La Legislatura porteña aprobó una ley para “prevenir y sancionar el acoso callejero” a instancias de Pablo Ferreyra (Seamos Libres-Frente para la Victoria). La ley sanciona “las conductas físicas o verbales de naturaleza o connotación sexual, basadas en el género, identidad y/u orientación sexual”, a través de la incorporación de la figura de acoso callejero al Código Contravencional de la Ciudad. Así establece penalidades con multas y trabajo comunitario. La parte de “prevención” de la ley está orientada a desalentar estas prácticas con campañas de difusión.

 

A la hora de la votación, el Frente de Izquierda se abstuvo. Y explicamos que el proyecto pretende abordar esta variante de acoso y violencia de género reforzando el andamiaje represivo del Estado a través del Código de Contravenciones, fuente de todo tipo de arbitrariedades. La prenda de cambio que negoció Seamos Libres y el kirchnerismo, para que esta ley fuese apoyada por el PRO, fue quitar los aspectos progresivos del proyecto, como las campañas de difusión del Ministerio de Salud y Educación, al tiempo que estableció como autoridad de aplicación al Ministerio de Justicia. Así se ha colocado a la cuestión de acoso callejero en un ámbito caracterizado por el amparo de la represión policial, la impunidad y los fallos misóginos. Es el mismo Estado y régimen que ha cajoneado la construcción de Centros de Atención a la Mujer por Comuna, y sumido a las casas refugio en el total abandono. Los impulsores de esta iniciativa parlamentaria se han bajado hasta de sus pasadas pretensiones de “cambio cultural”, y pasan a encomendarle la protección de las mujeres a la Policía de Macri y Rodríguez Larreta. Por otra parte, son estos bloques “progresistas” -que suelen recorrer los barrios hablando de la “yuta”- los que aprobaron, semanas atrás, la formación de la policía porteña, entre la Metropolitana de “Fino” Palacios y la Federal de las detenciones arbitrarias y el gatillo fácil.

 

Desde el punto de vista de su aplicación concreta, la ley hace agua en varios de sus puntos. La mujer que sufre algún tipo de acoso en las calles tiene un cruce efímero con el agresor, un escollo elemental para dar curso a una denuncia.

Luego, ninguna sanción conducirá a que el hombre supere de manera consciente el destrato hacia las mujeres. 

 

El Frente para la Victoria, bloque impulsor de la ley, sancionó en 2008 una la Ley de Educación Sexual Integral a medida del Vaticano, librando esta materia a la “cosmovisión” de cada institución y con ello al oscurantismo clerical, en oposición a la educación sexual, científica y laica, con perspectiva de género. En doce años de gobierno, el maltrato que sufren las mujeres en comisarías, fiscalías y juzgados no fue materia de escrutinio político; tampoco la extensión de las redes prostibularias sobre la base de la explotación sexual, en muchos casos de mujeres víctimas de las redes de trata.

 

La negativa y el bloqueo a la legalidad del aborto también forman parte de la cultura de la violencia y el sometimiento de las mujeres, que el Estado impartió e imparte sobre el conjunto de la población. Lo mismo vale con el tema de los femicidios, en muchos casos precedidos por largas denuncias que fueron desatendidas por los estamentos estatales.

 

Las múltiples manifestaciones del machismo nacen de las entrañas de un régimen social opresor y no serán resueltas reforzando, precisa mente, al Estado que asegura esas relaciones de opresión. A todo este andamiaje, debemos sumarle la responsabilidad de los medios de información burgueses y de la Iglesia, que forjan la conciencia de las masas en la xenofobia, la discriminación y la misoginia, así como el desprecio hacia las luchas y a la clase obrera.

 

Lo que está planteado es la transformación radical de las bases sociales y materiales que colocan a las mujeres y los niños en un lugar de subordinación en la familia y la sociedad.

 

Rechazamos todo tipo de opresión, abuso y acoso contra las mujeres. En contraposición a las medidas demagógicas propuestas por los personeros del régimen, impulsamos la puesta en pie de un Consejo Autónomo de las Mujeres, con cargos electos y revocables por padrón femenino a partir de los 13 años, que defina una política que responda solamente a los intereses de las mujeres y sus propias reivindicaciones.