En Santiago, la violencia de género constituye una verdadera catástrofe social en aumento. En la última semana, en la tapa de los diarios han habido distintos casos de mujeres a las que les prendieron fuego, jóvenes y niñas abusadas, y adolescentes desaparecidas.

 

Tras sacarse la foto de “Ni una menos”, la gobernadora no sólo no movió un pelo, sino que mantiene la negativa a derechos básicos (se niega y judicializa el aborto no punible, y han cajoneado el proyecto de nuestra bancada para aplicar el protocolo nacional). Ahora incluso ha retirado el limitadísimo proyecto que se había presentado de “botón antipánico”, debido a “falta de presupuesto”.

El régimen de impunidad se ensaña particularmente con las mujeres. Ha cobrado notoriedad el asesinato de Paola Anríquez, quien murió con su cuerpo quemado en un 80%. Inicialmente lo caratularon como “muerte dudosa” (supuesto accidente), pero luego trascendió que su pareja era Federico Guardo, quien tenía salidas transitorias de su condena a 18 años por asesinar prendiendo fuego a su novia y su suegra en 2004. Este femicida gozaba de permisos y privilegios, según consta en los  informes del Servicio Penitenciario. El motivo: es hijo de un funcionario de la fiscalía del Estado.

 

No es la primera vez que se da salidas transitorias a los femicidas en nuestra provincia, el asesino de Sonia Roldán, el femicida Juan Carlos Frías, también goza de salidas transitorias.

 

La responsabilidad del Estado es total

 

El ajuste en curso se ensaña particularmente sobre la mujer trabajadora, con el agravante de que Santiago del Estero es ya una de las provincias más postergadas, con los salarios más bajos del país. Las docentes son víctimas de las peores condiciones laborales, que los enfrentan directamente a la muerte en ejercicio de sus funciones, como es el caso de la docente preinfartada, mientras esperaba su turno en el departamento de reconocimiento médico, o cuando salen diariamente a recorrer las rutas en las más precarias condiciones de transporte (no olvidamos a los docentes muertos en El Simbol).

 

Las condiciones materiales de muchas familias santiagueñas son de supervivencia (o inferiores); cuando cobra notoriedad la desnutrición, las deficiencias educativas y sanitarias, el Estado tiene la política de Betty Rojkés: culpar a las madres, sostenes del hogar.

 

Desde el Plenario de Trabajadoras de Santiago del Estero asistimos con 50 compañeras al XXX Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata, para organizarnos por la defensa de nuestros derechos y con una delegación de Familiares Víctimas de Impunidad decidida a seguir la lucha por verdad y justicia.

 

Este próximo 16 de noviembre comienza el juicio por el femicidio de Patricia González, asesinada por su pareja “Milanesa” Páez (el asesino estaba libre después de cometer su primer asesinato y volvió para terminar con la vida de Patricia) y culmina su juicio el 25 de noviembre, que coincide con la gran movilización planteada en el ENM por un nuevo #NiUnaMenos.

El 3 de diciembre se cumplirá un año de asesinato de Pamela Moreno, que no está caratulada como femicidio, ya que se trata de una chica trans, donde los hijos del poder son los principales responsables y están libres.

 

Reforcemos la organización del movimiento de mujeres, con independencia del Estado y sus partidos. Por un nuevo #NiUnaMenos.