Con el terrible femicidio de Araceli Fulles quedó de relieve el entramado de responsabilidades políticas que hay siempre detrás de estos crímenes. El secuestro y muerte de la joven de 22 años cometido, aparentemente, por una banda de dealers y delincuentes comunes de San Martín es la consecuencia directa de la acción concertada entre la policía y las mafias “narco” que operan en ese distrito, con el aval de fiscales y jueces y del poder político.

 

La multitudinaria movilización que tuvo lugar en San Martín luego del crimen ha denunciando este entramado criminal.

 

Los narco-policías y sus “amigos del barrio’’

 

Araceli desapareció el 2 de abril. El jueves 27 de ese mes, un allanamiento con perros en una casa a 20 cuadras de la suya permitió encontrar su cuerpo. Ese domicilio ya había sido allanado anteriormente porque allí vivía Darío Badaracco. El hombre que dijo haber estado con ella el domingo a la madrugada, la última vez que se la vio.

 

Badaracco declaró en más de una oportunidad ante la fiscal Graciela López Pereyra, quien tras tomarle testimonio lo mandó a “tomar mate a su casa” pese a ser el principal sospechoso, como denunció Ricardo Fulles, padre de Araceli. La fiscal también se negó a cambiar la carátula de la causa, que fue “averiguación de paradero”. Para ella, Araceli siempre estuvo “perdida”.

 

Tras el hallazgo del cuerpo se produjeron detenciones de amigos y compañeros de trabajo de Badaracco. Dos de esos detenidos son hermanos del subinspector Elián Avalos, de la Comisaría 5a de San Martín, que estaba a cargo de las investigaciones del caso porque allí se radicó la denuncia. En paralelo, los responsables de los rastrillajes, el subcomisario Hernán Humbert y su mano derecha, el oficial principal José Herlein, eran investigados por Asuntos Internos de la Bonaerense, porque en esos días se descubrió que en sus despachos de la Comisaría 5a guardaban ingentes cantidades de marihuana y cocaína confiscada en distintos allanamientos y que no habrían sido declaradas.

 

Durante toda la investigación la familia de Araceli denunció que la policía y la fiscalía no estaban haciendo lo necesario para encontrar a la joven. Tenían razón.

 

La complicidad viene de arriba

 

Ocurre que el distrito gobernado desde 2011 por Gabriel Katopodis, hoy del Frente para la Victoria, es señalado como un lugar donde bandas de narcotraficantes -en varios casos integradas por policías bonaerenses- se disputan el negocio de la venta de droga y los secuestros extorsivos. El de Araceli no es el primer caso que deja este entramado de negocios al descubierto.

 

En 2011, Candela Rodríguez -de 11 años- apareció asesinada tras estar nueve días desaparecida. El país entero la buscaba. A pesar de que todas las pistas apuntaban a bandas que actuaban en el territorio de San Martín y que el celular de la nena estuvo prendido por última vez allí, nunca se la buscó en ese distrito. La investigación se enchastró tanto que hoy, 6 años después, no hay acusados firmes y existe la posibilidad de que se caiga la causa.

 

Lo mismo pasó con el crimen de Melina Romero, joven de 17 años que en octubre de 2014 desapareció luego de que fuera a festejar su cumpleaños a un boliche. Un mes después apareció su cadáver a la orilla del arroyo Morón, en José León Suárez. Se produjeron cuatro detenciones, pero la Unidad Fiscal de Investigación N° 5 de San Martín consideró que los sospechosos no reunían las pruebas para estar acusados y sobreseyó a todos, menos a uno, que iría a juicio oral. La única testigo firme del caso, una joven que dijo estar presente en la fiesta de sexo y drogas donde Melina fue asesinada, será enjuiciada por falso testimonio (Infobae, 2/5).

 

En marzo de 2015, el oficial que la cuidaba por ser testigo protegida fue asesinado en un supuesto robo al voleo. Pero este hecho no le pareció relevante a la fiscalía, así como tampoco los vínculos de los acusados con la venta de drogas en las villas de la zona. Tampoco el hecho de que el jefe de la departamental de San Martín que estuvo a cargo de la búsqueda hoy esté preso por proteger a narcos. La madre de Melina hace poco salió a pedir públicamente que la causa por el crimen de su hija no fuera cerrada como pretendía la fiscalía. Desde el municipio de Katopodis no se movió un dedo para ayudar en el esclarecimiento de ninguno de estos casos.

 

Como ayer, el Estado es responsable

 

Todo esto demuestra hasta donde están metidas distintas instituciones en el regenteo del narcotráfico y el delito en general. Se liberan zonas enteras para dejar actuar a estas bandas que tienen entre sus víctimas a la juventud, mujeres y niñas. Los violentos se sienten libres para actuar porque están amparados por el aparato del Estado. El propio fiscal general del distrito, Marcelo Lapargo, durante 2016 se negó a firmar el protocolo provincial de violencia de género e instruyó a sus fiscales para que no lo firmaran.

 

Para poder enfrentar esta violencia organizada que viene de las más altas esferas del poder político y económico las mujeres tenemos que organizarnos con independencia política de los gobiernos de turno y sus partidos.