Mujer

24/1/2022

Anahí Benítez: la anulación del juicio puede ser una oportunidad para saber la verdad 

Resulta fundamental reforzar la organización independiente para lograr justicia.

A fines de diciembre del año pasado el femicidio de Anahí Benítez fue noticia nuevamente, esta vez porque la Sala I de Casación bonaerense anuló el juicio realizado en el 2020. En aquella oportunidad, el Tribunal Oral en lo Criminal 7 (TOC 7) de Lomas de Zamora protagonizó un escandaloso proceso judicial: realizado de manera exprés -en menos 4 meses- y dejando fuera a uno de los principales acusados, Marcelo Villalba, el veredicto fue la cadena perpetua para Marcos Bazán. Ahora, los jueces de Casación Daniel Carral y Ricardo Maidana revisaron los fundamentos del veredicto y encontraron suficientes motivos para anularlo. Pero además, ordenaron la realización de un nuevo juicio, esta vez convocando a Villalba sin excusa alguna.

El caso

Anahí desapareció el 29 de julio del 2017. Había salido alrededor de las 5 de la tarde de su casa en Parque Barón, Lomas de Zamora. A partir de allí, el relato de su madre y sus amigas encuentra un punto común: fueron a la Comisaría 9º a denunciar que Anahí no había vuelto ni contestaba los mensajes pero recibieron maltratos, indiferencia y hasta acusaciones y preguntas ofensivas sobre la joven. De todo menos buscarla.

La difusión de la imagen de Anahí para poder encontrarla corrió por cuenta de su familia, sus amigxs y sus compañerxs del Enam, donde cursaba sus estudios secundarios y era parte del Centro de Estudiantes. La policía y funcionarios de la UFI 2 tardaron 5 días en encontrar a Anahí. Pero era demasiado tarde: su cuerpo fue hallado en la reserva Santa Catalina, semienterrado en una parte del predio que está a metros de la UNLZ. La respuesta de miles de personas ese sábado 5 de agosto marcó un hito: fue una marcha que se organizo rápidamente y que convocó a amigxs, familiares y vecinxs de Anahí pero también a organizaciones estudiantiles, sociales y políticas y otrxs tantxs pibas y pibes que se enteraban con el correr de las horas del horror y la de la responsabilidad del Estado en ese horror.

Anahí habría estado con vida hasta un día antes de ser encontrada en la Reserva. Fue drogada, abusada y asesinada por personas que la mantuvieron cautiva al menos tres días. Sabían que, aunque para entonces el país entero exigía que Anahí apareciera, quienes debían encontrarla no la estaban buscando.

Luego vendrían las escenas que lamentablemente debemos ver en cada caso de femicidio: se puso el foco sobre la vida privada de Anahí, sobre su familia y los medios se regocijaron en mostrar partes de un diario íntimo y en inventar una historia con un profesor. Se cuestionó y hostigó a los amigxs de Anahí y se los acusó de drogadictos.

Encontraron un primer supuesto responsable: un vecino de la Reserva, Marcos Bazán, fue detenido como el principal acusado. Al tiempo, el celular de Anahí se prendió a pocas cuadras de la Reserva y ahí fue detenido Marcelo Sergio Villalba, que dijo tener el teléfono porque lo había encontrado. Pero poco más de un mes después el ADN de Villalba sería encontrado en el cuerpo de Anahí y se lo acusaría de “privación ilegal de la libertad agravada y homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género”, y como autor de un “abuso sexual agravado por acceso carnal”. A Bazán le pesaría la misma acusación, pero en cambio sería acusado de “partícipe necesario” en el delito de abuso.

Sin embargo, el burdo show mediático era una cortina de humo para tapar una instrucción de la causa plagada de irregularidades, para ocultar manipulación y pérdida de pruebas, tergiversación de declaraciones de testigos y una investigación que seguía cualquier hipótesis menos la que vinculaba el secuestro, violación y femicidio de Anahí con redes de trata, narcos y policías de la zona. Las pruebas estaban ahí, pero las ignoraron y descartaron rápidamente.

Hasta hoy, Silvia Pérez Vilor, la mamá de Anahí, insiste en que la línea investigativa que llevaba a la participación de delincuentes del barrio con vínculos con la policía fue deliberadamente descartada por las fiscales Fabiola Juantay y Verónica Pérez, sumado al hecho inaudito de que esos mismos policías que no buscaron a Anahí en los 5 días que estuvo secuestrada ahora podían ser sospechosos, pero sin embargo seguían encargándose de la investigación del caso.

Por otro lado, no debemos olvidar que 4 meses después del femicidio de Anahí, el jefe distrital de Lomas de Zamora Norte, el comisario inspector Damián Lozano, fue detenido por orden del juez federal Federico Villena, que investigaba redes de trata que operaban en Lomas de Zamora. Fue acusado de ser el cabecilla de un sistema que ofrecía protección policial a comerciantes y prostíbulos de la zona a cambio de cuantiosas sumas de dinero y la Comisaria 9º de Parque Barón resultó ser uno de los bunkers de esta red.

El juicio

El juicio se inicio el febrero del 2020, casi tres años después. Fue suspendido por el inicio de la pandemia en marzo pero retomado rápidamente con sesiones virtuales. Como denunciamos oportunamente y ahora queda de manifiesto en el dictamen de Casación, el juicio llevado a cabo por los jueces Roberto Lugones, Elisa López Moyano y Roberto Corti siguió un guion: ya había un culpable, había pruebas en su contra y solo faltaba la sentencia. A poco de empezar, la defensa de Villalba presentó un recurso para que el acusado no sea parte de este juicio por “delirios místicos” y estar “psicótico”. El tribunal lo aceptó sin cuestionar. Por parte de la querella y la familia de Anahí siempre se sostuvo que Villalba era un conocido dealer de la zona que ejercía su actividad con protección policial. Así las cosas, solo se juzgo a Bazán.

No podemos obviar aquí el hecho de que se organizó un movimiento alrededor del pedido de libertad de este acusado. Sus familiares, amigxs y distintas organizaciones sociales entienden que la causa contra él está armada. Por su parte, la familia de Anahí considera que es una posibilidad, pero saben también que el manoseo de la investigación y la causa han complicado enormemente conocer qué pasó con Anahí. Lo que sí saben es que hay más personas involucradas y que esas personas están vinculadas al poder: “Leí el fallo. Mi opinión es que ya se había montado una mega organización por Bazán, a nivel nacional e internacional. Para mí, están totalmente equivocados, pero tienen una gran influencia en la opinión pública”, comentó y agregó: “La gente dice ‘si alguien los apoya por algo será’, por eso para que no haya más dudas y se sepa si Bazán es o no un perejil, me parece bien que se haga un nuevo juicio. No quiero inocentes presos, pero tampoco condenados con dudas en la cárcel” (Télam, 29/12/2021).

Lo cierto es que el fallo de Casación de los jueces Ricardo Maidana y Daniel Carral desarmó los fundamentos de la sentencia del tribunal del TOC 7 y además agregó un análisis de lo ocurrido en el propio juicio. Carral y Maidana señalan que todas las pruebas contra Bazán (la famosa tijera y una llavecita con un colgante, mensajes de Whatsapp y la tenencia y consumo de drogas, por nombrar algunas) son pruebas circunstanciales. A su vez, pretenden demostrar que la prueba central -el rastro que el perro “Bruno” habría seguido desde el lugar donde se halló el cuerpo de Anahí hasta la casa de Bazán- es una prueba absolutamente forzada y manipulada.

En primer lugar, los certificados que presentó el entrenador Tula de que el perro era un especialista en ese tipo de búsquedas eran truchos. En segundo lugar, las muestras presentadas fueron seleccionadas por el entrenador en su casa, algo absolutamente irregular e ilegal. Finalmente, que esa prueba fuera definitoria y la columna vertebral de la acusación contra Bazán, y no -en todo caso- una prueba más, es lo que más llamo la atención de Casación. Así, encontraron que toda declaración de especialistas que cuestionara dicha prueba fue eliminada de los fundamentos. Incluso los jueces llegaron a imputar por falso testimonio a 5 testigos que no respondieron lo que ellos esperaban.

Por último y no menos importante, los jueces se preguntan por la relación entre Bazán y Villalba. No hay ninguna prueba ni ninguna declaración que pueda relacionar a ambos acusados. Llama la atención, dicen Carral y Maidana, que dos personas que nunca se cruzaron en la vida se hayan organizado para secuestrar, violar y asesinar a una joven de 16 años.

Anulación y oportunidad

Queda de manifiesto que la actuación de la Justicia ha cumplido con el objetivo de ensuciar la causa y de manipular pruebas, reforzar algunas y desechar otras que hoy en estas condiciones es muy difícil llegar a conclusiones claras. Y la única razón para ello es que la Justicia buscó resguardar a los verdaderos responsables materiales y políticos del femicidio de Anahí. La orden era clara: había que proteger todo el entramado de redes de trata y narcotráfico que rodeaba este caso.

Todo esto mientras el exintendente Martín Isaurralde escalaba posiciones hasta llegar a jefe de Gabinete de Kicillof. Debería generar el repudio de todo el arco del campo popular el ascenso de un intendente que sacrificó la justicia para una nena de 16 años en nombre de mantener los lazos entre el poder político y el narcotráfico y las redes de trata, todo en defensa de las cuantiosas cajas negras que se llenan con el dinero de estos negocios.

Frente a esta anulación, entendemos que tenemos por delante un desafío y una nueva oportunidad para saber qué pasó con Anahí, encontrar a todos los culpables y terminar con la impunidad. Nada de esto hubiera pasado sin la movilización de sus amigxs y familarxs. En otras oportunidades ya hemos señalado desde estas páginas la necesidad de reforzar esa organización independiente porque solamente de la mano de ello podremos encontrar justicia para Anahí.