El 30 de julio se conoció una fuerte denuncia contra Mauricio Giménez, pastor evangélico referente de la iglesia Esperanza de Vida en la ciudad de Berisso, por acoso sexual, hostigamiento y amenazas. La mujer que fue víctima relata las múltiples situaciones de violencia ejercidas por Giménez, quien le ofreció trabajo a cambio de relaciones sexuales y luego, con total impunidad, se presentó en su casa para ofrecerle “el perdón” a cambio de sexo oral. A su vez, denunció haber recibido hostigamiento y amenazas por parte del entorno del pastor evangélico.

El intendente peronista de Berisso, Fabián Cagliardi, tiene estrechos vínculos con el referente evangélico, ya que este último fue el que le garantizó el voto de todas las iglesias evangélicas en las elecciones de octubre. Cagliardi ha nombrado a cargo de la Dirección de Culto del municipio a la mano derecha de Giménez, Angel Ocampo. Por eso la Municipalidad ha guardado absoluto silencia sobre la grave denuncia. Con este respaldo gubernamental, la Agrupación 11 de Agosto (espacio político al cual pertenece el pastor) se negó a recibir a la mujer, que se presentó para llevarles la denuncia.

 Una vez más nos encontramos frente a un caso de encubrimiento por parte del Estado y los partidos patronales para con integrantes del clero, que hacen oídos sordos y avalan que el acosador continúe en su puesto, mientras la víctima continúa siendo atormentada. Ni el tan promocionado Ministerio de la Mujer, presidido por Estela Díaz, ni ningún funcionario ligado del gobierno de Kicillof tomó cartas en el asunto para terminar con este encubrimiento. En medio de la cuarentena y ante la escalada de violencia hacia las mujeres, nos encontramos con todo un entramado de complicidades eclesiásticas y estatales que le dan la espalda a la gravísima situación que están atravesando las mujeres y disidencias.

Desde el Plenario de Trabajadoras entendemos que la única salida es la organización del movimiento de mujeres de manera independiente de las iglesias y el Estado, en pos de romper con los silencios de los gobiernos, que priorizan sus vínculos políticos con el clero antes que la protección y la defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras.

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