Pasaron las dos primeras semanas del el juicio por el femicidio de Otoño Uriarte, una joven de 16 años secuestrada y hallada sin vida en la localidad de Fernández Oro en 2006. Se espera que el lunes declare una médica forense, para luego esperar la declaración de Daniel Jara, ex jefe de la policía rionegrina, hoy Ministro de Seguridad y Justicia de la provincia. Tal vez por el papel que ocupa Jara podrá declarar por escrito al haberlo solicitado como “un derecho” por su cargo, un privilegio que el tribunal, a cargo de la jueza Florencia Martín, vergonzosamente aceptó.

Sin embargo, su pedido es sobre todas las cosas una clara definición política del gobierno de Alberto Wererilneck y su intento por seguir escondiendo la verdad de lo ocurrido. De alguna manera, Roberto Uriarte y sus palabras durante su declaración el primer día de audiencias nos marcan un camino: “Quiero saber la verdad”.

Los imputados son Néstor Ricardo Cau, José Hiram Jafri, Germán Ángel Antilaf y Maximiliano Manuel Lagos. Los cargos que se les imputan son los de secuestrar, abusar y asesinar a Otoño Uriarte. Pueden recibir cadena perpetúa.

Irregularidades

18 años después el cuerpo de Otoño fue devuelto a su padre. 18 años después llegamos a un juicio. 18 años después muchas pruebas desaparecieron, como lo aclaró el perito Enrique Prueger, licenciado en Criminalística durante la última semana de declaraciones. Él fue uno de los primeros en hacer la autopsia al cuerpo de Otoño, y su carpeta completa desapareció hasta el día de hoy.

María del Carmen García García, ex jueza, fue removida debido a la inacción con la causa, y por haber escondido pruebas. 18 años después, en la sala de audiencias, Roberto tiene que estar solo en compañía de su abogada Gabriela Prokopiw. El tribunal se excusó de no tener otra. Sin embargo, en el primer piso colocó a familiares y amistades que acompañan a Roberto, y a quienes acompañan a los acusados. Allí ven y escuchan la audiencia desde un televisor. Ello, como que tres imputados puedan circular a gusto y placer, ha provocado intercambios y todo tipo de provocaciones de parte de los imputados hacia quienes acompañamos y su abogada, como a la familia de Otoño. 18 años después, Claudio Retamal, ex policía y segundo a cargo de la investigación fue buscado en su domicilio y no aparece.

La declaración Germán «El Gato» Antilaf

Durante la sexta jornada del juicio de Otoño sucedió un hecho que no podemos pasar por alto, teniendo en cuenta que el declarante fue uno de los imputados, 18 años después. El “gato” Antilaf dijo ser ladrón, pero no “secuestrador ni violador”, y que conoce y hasta tiene amistad con alguno de los otros tres imputados, con el que “iban a buscar merca”. Sus palabras dejan vislumbrar cómo funciona en la zona de Fernández Oro, Cipolletti y Allen una gran red de narcotráficantes y robos, avalados por la propia policía de la provincia. Él mismo mencionó que era un habitual consumidor y que “robaba en grande” porque no le gustaba trabajar.

Fue que entonces durante su declaración mencionó a Ives Vallejos -que declararía luego de él-, ex feje de la policía de Fernández Oro hasta 5 meses después de la desaparición de Otoño, y a cargo de las primeras dirigencias y allanamientos. Manifestó que fue entrevistado por el mismísimo Vallejos en la comisaría de la localidad, que no dejó constancia de la misma.

Al comenzar la misma, Vallejos le habría preguntado: ¿Estaba rica? Dicho término es utilizado en la jerga delincuencial para referenciar a la cocaína, o las mujeres que son consumo para proxenetas y prostíbulos. Vallejos lo sabía.

Por otra parte Antilaf mencionó a Daniel Jara, ex jefe de la policía rionegrina bajo el gobierno provincial radical de Miguel Saiz al momento de la desaparición, hoy Secretario de Seguridad y Justicia del gobierno de Alberto Weretilneck. Sobre este último manifestó directamente que “el sabe muy bien quienes son los responsables”.

El Ex – Jefe policial Ives Vallejos sabe

Vallejos llegó ya retirado de la policía de Río Negro, pero fue el jefe de Fernández Oro durante años, y hasta meses después de la desaparición de la joven. Según manifestó en su declaración, sin mayores detalles fue desplazado de su cargo.

Comentó que despues de la desaparición de la joven, Roberto, padre de Otoño, fue a realizar la denuncia. La defensa mostró en ese momento el radiograma -cómo vestía Otoño- que tenía la firma de Vallejos, donde se decía toda la ropa que tenia puesta Otoño a la hora de desaparecer. Sin embargo Roberto, su padre, aún no había dado tales detalles.

Vallejos observado por Roberto Uriarte – primero de la izquierda – mientras responde visiblemente nervioso. Foto: Gabriel Musa

También contó que fue parte de una allanamiento a un prostíbulo de San Martín de los Andes en Neuquén. Allí no encontraron a Otoño y tampoco denunciaron la trata de personas que en él se ejercía. Fue allí por orden de la Justicia, como parte del desvío de la investigación que involucra a sectores de poder político en la provincia de Río Negro.

“Esto es político“

Tal vez no casualmente Vallejos, a partir de las preguntas realizadas por la defensa, aunque también presionado por la evidencia que surge en su contra, confirmó que existió un comité alrededor de la desaparición de Otoño que se reunía en la municipalidad de Fernández Oro. Este estaba conformado por funcionarios políticos de la localidad, como concejales, otros provinciales, como legisladores y ministros, funcionarios judiciales y altos mandos policiales.

Fue ahí que Vallejos denunció que “esto es politico”, no policial. Vallejos de alguna manera termina siguiendo la estrategia de Antilaf: elevar aún mas las responsabilidades indudablemente existentes detrás de la desaparición de Otoño Uriarte.

El privilegio político de testificar “por escrito” con aval de Weretilneck y la Justicia

Daniel Jara, actual Secretario de Seguridad y Justicia de la provincia de Río Negro, y ex jefe de la policía a cargo de la comisión investigadora, no solo fue mencionado por Antilaf, que dijo sufrir malos tratos de su parte, sino que es uno de los testigos llamados a declarar durante el juicio.

Daniel Jara como jefe de la policía de Río Negro.

Se supo que el ministro Daniel Jara presentó el pedido de declarar por escrito, valiéndose de un artículo del código penal que menciona “derechos”, privilegio diremos nosotros para funcionarios públicos.

A tamaña injusticia y privilegio de clase, se suma la definición tomada por el total del tribunal, que hizo lugar al pedido de Jara. Ahora, una vez hechas las preguntas, vendrán sus respuestas, para lo cual tiene 10 días, con la posibilidad de volver a preguntar por escrito. Se suma así una nueva irregularidad en estos 18 años de maniobras corruptas para no llegar a la verdad.

Daniel Jara actualmente es el Ministro de Seguridad y Justicia del gobernador Alberto Weretilneck.

El juicio de Otoño termina por demostrar un hecho que se comentaba afloraría: la relación innegable de las redes de proxenetas y los negocios de tratas de mujeres para prostibulos en relación con los narcotráficantes, y sus relaciones con la corrupta y asesina policía, y el poder político y judicial. Sin dudas que también ya no quedan dudas si decimos que el gobernador, Alberto Weretilneck, no solo protege a mafiosos funcionarios, a quienes protege bajo su ala de gobierno, sino que el propio gobernador sabe lo que sucedió con Otoño.

Para Otoño la verdad

Queda claro que el juicio viene mostrando que detrás del femicidio de Otoño, que supo estar desaparecida meses, existe una red de complicidades que opera con negocios del narcotráfico, los robos, los proxenetas y la trata de mujeres para los prostíbulos. Todo con la participación de la policía, todos protegidos por el poder político y judiciales, partes fundamentales desde el Estado para garantizar su impunidad y funcionamiento.

El pedido de Daniel Jara de testificar por escrito no solo demuestra que en el poder siguen los mismos actores responsables de desaparecer a Otoño. Es una clara definición del gobernador Alberto Weretilneck para entorpecer el proceso judicial, y lo que seguro sabe.

Exigimos para Otoño Uriarte, la verdad. Juicio y castigo a los responsables.

Balance de un año de un gobierno incompatible con la vida del pueblo

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