El gobierno decidió vaciar el Plan ENIA, el cual prevé acceso a anticoncepción e información sobre salud reproductiva. Mediante una nueva disposición, despidió a todos los recursos humanos y traspasó la responsabilidad y el financiamiento a las provincias.

Como primer paso, cesaron los contratos de las 619 personas que desarrollaban las tareas en las 12 provincias (del NEA y NOA) donde se implementaba el plan. Además, suspendieron las contrataciones de insumos médicos afectando -entre otras cosas- la distribución territorial de anticonceptivos y la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo, una conquista del movimiento de mujeres.

Hasta el momento, el Plan ENIA está paralizado y el gobierno no dio cuentas de cómo va a seguir. Su provincialización, en el marco de un brutal ajuste fiscal, que golpea la coparticipación, y de una fuerte recesión que hace caer la recaudación fiscal, pone en riesgo su funcionamiento. Esto sucede sobre todo porque, además de la existente inequidad de financiamiento de las provincias, los gobernadores también descargan el ajuste nacional sobre la asistencia social y las esferas públicas fundamentales para la población, pero también hay un mayor peso de la iglesia en los sistemas de salud de las provincias.

Este constituye otro paso más en el ataque del gobierno la salud sexual y reproductiva de la población y también a la libertad sexual, la cual parte del acceso a los recursos y la información que el Ejecutivo quiere negarle a miles de personas gestantes. Sin ir más lejos, la ejecución presupuestaria en el programa Salud Sexual y Procreación Responsable cayó, en el primer trimestre, 36,8% real en términos interanuales. Lejos de que no haya plata, el objetivo oficial es destinar los fondos a pagar intereses de deuda.

Recordemos que es el mismo gobierno que niega que exista la violencia de género, que lleva adelante enormes provocaciones contra el movimiento de mujeres y que arremete sistemáticamente con el colectivo LGTBIQ. Quiere avanzar contra todos los derechos y conquistas del movimiento de mujeres y disidencias, retrotraernos al aborto clandestino donde las mujeres y personas gestantes pobres estaban expuestas a prácticas inseguras, mientras no garantiza las condiciones materiales para mapaternar de forma deseable, al contrario, su programa económico nos lleva cada vez a mayor miseria. A su vez, desfinancia aquellas herramientas pensadas para evitar los embarazos no deseados, como el Plan ENIA, de modo tal que la interrupción sea el último recurso.

Desde el primer día amenaza contra el derecho al aborto legal, interesado en reponer la centralidad como ideología oficial del Estado de una concepción de minusvalía y desprecio de las mujeres y diversidades -la misma que explica la fatalidad de los femicidios y travesticidios diarios, los trabajos más precarios para las mujeres, la desigualdad salarial, los abusos y la protección estatal de quienes perpetúan esta barbarie.

Milei nos mostró los dientes y hay que responder con firmeza, porque la única manera de derrotar el ajuste y esta intentona ultra reaccionaria es volviendo a ganar las calles.

La denuncia a una red de trata infantil para explotación sexual que señala a capitalistas como Roemmers y encubrimiento de Lijo

“Están implicados los empresarios que manejan el país”, sostuvo Mazzoni. –

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