Mujer
18/9/2026
Audiencia pública en el Concejo Deliberante de Córdoba establece un programa en defensa de las mujeres y diversidades
Familiares, víctimas, sobrevivientes, abogadas y organizaciones participaron de una audiencia pública convocada por Cintia Frencia.
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El jueves 17 de septiembre se llevó adelante en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba una audiencia pública convocada por la bancada del Frente de Izquierda, encabezada por la concejala Cintia Frencia, junto a la dirigente del Partido Obrero Soledad Díaz, que estableció un programa en defensa de las mujeres y diversidades.
La actividad contó con una importante participación de familiares, víctimas y sobrevivientes, abogadas y organizaciones del movimiento de mujeres y de trabajadores.
Estuvieron presentes Daniela Pavón, abogada de Cecilia Basaldúa; Rocío Garro, abogada de Paola Ortiz y de Max y Lulen; Dania Villanueva, abogada de Flavia Saganías y de Max y Lulen; Daniel Vera, integrante de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos; la hermana y la hija de Eliana Luján, víctima de femicidio en Cosquín; familiares de Camila Merlo, también víctima de femicidio, Mariana Romero, mamá protectora; integrantes de la Asamblea Ni Una Menos, referentes de la UJS, UEPC Capital y el Polo Obrero.
Estado cómplice
A lo largo de la audiencia se sucedieron testimonios que expusieron el funcionamiento de un aparato estatal que, lejos de garantizar protección y justicia, en numerosos casos termina revictimizando a quienes denuncian.
Entre los casos expuestos se destacó el de Cecilia Basaldúa. Su abogada, Daniela Pavón, denunció las irregularidades y maniobras judiciales que atravesaron la investigación, incluyendo el intento de responsabilizar a un supuesto "perejil" sin pruebas suficientes y las circunstancias en torno al destino de los restos de Cecilia, que fueron enviados a un osario común sin conocimiento de su familia durante años.
También se abordó la violencia institucional y la persecución contra las llamadas madres protectoras. Las abogadas Rocío Garro y Dania Villanueva expusieron los casos de Paola Ortiz, Flavia Saganías y Max y Lulen, poniendo de manifiesto las consecuencias que enfrentan quienes denuncian situaciones de violencia y abuso, mientras los denunciados pueden permanecer impunes amparados por las propias instituciones del Estado.
La audiencia contó además con el testimonio de Daniel Vera, integrante de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, quien puso sobre la mesa la problemática de los abusos cometidos en el ámbito de la Iglesia y la responsabilidad estatal frente a estas situaciones.
La hermana y la hija de Eliana Luján, víctima de femicidio en Cosquín, llevaron también su reclamo de justicia, al igual que la familia de Camila, mientras que Mariana Romero, mamá protectora, aportó su experiencia sobre la persecución y la falta de respuestas institucionales.
Los casos de Agostina Vega y el crimen de Río Seco fueron asimismo señalados como expresiones de un cuadro más general de descomposición e impunidad que atraviesa a funcionarios del gobierno, la justicia y el aparato policial.
Por la organización independiente del movimiento de mujeres y diversidades
Al inicio de la actividad, Cintia Frencia presentó las iniciativas que se vienen impulsando desde su banca en el Concejo, para responder a las demandas del movimiento de mujeres y diversidades.
En el cierre, Soledad Díaz planteó que frente a la revictimización y la responsabilidad del Estado la respuesta no puede reducirse al peregrinaje permanente por los pasillos judiciales ni a la adaptación a las instituciones de los gobiernos de turno.
En este sentido sostuvo la necesidad de defender la independencia del movimiento de mujeres para dar pelea por un programa de salida a los enormes flagelos que nos asotan.
Con todo esto la audiencia dejó establecido un programa que plantea la elección popular y directa de jueces y fiscales, con voto directo de las mujeres para los fueros de violencia y la revocabilidad de los mandatos de quienes encubran a agresores o incumplan sus funciones; la creación de un fuero único y unificado de violencia de género, que termine con el peregrinaje de las víctimas por distintas dependencias y fiscalías; y la asistencia letrada y patrocinio gratuito a cargo del Estado, garantizando que las víctimas puedan elegir libremente a sus defensoras, la creación de un Consejo Autónomo de las Mujeres, electo por el padrón femenino, para que las trabajadoras y el movimiento de mujeres intervengan de manera independiente en la definición y ejecución de las políticas públicas de género, junto con la separación de la Iglesia y el Estado.
La iniciativa fue un gran impulso para fortalecer la organización independiente del movimiento de mujeres y la clase trabajadora, y transformar cada reclamo de justicia en una lucha colectiva.
En este marco el 39 encuentro plurinacional de mujeres y diversidades, que se realizará en Córdoba el 10, 11 y 12 de octubre será una enorme instancia para profundizar esta perspectiva de lucha.
