El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el refugio de mujeres Uguet Mondaca, situado en Burzaco, fue atacado por un hombre denunciado por abuso sexual, quién intentó derribar con su auto la puerta de ingreso reclamando por la denunciante y sus hijos, que se encontraban allí alojados; como así detallaron en un comunicado quienes están frente a la organización de la casa refugio.

Lo sucedido en el albergue, creado y gestionado por la recientemente fallecida Nancy Uguet, quien hizo de su propia casa un lugar de contención para mujeres en situación de violencias y vulnerabilidad, pone de manifiesto como el Estado deja a la voluntad de terceros la creación de estos refugios y posteriormente los abandona a su suerte, desfinanciándolos y sin garantizarle ni siquiera las condiciones mínimas de seguridad para las víctimas. Esto que representa un ahorro presupuestario para el gobierno, provoca deficiencias de todo tipo en los albergues, ya que no cuentan con los recursos necesarios para cubrir las demandas que un edificio de estas características debería cumplir: alojamiento, contención, orientación y cuidado de decenas de mujeres y niños víctimas de violencias.

El ejemplo más conocido de como el Estado en todos sus niveles terceriza la atención sobre las cuestiones relativas a la violencia de género es el de la ONG “Casa del Encuentro”, desde donde se encargan de presentar anualmente informes y estadísticas sobre femicidios. En ese mismo sentido, en el distrito de Almirante Brown la ONG “Compromiso Ciudadano” a cargo del excandidato local, Mario Fuentes (de Consenso Federal), anunció que pondría en pie la construcción de una “Casa refugio” junto con otra organización relacionada a la iglesia evangelista; otra expresión de como el estado delega las demandas de las mujeres, en este caso, en manos de la iglesia. Se pone en evidencia que las declamaciones de igualdad y contra la violencia de género no son más que demagogia que choca contra las políticas de ajuste presupuestario.

Las mujeres debemos organizarnos ante esta desidia premeditada y exigirle al Estado (municipal, provincial y nacional) la puesta en pie de casas refugios que estén bajo nuestro propio control, que cuenten con  equipos interdisciplinarios, abogados, trabajadores sociales, psicólogos y plantel estable de trabajadores que den respuesta integral, orientación, capacitación y acompañamiento legal para las víctimas de violencia y a sus hijos/as o personas a cargo; y un soporte económico para los casos que no cuenten con ingresos regulares o estos sean insuficientes.