Araceli Fulles, de 22 años, fue vista por última hace 23 días. Frente a su desaparición, familiares, amigos y vecinos han realizado múltiples concentraciones y movilizaciones para exigir que aparezca. Llevaron su reclamos a las puertas de los tribunales de San Martín y a la plaza central de ese distrito bonaerense, realizaron pegatinas con la cara de Araceli y cortes en el puente Suárez para visibilizar el reclamo.

 

En los últimos días, frente a las reiteradas movilizaciones que exigían una respuesta sobre los avances de la investigación, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires ofreció una recompensa de 500 mil pesos y la Interpol fijó una alerta amarilla. Es sabido que la recompensa no es garantía en sí de un resultado favorable, como sucedió con el caso Candela. 

 

Lo más acuciante del caso es que la causa que sigue la fiscalía N° 2 de San Martín, a cargo de Graciela López Pereyra, continúa caratulada como "búsqueda de persona" pese a las denuncias de la familia sobre la posibilidad de que la joven haya sido captada por una red de trata de personas. Debido a que no hubo ningún avance en la causa, la familia cambió el abogado designado por el municipio por uno particular.

 

El municipio de San Martín que gobierna Gabriel Katopodis (del pejotista Grupo Esmeralda), ha montado todo un operativo publicitario para mostrar que dispuso de "todos los recursos" para colaborar con la búsqueda; la realidad es que mientras las policías, la Prefectura y la Dirección de Investigaciones (DDI) rodean las manzanas aledañas de la casa de Araceli, sólo aparecen pistas falsas.

 

Los "datos" que dió un camionero que supuestamente la llevó a Entre Ríos –de que se encontraba en un hospital y otros más escabrosos–, no sólo fueron descartados sino que además el hermano de Araceli, Marcelo Fulles, "denunció que en la investigación por el paradero de su hermana, la Policía ´llega tarde a los allanamientos´ (…) que en la fuerza ´saben quién la tiene´ y que la versión del camionero ´Es para desviar toda la investigación; no quieren encontrarla´” (La Otra Voz Digital, 23/04)

 

La importancia en el cambio de carátula es fundamental, ya que la "búsqueda de personas" no contempla la desaparición forzosa. Desde el Plenario de Trabajadoras venimos explicando que al momento de hacer la denuncia debemos batallar para que se investigue como primera alternativa la red de trata, de tal forma que el Estado esté formalmente obligado a disponer de todos los recursos para la búsqueda. 

 

Las carátulas de "fuga de hogar" o "extravío" suponen que la desaparición es fruto de la desorientación de la persona o de su decisión de abandonar el hogar, y por lo tanto que "cuando se le pase" va a regresar con su familia. Estas coberturas legales son funcionales a la connivencia de las fuerzas represivas con el delito organizado, que se traducen en zonas liberadas. 

 

Exigimos a los responsables políticos y judiciales que dispongan de todos los recursos del Estado hasta que aparezca Araceli, que se abran los libros de la comisaría de la zona al escrutinio de una comisión investigadora independiente y se informe paso a paso a la familia sobre la prosecución de la causa. 

 

Nuestra experiencia nos muestra que por medio de la movilización independiente en los barrios con familiares, vecinos, amigos y las organizaciones populares podemos encontrar a las mujeres y niñas desaparecidas. 

 

Como lo hicimos desde el primer momento, el Plenario de Trabajadoras acompañará las medidas de lucha de familiares y vecinos exigiendo la aparición con vida de Araceli y denunciado la responsabilidad del Estado frente a la falta de avances en el caso y la proliferación de las redes de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. 

 

Ni una menos. El Estado es responsable.

 

(Por cualquier información, contactarse con Mónica Ferreyra, madre de Araceli 113673-8118)