El lunes 14 de febrero, a casi dos años del femicidio de Susana Melo, comenzó el juicio contra Gregorio Raúl Costa, quién el 20 de marzo de 2020 asesinó a su pareja de un disparo en la cabeza y desechó su cuerpo en un camino vecinal ubicado en el kilómetro 7 de la ruta 252, donde luego fue encontrado por la policía. El juicio se desarrollará hasta el miércoles 16 de este mes.

El caso nuevamente deja en claro la responsabilidad del Estado ante los femicidios que frecuentemente sacuden al país. Susana Melo sufría violencia de género pero ningún organismo estatal le brindó las herramientas necesarias para salir de esa situación. Una de sus hijas declaró que en enero de 2020 realizó una denuncia en la Comisaría de la Mujer luego de que su madre terminara en el hospital producto de los golpes que le propició Gregorio Costa, los cuales le generaron fracturas en la tibia y el peroné. Pero al no ser ratificada la denuncia por su madre, el Estado no hizo nada. Dos meses después Susana fue asesinada.

Su hija declara que Susana “tenía mucho miedo porque él la vivía amenazando y hasta estaba armado con un revólver”. ¿Cuántas otras mujeres se encontrarán en la misma situación? Escapar de violentos hace imposible si no se puede acceder a una vivienda propia, guarderías o trabajo genuino para desarrollar sus vidas con independencia. Los gobiernos ajustadores son los responsables de no generar las condiciones materiales necesarias para que las mujeres podamos escapar de las situaciones de violencia a las que somos sometidas. No pone ni un peso para seguir las denuncias, ni crea casas refugio, trabajo genuino o guarderías.

El Estado es además cómplice de la protección al femicida de Susana. El abogado defensor, Gustavo Avellaneda, es el delegado municipal de Ingeniero White, lugar donde Gregorio Costa asesinó a Susana y descartó su cuerpo. En la misma localidad también reside la familia de Susana, que tienen que lidiar con el abogado del femicida de su madre ante cualquier reclamo vecinal.

En una entrevista en Canal 7 de Bahía Blanca declararon: “No entendemos como un funcionario público puede defender a un asesino”. “En cualquier momento lo tenemos que ver, hay tramites acá (…) y lamentablemente lo tenemos que tratar con él. Y además, si va una chica que sufre violencia de género y pide ayuda ¿con qué cara la va a ayudar?”

Las demandas del movimiento de mujeres son imposibles de cumplir para un gobierno que ajusta a los sectores más vulnerables para pagarle al FMI y deja a las mujeres y disidencias a su suerte. De cara a un nuevo 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, movilicémonos masivamente contra los femicidios, la precarización y el ajuste.

Por un Consejo Autónomo de las Mujeres para que las políticas públicas contra la violencia de género no estén subordinadas al plan ajustador del gobierno de turno. Ni Una Menos. Justicia por Susana. El Estado es responsable.

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