto, insiste en que “hay que ampliar la despenalización en función de disminuir la mortalidad materna, que es uno de los problemas más graves que tenemos en la Argentina” (Página/12, 30/6). El gobierno está entre dos fuegos: por un lado, el costo político, social y presupuestario de las muertes maternas por abortos mal hechos; por el otro, debe preservar sus acuerdos vertebrales con la Iglesia Católica. La posición de Ginés expresa esa tensión que se resuelve según los métodos tradicionales del kirchnerismo: jarabe de pico “progresista” y ataque a los derechos más elementales de las masas. Kirchner no desautoriza a su ministro pero sus legisladores no han presentado ningún proyecto de despenalización ni discuten siquiera los proyectos parciales que existen. El pedido de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología bonaerense de que el Ministerio avale a los profesionales que deben practicar un aborto no punible y les garantice que no serán denunciados a la Justicia (ídem) no ha sido respondido. Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, aclaró de cuerpo presente en el Vaticano que en la Argentina el aborto es delito y no hay por parte del gobierno ningún proyecto de despenalizarlo. No hay más verdad que el hecho mismo.

Merece un párrafo aparte Izquierda Unida, que se ha llamado a silencio. Se entiende: en la cuestión del aborto “la izquierda que se une” ha quedado colocada directamente a la derecha del gobierno. En la semana en que todos los diarios discutían si hay que intentar salvar a un feto aunque en el intento mueran el feto y la mujer que lo lleva adentro, el MST anotaba como candidato a Mario Cafiero, un furioso antiabortista que encabezó personalmente marchas de los pro vida, presidente de la Comisión parlamentaria del Jubileo Vaticano 2000, integrante del “Encuentro de Jóvenes por la Vida” en 2003 (El Día, 6, 7, 10/10/03). Embarcados en su frente clerical, el MST y el PC han elegido abandonar la causa de la vida de las mujeres para caer de rodillas en brazos de la Curia.