• La fiscalía nacional en lo criminal y correccional Nº55 de la Capital Federal solicitó la desestimación de la denuncia presentada por los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi contra profesionales de salud, funcionarios y una defensoría de menores por consentir la interrupción legal del embarazo de una adolescente sometida a violación.

El pasado 24 de septiembre, Rizzi y Anzoátegui -jueces de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº8- ordenaron extraer testimonios en el marco de una sentencia que condenó a un hombre a 35 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante, amenazas y homicidio. En ese entonces pidieron que se investigue la comisión de “un delito de homicidio” en el contexto de la aplicación de una Interrupción Legal del Embarazo a la víctima de la violación. En su denuncia, calificaron de “sicarios” y “asesinos a sueldo” a los profesionales de la salud intervinientes y llamaron al Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo como un manual de “métodos de tortura de la mafia” y “rituales de las tribus antropófagas”. Las palabras usadas por los jueces son semejantes a las expresadas en el debate sobre aborto por el Papa Francisco y por el cura José María Di Paola, que comanda la cruzada antiderechos del clero.

La decisión de los jueces recibió un fuerte rechazo de parte del movimiento de mujeres y desde distintos sectores se alzaron voces reclamando su remoción. Por su parte, el funcionariado progresista que actúa en la órbita del Consejo de la Magistratura elevó presentaciones solicitando el inicio del juicio político.

El dictamen de la fiscalía

En el ínterin la denuncia formulada por los jueces quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº62 y la fiscalía interviniente presentó un escrito solicitando su desestimación. En su dictamen, la fiscalía sostuvo que las personas denunciadas estaban haciendo su deber “en el ejercicio de las funciones que les tocó cumplir, respaldados y guiados por el protocolo de actuación”. A su vez, remarcó las obligaciones de “brindar a las víctimas de violencia sexual, en forma inmediata y expeditiva, la asistencia legal, médica y psicológica adecuadas para resguardar su salud e integridad física, psíquica, sexual y reproductiva”.

Señaló que conforme a la normativa vigente el Estado debe garantizar en casos de violación “el acceso de las adolescentes a servicios de aborto sin riesgo y de atención posterior al aborto”. Además, mencionó el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo que elaboró el Ministerio de Salud de la Nación y que en el caso de niñas y adolescentes menores de 14 años contempla “su derecho a ser escuchadas y a que su opinión sea tenida en cuenta”. Por último, solicitó la extracción de testimonios para que el Consejo de la Magistratura de la Nación investigue a los magistrados.

Una justicia reaccionaria contra el pueblo y contra las mujeres

El accionar de estos jueces debe ser repudiado. Pero bajo el entendimiento de que forman parte de un Estado que los ha colocado en su lugar en defensa de determinados intereses, por lo cual han mostrado una y otra vez un desprecio ante los sectores más desprotegidos. Vale recordar que Anzoátegui fue ascendido en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner por el entonces ministro de Justicia Julio Alak al cargo de Juez de Cámara luego de llevar la investigación por la cual Fernando Carrera fuera condenado injustamente a 30 años de prisión en el caso documentado en el “Rati Horror Show” de Enrique Piñeyro.

La denuncia que presentaron estos jueces y que tanto ha alarmado al progresismo no hace más que expresar de un modo descontrolado y burdo la forma regulada de violencia y opresión que cotidianamente ejerce el Poder Judicial y el Estado sobre lxs trabajadores y sobre las mujeres en particular. Basta pensar en la cantidad de sobreseimientos y faltas de mérito que son dictadas o pedidas a diario por jueces y fiscales en casos de violencia de género basándose en el silencio o en las “reiteradas incomparecencias” de la mujer violentada y sometida.

Un paso adelante

En momentos en que la gran marea verde tiene por delante una semana clave, la desestimación definitiva de la denuncia por parte del juzgado interviniente será una victoria importante que reforzará al movimiento de mujeres en la batalla para que finalmente el aborto sea legal. Este caso muestra que la lucha por el aborto legal es un enorme  peldaño de la lucha general por la separación de la Iglesia del Estado.

Tal como afirmamos anteriormente, rechazamos los ataques contra la Defensoría de Menores, sus funcionarios, los médicos intervinientes, les trabajadores integrantes de los organismos nacionales encargados de la protección de los derechos del niño, y de les demás funcionarios públicos que intervinieron en los comienzos de este proceso.

Vamos por la desestimación definitiva y por la remoción de estos jueces misóginos, reaccionarios y oscurantistas.