Los casos de Mariana Sol Bruna y Agustina Bustos, asesinadas en las últimas semanas, sacudieron al pueblo bahiense. Si bien diferentes en el modo en que murieron –Mariana fue abandonada en el hospital con una sobredosis, mientras que Agustina fue apuñalada en su barrio-  estos hechos han sacado a la luz encubrimientos y complicidades policiales y judiciales, y han dejado entrever el rol de algunos medios al desviar el eje de la información respecto a esto.

El caso de Agustina

En el caso de Agustina la policía hizo pública la imagen de tres menores que luego tuvieron que ser liberados, sin antes sufrir el linchamiento mediático y público, incluyendo el incendio y ataque con piedras a sus casas. Resulta que la policía había desoído otros testimonios, en especial el de una mujer que sostenía que su hija había sido testigo directa del crimen y que “los pibes no tenían nada que ver”.

Ahora, los fiscales del caso y la Policía Bonaerense se “pasan la pelota”.  El Ministerio Público Fiscal acusa a la Bonaerense de haber “plantado” testimonios y de engañar a los fiscales para resolver rápidamente la investigación, derivando en el inicio de una causa penal por falsedad ideológica.  La defensa de la policía, según uno de los periódicos más importantes de la ciudad, es que actuaron bajo las órdenes de la fiscalía: “El instructor judicial Martínez estuvo presente y avaló las detenciones de los menores. Que ahora no se hagan los boludos. Y además, las declaraciones tomadas por la policía debían ser ratificadas en sede judicial. Ellos (por la fiscalía) quieren cortar el hilo por lo más delgado y no hacerse cargo de sus propias cagadas. Siempre se limpian con nuestro uniforme” (La Nueva, 16/04/2018).

El caso de Mariana Sol

Estas declaraciones tienen algo de hipocresía.  Lo muestra el caso de Mariana Sol, la chica que murió por sobredosis y cuyo cuerpo tiraron en la puerta del Hospital Español. Por este caso, se ha vuelto a señalar la existencia de redes de narcotráfico y pedofilia en la ciudad, y como bien sabemos, estas redes no podrían prosperar si no es con la venia del Estado, como parte fundamental.   Esta semana, alrededor de diez hombres fueron detenidos y están siendo investigados por formar parte de la “Banda del Éxtasis” en la ciudad.  Uno de los detenidos está vinculado con el famoso departamento donde Nicolás Martínez (quien abandonó a Mariana en el hospital) habría ido a buscar drogas aquella noche.  Otro de ellos es un sobrino de Alejandro Cantaro, fiscal general del Ministerio Público Fiscal.  Según declaró una fuente “ese fue el motivo por el cual el juez (…) le quitara la investigación al Ministerio Público Fiscal, ya que la fiscalía que intervenía en el caso depende del propio Cantaro” (La Brújula, 17/4).   ¿Es real que ambas investigaciones pueden estar vinculadas, o se trata, una vez más, de una bomba de humo para tapar, finalmente, ambas causas? ¿Quiénes son los que encubren a pedófilos y narcotraficantes que se relacionaban con Mariana?

Como en el caso de Agustina, el femicidio de Mariana también tuvo su chivo expiatorio “mediático”.  La policía permitió que fotos de Sebastián Rodríguez Maidana, docente director de escuela, rueden en todos los medios y redes sociales, indicándolo como posible responsable o partícipe de lo sucedido.  Una acusación grave sin basamento, ya que a Maidana nunca se le abrió ningún tipo de investigación, el departamento que alquilaba hace pocos días no coincidía con lo descripto por Martínez.  El docente no solo padeció el escrache público sino que fue desplazado de su cargo, sin intermediar investigación alguna, por la inspectora regional Veiga.  Todo esto ocurrió días antes de que el Suteba local (donde Maidana es activo militante) lleve adelante medidas de fuerza frente a los ataques al salario docente y a la escuela pública en general. Sin dudas, fue un elemento más que utilizó el gobierno para operar y difamar a la docencia y los gremios para hacer pasar el ajuste con paritarias a la baja, cesanteos, cierres de cursos modalidades y escuelas e imponer la reforma laboral contra el pueblo trabajador.

Las redes de narcotráfico, trata, explotación sexual, crecen y se desarrolla al amparo de fiscales, jueces, policía y funcionarios políticos, y continúan cobrándose la vida de mujeres y jóvenes.

Para terminar con los femicidios y todo tipo de violencia, así como con el disciplinamiento que ello significa sobre la mujer trabajadora y el conjunto de la clase obrera, debemos continuar con la  organización independiente del movimiento de mujeres  que debe estar dirigido a conseguir todas nuestras reivindicaciones, y terminar con todo tipo de opresión.  De ninguna manera esto será alcanzado de la mano de las fuerzas e instituciones vinculadas a este régimen social.

Justicia por Agustina, Mariana y todas las víctimas de femicidios.

Por comisiones investigadoras independientes. Esclarecimiento ya de todos los casos.

Desmantelamiento de las redes de trata, pedofilia y  narcotráfico

Ni una menos. El Estado es responsable.