El fiscal de la causa que investiga la desaparición de Araceli Fulles afirmó que el cuerpo encontrado bajo cal y cemento en José León Suárez es el de la joven. Constituye un golpe tremendo en primer lugar para su familia y seres queridos y luego para todo un pueblo que luchó por su aparición con vida. 

 

Su padre hizo ayer denuncias fundamentales: que el acusado del asesinato contó con la protección que le brindó la policía de la comisaría donde se radicó la denuncia y que la fiscal participó objetivamente de esa protección dejando ir al principal sospechoso, Darío Gastón Badaracco, quien se encuentra prófugo. 

 

El cuerpo fue encontrado en un terreno lindero con el fondo de la vivienda del último hombre que dijo haberla visto y que estuvo detenido en el marco de la investigación. Ricardo Fulles, su papá, reiteró esta mañana que "en todo momento sabían, el policía estaba en conocimiento de causa". 

 

Por el momento fueron apartados tres policías de la Bonaerense, sospechados de haber encubierto el crimen, un oficial principal, un subcomisario y un subinspector. Uno de ellos es hermano de Emanuel y Jonathan Ávalos, dos de los sospechosos de haber participado en el homicidio de la joven (Infobae). Nuevamente la policía de San Martín aparece implicada en un crimen contra el pueblo, como sucedió en el pasado con el asesinato de la pequeña Candela Rodríguez.

 

El hermano de Araceli señaló días atrás que las "pistas" aportadas por un camionero así como los hallazgos de objetos personales en un descampado eran falsas, y que fueron plantadas precisamente para desviar la investigación. El lugar donde fue encontrado el cuerpo de Araceli  ya había sido rastrillado y fue gracias a la insistencia de un testigo y de la familia que la policía volvió a ese lugar con perros. 

 

La policía provincial y la fiscal funcionaron encubriendo. Los Vidal, Katopodis y Macri son los protectores políticos de esta policía descompuesta que basa su poder en el regenteo del delito que siempre tiene de víctimas a los más vulnerables. 

 

La responsabilidad al respecto de la proliferación de femicidas es del Estado. Detrás de cada caso hay algún vínculo con responsables policiales, judiciales o de funcionarios políticos. 

 

Desde el Plenario de Trabajadoras llamamos a la población trabajadora a acompañar la movilización convocada por sus familiares a los Tribunales de San Martín. 

 

Exigimos verdad y justicia:

 

Juicio y castigo a los responsables políticos, judiciales y policiales.

 

Justicia por Araceli. El Estado es Responsable.