En la semana que se conoció la trágica muerte de una niña Wichi de 13 años por complicaciones en el parto producto de una violación, un grupo de diputados provinciales tucumanos -tanto peronistas como macristas- presentó un proyecto de ley para prohibir los abortos no punibles. El proyecto, del peronista Marcelo Caponio, no es nuevo y había perdido estado parlamentario en otra ocasión por falta de tratamiento, pero ahora cuenta con el respaldo de 29 diputados sobre 49. Recordemos que la Legislatura tucumana declaró en agosto a la provincia como “pro-vida” durante el debate nacional sobre la legalización del aborto.

La larga mano del clero está detrás de la iniciativa, que se basa en el latiguillo de la defensa de las “dos vidas”. El mencionado proyecto se opone inclusive al aborto no punible en los casos de violación (art. 4). Y avanza también en la persecución y criminalización de las mujeres planteando que cuando el personal sanitario interviniente tuviere fundadas sospechas de la inexistencia de delito contra la integridad sexual, deberá efectuar de inmediato la denuncia ante el Fiscal de turno y requerir la intervención del Defensor de Menores.

Este proyecto de ley a la medida de la Iglesia y los sectores reaccionarios se inscribe en toda la campaña desplegada contra la aprobación del aborto legal, que incluyó la participación de todos los bloques políticos que gobiernan en las movilizaciones antiderechos. No conformes con bloquear la ESI (Educación Sexual Integral) e impartir religión en las escuelas, además de no adherir a la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, ahora buscar acrecentar su dominio sobre la vida social en la provincia a través del disciplinamiento y la criminalización.

Toda esta política oscurantista tiene como resultado que Tucumán se encuentre entre las 10 provincias con tasa más alta de embarazo adolescente. El 19% de los nacimientos corresponden a chicas menores de 20 años (el promedio nacional es de alrededor de 15%) y 7 de cada 10 de las adolescentes que se convirtieron en madres en 2015 declaró que no había buscado quedar embarazada.

Desde el Plenario de Trabajadoras junto a las organizaciones que conforman el Ni Una Menos llamamos este lunes 12/11 a una concentración en la Legislatura para tirar abajo este proyecto de ley contra las ILE (interrupción legal del embarazo) y los derechos de las mujeres.