Hace casi una década, Luna, hoy de 19 años, a través de su mamá, Yama Corín, vienen llevando adelante una causa judicial contra el progenitor de la joven por abusos sexuales perpetrados entre los 6 y 9 años de edad. Durante el tiempo que lleva la causa, Luna ha sido revictimizada por la justicia sistemáticamente. No sólo fue sometida a diversas pericias, mientras que el acusado ni siquiera fue indagado; sino que, también, el sinfín de dilaciones judiciales, le robaron la posibilidad de declarar en cámara Gesell como menor, llegándole la oportunidad de hacerlo con la mayoría de edad cumplida.

A pesar de todo, Luna venció este obstáculo y, ante la fiscalía, pudo dar cuenta de las violencias sufridas en un testimonio tan valiente como desgarrador. Sin embargo, al pasar de juzgado la causa, esta declaración fue desoída por la fiscalía que recibió el caso. Esta, en lugar de tomar la declaración de la joven y, de ser necesario, profundizarla en una nueva declaración, solicita, a través del Ministerio Publico Tutelar, una nueva pericia sobre la denunciante (se perició a Luna hace menos de un año antes de declarar) en un escrito aberrante, sustentado en el inexistente Sindrome de Alienación Parental, que responsabiliza a la madre de victimizar a Luna “implantándole memorias falsas”.

Esta nueva revictimización tiene un doble sentido, por un lado, busca debilitar a la denunciante, cansarla. Ya no hay posibilidad de revinculación forzada dado que se trata de una persona mayor de edad, periciar una y otra vez, obligar a contar un hecho traumático reiteradamente constituye un acto de violencia en sí mismo. Pero, como si esto fuera poco, este accionar judicial también busca aleccionar al conjunto de las madres protectoras a través de la pena que podría caberle a Yama Corín si el acusado es sobreseído de la causa tal como lo pidió la defensa.

El conjunto de derroteros judiciales que madre e hija debieron sortear a lo largo de estos años dan cuenta de cuál es el tratamiento que reciben las mujeres que denuncian de parte del Estado y sus instituciones. Un estado que condena al 60% de les niñes a vivir en la pobreza para pagar los usurarios intereses de la deuda, y que es incapaz de garantizar educación sexual en las escuelas para que les pibis tengan oportunidad de prevenir e identificar los abusos.

Un Estado, actualmente, en manos de la coalición entre Alberto Fernández y CFK en estrechos vínculos con el Vaticano; que, habiendo creado un Ministerio de la Mujer, en medio de la pandemia, cuando el aislamiento profundizaba e invisibilizaba cualquier tipo de situación de violencia, sólo ofreció como alternativa “pedir un barbijo rojo en la farmacia”. Que luego de enarbolar las banderas del feminismo, lejos de impulsar una reforma judicial en regla que facilite el acceso a la justicia para las mujeres que denuncian, impulsa una reforma mentirosa que tiene como único objetivo, salvaguardar a los propios de las causas por corrupción en curso o por venir.

Ninguna reforma judicial que venga de los hambreadores del pueblo puede representar los intereses del mismo. Es en ese sentido que reivindicamos la organización de les trabajadores, mujeres y disidencias, por fuera de los partidos del régimen y del estado como a les úniques capaces de dar cuanta de qué reforma judicial necesitamos y de cómo llevarla adelante. Nada tienen que decir sobre vulneración de derechos quienes los han vulnerado sistemáticamente durante tanto tiempo.

Desde este lugar, como Partido Obrero y el Plenario de Trabajadoras, no solidarizamos y abrazamos a Yama Corín y su hija Luna y convocamos a movilizarnos el viernes 27 a las 9 horas a la Fiscalía Correccional y Criminal N° 3 (Paraguay 1536) para reclamar: Justicia para Luna, basta de Síndrome de Alineación parental, el Estado y los gobiernos son responsables.

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