El Presidente inauguró las sesiones plantando bandera de unidad con el Vaticano y saludando especialmente a Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, por su apoyo a su gobierno por las negociaciones con el FMI y dejando como broche de agenda positiva o de “ampliación de derechos” el tema del aborto.

No hay espacio en la política gubernamental para anunciar el cese del financiamiento estatal al clero, que tiene en nuestro país características únicas con relación al tipo de alianza que el Vaticano mantiene con otros Estados en otros países, ni para repudiar el escándalo de las violaciones de niños y niñas al interior de la iglesia con el aval y participación de las altas esferas episcopales.

Finalmente el presidente de la Nación ratificó lo que ya estaba absolutamente anunciado: en diez días presentará un proyecto de ley sobre el aborto legal y lo hará junto a otro que se presenta para atender, dice, las necesidades de las mujeres que buscan llevar adelante embarazos en medio de la pobreza, el Programa de los 1.000 días.

En su alocución habló de la ineficacia de la ley penal en esta materia y reivindicó el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos junto al derecho al acceso a la Educación Sexual Integral. Hace 14 años anunciaban lo mismo frente a la aprobación de la ley ESI y sólo entregaron más penetración del clero reaccionario en cada provincia. Sobran los ejemplos como los del Urtubey kirchnerista que en 2008 convirtió en ley la educación religiosa obligatoria que ya se practicaba en la escuela pública salteña, o la completa injerencia de la curia en la escuela pública tucumana o formoseña, con adoctrinamientos feroces sobre niños y niñas.

Lo que oculta con este último proyecto es que para que las mujeres puedan llevar adelante sus maternidades de forma plena y deseada no son necesarias leyes sino terminar con la postración del país frente a los organismos internacionales de crédito, a los bonistas y al clero, al cual el Estado paga sueldos mensualmente y llena sus arcas con subsidios de todo tipo y exenciones impositivas únicas. No queremos leyes demagógicas y prácticas reaccionarias, queremos la separación efectiva y real de las iglesias del Estado, y esto lo lograremos con una lucha consciente y a fondo contra el Estado capitalista y sus partidos que recurren a las iglesias para contener a una sociedad arrasada por los ajustes y los retrocesos laborales.

Para “disponer libremente de los cuerpos” las mujeres necesitamos soberanía económica y social, trabajo genuino, socialización de las tareas domésticas, separación de la iglesia del Estado, abolición de toda forma de opresión, una orientación social y económica que no está en los planes de un presidente postrado frente al FMI al cual le entregará la auditoría de las cuentas nacionales, un acto de cipayismo al que no se refirió en su discurso.

Su intervención en la apertura de las sesiones ordinarias ratificó el rumbo que fue trazando erráticamente el ahora presidente desde la campaña electoral hasta el presente.

Alberto Fernández pasó del silencio absoluto sobre un tema de interés de una parte importante de su base electoral, a anunciar que presentaría un proyecto de despenalización "A mí me parece que hay dos etapas. Primero hay que empezar con la despenalización para terminar con la clandestinidad, así las mujeres van a tener más mecanismos para proteger su salud" decía en agosto. (La Nación,13/8/19)

Criticado sobre un abordaje absolutamente insuficiente y que volvía atrás en un debate ampliamente saldado entre aquellas que nos movilizamos por el aborto legal, pegó un nuevo volantazo, y aseguró que avanzaría también por la legalización.

Luego de varias intervenciones erráticas que mostraban incluso desconocimiento sobre el tema de la despenalización, avanzó a afirmar que propondría ahora y no en dos etapas, la legalización.

Luego de su visita al Vaticano, la legalización sufrió otra vuelta de tuerca y pasaría a practicarse sólo en el sistema público de salud. “La legalización quiere decir que todas tengan acceso a la salud pública para tener la atención adecuada" (Ámbito, 10/2)

Con esta declaración Alberto Fernández se hace eco de las presiones de las empresas de salud de la iglesia, la mayoría de ellas, que son las prestadoras de todas las obras sociales y única forma de acceso a la salud en numerosos lugares del territorio nacional. El lobby clerical viene con plan canje por el golpe que le significa que en el país del Papa se deba avanzar en un tema caro a la iglesia sin grietas. En este punto el proyecto del presidente si excluyera a la salud privada estaría por detrás del consenso al que llegaron los diputados para alcanzar la media sanción de 2018. Millones de mujeres afiliadas a obras sociales dependen de esa atención.

En la apertura de sesiones ordinarias pegó otro volantazo y no distinguió entre sistema público y privado de salud, así que ahora sólo resta esperar a la versión definitiva. Como dijo el exembajador en el Vaticano, Eduardo Valdes, enemigo de la legalización, la cuestión del aborto es un hecho “irreversible”, y para que eso sea así debemos no sólo atender al cuerpo de la ley sino a su aplicación. La separación de la iglesia del Estado sigue siendo una condición fundamental para que sectores enteros que viven bajo el dominio clerical puedan acceder a este derecho, a educación sexual integral y se termine con el tráfico de niños de mujeres pobres que en muchos puntos del país, como Santiago y Misiones, regentea el propio clero.

El poderoso movimiento de mujeres llevó el aborto legal a este punto.

Hoy más que nunca corresponde no extender cheques en blanco y mantenernos en las calles para arrancar la mejor ley y para hacer realidad en cada barrio el acceso de las mujeres a este derecho. Y por sobre todas las cosas, para que esta ley que arrancamos movilizadas no sea usada para transar otros beneficios a una iglesia pedófila y reaccionaria, contraria al avance de las mujeres y las disidencias en el mundo.

No canjeamos nuestros derechos.