Con el impulso de la lucha de la Ola Verde, en la Legislatura de la CABA se fue desarrollando durante un largo periodo el debate sobre la ILE y la adhesión de la Ciudad al mismo. El 16 de julio por amplia mayoría (50 votos a favor, 3 abstenciones y 7 en contra) se aprobó la ley de adhesión al Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), sin agregados de objeción de conciencia institucionales ni individuales.

La CABA era una de las cuatro jurisdicciones sin protocolo ILE ya que el gobierno porteño de Macri lo vetó en el año 2012 luego que la Ciudad aprobara una ley reglamentando el fallo FAL. Cabe destacar que la ILE es un derecho de casi 100 años consagrado en el Código Penal y que por los sucesivos pactos y asociaciones de los gobiernos y el clero ha sido vedado.

Tras la aprobación del protocolo ILE, la iglesia católica publicó una carta buscando el veto de Larreta al protocolo. Algunos sectores evangélicos organizaron marchas y escraches al jefe de gobierno. Ninguna acción fue masiva ni contó con apoyo popular. En consonancia con ello, incluso la cónyuge del gobernador de la Ciudad levantó esta posición llamando a concretar el pedido de las iglesias.

A través de sus redes sociales, en el día de ayer, el jefe de gobierno porteño anticipó una serie de medidas al respecto de la reglamentación de la adhesión al protocolo ILE para la CABA, y que en el día de hoy se dieron a conocer a través de los canales oficiales.

El “republicano” Rodríguez Larreta violenta la votación de la legislatura contrariando sus términos a través de la instalación del reconocimiento del ideario institucional como razón para que una empresa o sector público se niegue a realizar las prácticas indicadas, lo que sería la llamada “objeción institucional”.

También evita referirse a la educación sexual integral como mecanismo legal para impulsar la reducción del embarazo no deseado, mientras instrumenta una campaña paralela al sistema oficial educativo. Se trata del Plan “A la par”, del que no se conoce qué tipo de contenido emitiría sobre la cuestión del embarazo y que, a juzgar por las presiones que estuvo dispuesto a escuchar, es justo pensar que quedaría en manos de instituciones y personas con criterios clericales.

En la declaración emitida por el jefe de gobierno señala que “en caso de controversias en referencia a la atención de menores, se podrá dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como así también, cuando resulte necesario, al Ministerio Público Tutelar para resguardar los derechos de las niñas y adolescentes”; sin embargo el procedimiento a seguir en estos casos debe ser evaluado por el personal de salud en base a la salud integral de la niña, que es lo que dice el protocolo ratificado.

Finalmente, introduce intermediaciones interdisciplinarias que, en el marco de las resoluciones emitidas, se preparan como un obstáculo para el acceso al derecho. Y establece plazos gestacionales que no figuran ni en el código penal ni en el protocolo reafirmado por ley en la Ciudad.

Cabe destacar que los grupos que representan el lobby empresarial de la salud como el grupo Bazterrica, el grupo Austral y todos los que poseen nombres bíblicos, son empresas que de antemano no cumplen con prácticas emanadas de una ley como ser los tratamientos de fertilización asistida, vasectomías, abortos legales e incluso en algunos casos no recomiendan ni imparten métodos anticonceptivos. Larreta, con este decreto, les da la seguridad jurídica que requieren para tener a la ley de su lado para negarse a cumplir con tratamientos de salud inscriptos en el marco legal.

Este temperamento constituye una declaración de principios a la altura de las iglesias católicas y evangélicas y sus exigencias. Por un lado coloca la objeción de conciencia institucional e individual y crea un registro de derivación en el Ministerio de Salud. El republicanismo de Larreta es la posibilidad de otorgarle vía libre a los sectores del negociado de la medicina y del lobby cristiano para que nieguen un derecho bajo un paraguas legal.

Para anudar a las iglesias, tan caras para el gobierno en materia de contención social, particularmente en el cuadro actual agravado por la pandemia, Larreta ha creado dentro del Ministerio del Desarrollo Humano y Hábitat y dependiendo de la gerencia operativa de Primera Infancia, el programa “A la par“, el cual se presenta con el objetivo de asistir a mujeres embarazadas en los barrios populares y más vulnerables de la CABA.

A los mismo barrios que el propio gobierno azota con la falta de agua, falta de asistencia a comedores, falta de asistencia general frente a la pandemia, los contagios de Covid-19 y otras proliferaciones de enfermedades detenidas por el frío como en el caso del dengue, a la vez les niega cualquier tipo de subsidio frente a la desocupación y la caída del empleo.

El programa “A la par” intenta adoctrinar, en la línea de quienes bloquean la aplicación de la ILE, los que impulsan la objeción de conciencia y de quienes desatienden a las víctimas de violencia sexual o a personas que se encuentran frente a algún riesgo de vida.

Sin embargo ni en el texto de las redes sociales del jefe de gobierno, ni en el decreto se menciona la Educación Sexual Integral (ESI). Más que un dato teniendo en cuenta que el programa “A la par” plantea charlas y talleres barriales. Ante esto es lícito sospechar que es toda una concesión a las iglesias y ONGs para propiciar su propaganda religiosa contra la llamada “ideología de género” y en favor de nutrir a los retrógrados sectores del clero que tejen la trama oscurantista del Estado con su injerencia en la educación incluso pública, la salud, la vivienda, la justicia, etc.

Esta situación debe alertar al movimiento de mujeres y disidencias que protagonizamos la Ola Verde y la pelea por el aborto legal, seguro y gratuito a nivel nacional. La demora del gobierno de Alberto Fernández en presentar un proyecto de aborto legal se inscribe en la misma trama de negociaciones con las iglesias que buscan degradar el proyecto y ser compensadas.

Exigimos que se ponga en tratamiento en el Congreso Nacional el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el derecho al aborto como el producto de la deliberación del movimiento de mujeres y disidencias.

Desde el Partido Obrero y su banca legislativa de la Ciudad, estamos comprometidos en defender la aplicación del protocolo ILE, la lucha por el tratamiento urgente del proyecto de derecho al aborto de la Campaña, la implementación de una Educación Sexual Laica, científica y respetuosa de la diversidad sexual, la separación de la Iglesia del Estado. Y en las próximas horas presentaremos en la Legislatura un proyecto de ley que derogue la resolución que establece la objeción de conciencia.

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