El hallazgo del cuerpo de la pequeña Abril Sosa (4) conmueve a la provincia de Córdoba no solo por la brutalidad del hecho, sino por la responsabilidad policial y de la justicia ante el mismo. Abril desapareció el sábado por la noche de la puerta de la casa de sus padres; fue secuestrada, abusada y asesinada. La encontraron sin vida 40hs después en un descampado a diez cuadras de su casa.

Dilaciones, provocaciones y represión, la respuesta de la justicia

Ante la desaparición de Abril, familiares y vecinos iniciaron de manera inmediata su búsqueda, y exigieron la intervención policial, denuncia mediante. En las primeras horas de la búsqueda, según afirman fuentes policiales, la policía fue en tres ocasiones a la casa del principal sospechoso, Daniel Ludueña (35) vecino de la familia (quien cuenta con denuncias por abuso y violencia familiar). Sin embargo, no fue hasta 24hs después que se libró una orden de allanamiento del lugar.

A las dilaciones en la búsqueda se sumaba una provocación pública contra la familia por parte de la fiscal de la causa, Claudia Palacio. En declaraciones mediáticas, Palacio afirmó que se trataría de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, desviando por completo el curso de la investigación -se buscaba una red narco y no el paradero de Abril-, y descargando una estigmatización sobre la familia a quien hace responsable de la desaparición. Tales provocaciones y dilaciones motivaron la reacción de la familia, quienes realizaron un corte de calle junto a los vecinos para exigir la aparición de Abril, lo que terminó con una represión policial sobre los manifestantes.

Este derrotero por el que pasó la familia de Abril no es nuevo, es la respuesta que reciben todas las familias obreras que recurren desesperadamente a la policía ante la desaparición de sus mujeres y niñas: desconocimiento de la denuncia, dilaciones en la búsqueda, responsabilización de la familia por la desaparición. En los últimos meses, Córdoba ha sido escenario de una serie de desapariciones que han cobrado estado público (Tamara Rosales, Antonella Chiatti, Mayra Cuello, Milagros Romano), en todos los casos fueron encontradas sólo luego de una intensa lucha de sus familias, que impuso el accionar policial ante las denuncias.

´Mala madre’

Luego de la aparición del cuerpo de la niña, en el afán de encubrir la responsabilidad estatal, la fiscal Palacio se despachó con acusaciones contra la madre de Abril: “Los padres tenemos que cuidar bien a nuestros hijos”. Pero éste crimen es una radiografía trágica de la descomposición social, la miseria y el desamparo en el que se encuentran las familias más humildes.

Hija de una familia de trabajadores, Abril fue víctima del ataque sexual perpetrado por Daniel Ludueña (35). En horas donde los grandes medios de comunicación se concentran en los antecedentes de Ludueña, es necesario señalar que este crimen ha sido largamente preparado por una política estatal que subordina a la mujer a la condición de objeto sexual, que niega la educación sexual integral, condena a las mujeres por decidir sobre sus cuerpos, y las someten a la desocupación, el trabajo en negro y la miseria.

Los dichos de la fiscal no son un exabrupto, es la confesión de un régimen que hace de la opresión y la violencia sobre mujeres y niños una política de Estado. Responsabilizan a las madres, mientras amparan el accionar de las redes de trata, hacen negocios con el cuerpo de las mujeres en prostíbulos y medios de comunicación, y garantizan la impunidad de pedófilos clericales. Palacio responde a la instrucción del propio gobierno provincial. El desprecio y destrato a las familias trabajadoras en comisarías y unidades judiciales, tiene su correlato en la política del gobernador Juan Schiaretti, quien ofrece como única salida a las víctimas de violencia un subsidio de $2.000, a cambio de trabajo en negro y precario.

La hipocresía gubernamental queda al descubierto con el desmantelamiento de áreas centrales para la asistencia a las víctimas de violencia de género, en manos de la Secretaria de Equidad y Promoción Empleo, Alejandra Vigo; situación que ha sido denunciada por las trabajadoras del Polo de la Mujer y de la Unidad Judicial de Delitos contra la Integridad Sexual. Al vaciamiento estatal, se suman el respaldo al accionar misógino de una justicia que condena a Dahyana Gorosito por no haber rescatado a su hija de un padre femicida, intenta archivar el caso de Yamila Cuello (único caso caratulado como trata de personas en Córdoba), a la vez que ampara a los responsables de uno de los mayores crímenes contra la infancia en nuestra provincia: los abusos a los niños de Collegium.

La muerte de Abril se suma así a las terribles estadísticas de femicidios en Córdoba, que alcanzó los 23 casos en 2017 (igual que en 2016); y no casualmente la mayor parte de ellos (74%) se registraran en el interior provincial, uno de los sectores más humildes, expuestos a la violencia, que no encuentran ningún tipo de respuestas por parte del Estado.

Justicia por Abril

Desde el Plenario de Trabajadoras acompañamos el pedido de justicia de la familia de Abril, contra su femicida. Exigimos el jury de enjuiciamiento a la fiscal Palacio por mal desempeño -quien fuera designada por el oficialismo en la Legislatura Provincial-, y hacemos responsable al gobierno de Schiaretti por el accionar dilatorio y represivo de la policía.

La lucha por justicia para Abril, y todas las víctimas, sólo vendrá de la mano de la organización independiente por arrancar los recursos necesarios para enfrentar la miseria, imponer la emergencia en violencia de género y la asistencia integral a las víctimas, y combatir los fallos misóginos de una justicia que ampara a violentos, tratantes y proxenetas. En esta perspectiva nos organizamos por un gran paro de mujeres, el próximo 8 de marzo.