Este viernes 26 de febrero el Plenario de Trabajadoras convoca a una asamblea para organizar una gran movilización a Plaza de Mayo de cara al próximo 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora. La iniciativa contará con la presencia de Vanina Biasi, dirigente del PDT, Amanda Martín, docente y secretaria gremial de Ademys, las compañeras de las barriadas organizadas en el Polo Obrero que se ponen a la cabeza en la lucha contra el hambre, las compañeras de la UJS y trabajadoras de distintos gremios.

A pocas semanas de la fecha, las organizaciones que previamente convocaban a las asambleas preparatorias en el galpón lindero a la Mutual Sentimiento, el colectivo Ni Una Menos y la agrupación Mala Junta (Patria Grande), no han realizado ningún llamamiento, mostrando que dejan a un costado las demandas de las mujeres y el carácter anticlerical, anticapitalista, antiimperialista e independiente del movimiento, por sus compromisos con el gobierno nacional.

La independencia política de nuestro movimiento, entonces, cobra especial importancia en un contexto que necesariamente implica ir al choque con el poder político, responsable del empeoramiento de las condiciones de vida de las mujeres, y que tiene a un sector del movimiento integrado al gobierno que no está dispuesto a desenvolver a fondo las causas por las que luchamos y que en nombre del feminismo han apoyado el pago al FMI y las políticas de ajuste.

Pasado un año del gobierno de Alberto Fernández las múltiples violencias a las que estamos sometidas las mujeres no cesaron y se agravaron con la pandemia, como consecuencia de la carestía y la descomposición social. La canasta básica no alcanza a cubrir dos salarios mínimos, la pobreza llega casi al 50% y cada mes se agranda más la brecha entre el ritmo de aumento del costo de vida y la evolución de los ingresos, exponiendo doblemente al género femenino que obtienen los salarios más bajos, engrosa las filas de la desocupación y carga con las tareas domésticas y de cuidado.

La expresión más brutal de la violencia, los femicidios, dan cuenta de un contexto explosivo con cifras alarmantes que alcanzan la muerte de una mujer por día. El caso de Úrsula Bahillo de 18 años, apuñalada por su expareja -un oficial de la bonaerense que contaba con denuncias previas- conmocionó al país y expuso claramente y de forma brutal la responsabilidad del Estado no por omisión, sino por acción.

La creación del ministerio de mujeres y organismos institucionales con la etiqueta “de género”, el lanzamiento de planes contra la violencia y programas de asistencia han resultado inocuos frente a la violencia y como herramientas para mejorar la vida de las mujeres. La iniciativa del “barbijo rojo” en el contexto del confinamiento donde se registró un incremento exponencial de denuncias por violencia y el programa Acompañar, un monto equivalente a un salario mínimo por un período de 6 meses, pintan de cuerpo entero a un gobierno que improvisa y no destina recursos para asistir integralmente a las mujeres y enfrentar una problemática que se agudiza en el país.

No hay por parte del Estado ningún seguimiento a los denunciados ni recursos destinados a evaluar niveles de peligrosidad, así como tampoco un verdadero control de las perimetrales otorgadas, las cuales en numerosos casos ni siquiera son notificadas al agresor. El calvario que pasan las mujeres a la hora de acudir a las comisarías, donde son revictimizadas, se archivan las denuncias y se les otorga un botón antipánico como única medida de protección, dan cuenta de una situación brutal y que la responsabilidad del cuidado recae sobre exclusivamente sobre las mujeres.

La ministra de mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, que semanas atrás salió a la carga contra la justicia como responsable de trabar el curso de las denuncias y aletargar las investigaciones, omitió que los jueces son designados a propuesta del poder ejecutivo, hizo silencio respecto al accionar de las fuerzas de seguridad y de la responsabilidad que le cabe a su propio ministerio y al gobierno que no desarrollan dispositivos integrales ni medidas que apunten a mejorar la vida de las mujeres. El Consejo Federal para la prevención y abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios no es otra cosa que un refrito de organismos que ya existen y se pusieron en marcha luego del primer Ni Una Menos.

La creación de más organismos, a cargo de funcionarias del gobierno, no tienen nada para ofrecer en tanto responden a un gobierno que pone por delante las tareas de cumplir con el FMI y los reclamos patronales y no las necesidades y demandas del movimiento de mujeres, a la vista están los resultados. Son responsables de la descomposición social y las condiciones que profundizan la violencia, que bajo este régimen socia

l tiene la función política de subordinar a las mujeres y ser un mecanismo auxiliar de explotación.

Más que nunca es necesario levantar un programa frente al fracaso del Estado. Ante las trabas para contener los casos de violencia, debemos luchar por un fuero especial para la violencia de género con la elección popular de jueces y fiscales, con mandatos revocables. Asimismo, la creación de consejos autónomos de las mujeres, independiente a los gobiernos y sin ataduras, con presupuesto estatal, que pongan por delante las necesidades inmediatas de las mujeres.

El movimiento de mujeres que conquistó el aborto legal bajo los métodos históricos de lucha y la independencia política, que levanta la bandera de la responsabilidad del Estado ante las violencias y que ha sido gesta de grandes movilizaciones en los últimos años a nivel mundial debe tomar nota de estas cuestiones y marchar masivamente por sus reivindicaciones sin subordinarse a ningún gobierno.
Vayamos a una gran asamblea para debatir la situación de las mujeres y organizar un 8 de marzo de lucha y que movilice masivamente al centro del poder político del país.