La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó el 6 de diciembre una ampliación del derecho al aborto votada por los Diputados en setiembre. Hasta entonces, el gobierno de Evo Morales convivió con el Código Penal heredado de la dictadura de Banzer (1973), que admitía como no punibles solo los abortos después de violación, incesto o cuando había riesgo para la salud de la mujer.

La “ampliación” reconoce el derecho a abortar por única vez y antes de las ocho semanas de embarazo (sic) a mujeres que sean estudiantes o que tengan más de tres niños, ancianos o discapacitados a su cargo. El aborto de las niñas y adolescentes no recibirá sanción en ninguna etapa del embarazo, aunque siempre dentro de ciertas condiciones.

El límite de 8 semanas es una barrera de hecho, en la mayoría de los países el piso son 12 semanas porque rara vez la mujer se entera del embarazo antes. La “ampliación” raya el ridículo: tampoco se explica por qué por única vez. Y que se autorice arbitrariamente solo después de tener 3 hijos desconoce el derecho de las mujeres a no ser madres y las confirma en el rol de reproductoras. De la soberanía de los cuerpos, el masismo nada. Esta modificación sigue considerando la interrupción del embarazo como un delito y sancionándola con hasta tres años de prisión.

La primera propuesta prohibía la objeción de conciencia pero “el Colegio de Médicos actuó en coordinación con los obispos católicos para oponerse al proyecto de esta ley” (El País, 30/9). La Conferencia Episcopal de Bolivia caracterizó la despenalización como una “colonización ideológica extranjera que descarta a niños y niñas por nacer vulnerables y acepta la triste violencia del aborto como un supuesto camino para solucionar problemas sociales y económicos" (!). El gobierno del MAS retrocedió. Finalmente, la ley no reconoce objeción de conciencia colectiva, como planteó el Colegio Médico, pero sí a los médicos que individual y anticipadamente hayan expresado. Los servicios de salud deberán “formar personal dispuesto a hacer el trabajo que requieran las mujeres que se acojan a la ley”.

Otro punto que pasó al olvido fue el que planteaba la extrema pobreza como condición suficiente para interrumpir el embarazo, una suerte de eugenesia social.

Según cifras oficiales, la mitad de las bolivianas abortó por lo menos una vez en su vida, y el 13% son adolescentes. Se practican hasta 80 mil abortos por año, casi 200 abortos por día en un país de 11 millones de habitantes. Cada año 67.000 mujeres acuden a centros de salud en situación de emergencia. Las muertes por aborto clandestino orillan los 500 casos anuales.

En Bolivia mueren por femicidio unas 100 mujeres al año. Por abortos clandestinos, 5 veces más.