Dentro del Presupuesto 2022 que se vota este jueves en la Legislatura porteña en su última sesión del año, el monto fijado para la Dirección General de la Mujer (DGMUJ) representa un 0,08% del total e implica $514 por porteña. Chirolas, cuando asistimos a un aumento de los casos de femicidio y violencia contra las mujeres. Según la OVD (Oficina de Violencia Doméstica creada por Corte Suprema de Justicia de la Nación) que atiende denuncias principalmente de mujeres víctimas de violencia en la ciudad, hasta junio del 2021 se registraron 4.846 casos atendidos por aquella dependencia.

Ahora bien, son cifras que no reflejan la realidad ya que mayormente las víctimas no denuncian porque sufren el ninguneo policial, la burocracia judicial (teniendo que reproducir la denuncia en múltiples fueros) y la soledad con la que muchas veces tienen que llevar adelante el proceso. Esto no solo genera revictimización sino también mayores violencias contra esas mujeres porque la regla es el encubrimiento de los agresores que se montan en una impunidad permitida por el Estado. Lo que deriva de todo esto es una realidad conocida: las mujeres terminan asesinadas por sus agresores aunque hayan denunciado ante la justicia, cuenten con botones antipánico u órdenes de restricción. En lo que va del año se registran 284 femicidios en el país, según el Observatorio Lucia Pérez.

Larreta y su Plan de Degradación de la Asistencia a víctimas de violencia

Este año hubo un retroceso muy grave en las condiciones de asistencia de los CIM. Lejos de construirse nuevos centros y mejorar las deficiencias de los que existen como reclaman vecinas en los barrios Bajo Flores, Soldati y la Villa 31, se han desarmado 2 centros, el de la comuna 15 y el de la 12. El gobierno niega que haya cesado la atención a víctimas en aquellas comunas, pero la calidad de la misma se degradó. El CIM de la comuna 12 trasladado a la sede comunal está funcionando con 3 administrativos y 2 psicólogos, funciona de 9 a 14:30h, el de la comuna 15 de 9 a 16h y el gobierno no es claro al informar con cuántos profesionales se encuentra funcionando. El Partido Obrero denuncia desde que inició el debate por la ley 5.466 de creación de CIMs que la tercerización iba a limitar la asistencia, reclamando que la gestión sea estatal. Ambos CIM eran conveniados y finalmente este año, cuando las ONG decidieron no hacerse cargo más de los centros, el gobierno retomó la gestión de manera vaciada.

Pero quienes luchamos por asistencia verdaderamente integral debemos encender las alarmas, porque el presupuesto 2022 también reivindica la política de poner en las villas dispositivos móviles del Ministerio Publico Fiscal. Este “Plan de Abordaje Integral” no tiene nada de integral, al revés, debería llamarse “Plan de Degradación de la asistencia” porque lo que se necesita son nuevos centros integrales, no gazebos del Ministerio Público Fiscal con algunas abogadas que tomen denuncias. La cuarentena impactó tanto en la violencia intrafamiliar que a pesar de haber crecido los casos de violencia, femicidios e intentos, las denuncias a la OVD bajaron en relación a los períodos pre 2020. La política de mandar al Ministerio Publico Fiscal a los barrios responde a ello también.

El reclamo de asistencia integral que crece en la mayoría de las villas solo puede ser desarrollado con un aumento sustancial del presupuesto, que permita incorporar más profesionales abocados a la asistencia para que esta sea interdisciplinar (medicxs, psicologxs, trabajadorxs sociales, abogadxs, entre otras), garantizándoles todos los derechos laborales para que la misma sea de calidad y los profesionales no se saturen ni renuncien; que sirva también para construir nuevos centros en cada barrio, que funcionen las 24h los 7 días de la semana, gestionados de manera estatal y controlados por las organizaciones de mujeres que luchan en sus barrios contra el flagelo que es la violencia de género. Una política verdaderamente integral implica también trabajo formal para las víctimas, así como una vivienda. Solo otorgando esos derechos se puede garantizar poner fin a la dependencia económica de los agresores. Esta necesidad se vio de lleno con el desalojo de la toma “Fuerza de Mujeres” de la Villa 31. Todo esto fue planteado por la legisladora Amanda Martin en el proyecto de creación de CIM por barrio, que el oficialismo rechazó tratar.

La necesidad de poner en pie centros integrales de la mujer va de la mano del aumento de las violencias que crecen al calor de la crisis económica que trae aparejado el pacto con el FMI. Larreta retrasó la presentación del presupuesto de CABA para seguir los lineamientos del presupuesto nacional, que proyecta una inflación del 33% y un dólar a $131, mentiras que cualquier analista serio desconoce. Frente a esto, las luchadoras que vienen exigiendo que se mejore la calidad de los centros integrales existentes y por la creación de nuevos en los barrios que más lo demandan deben mantener el reclamo para que no avance el vaciamiento larretista. En este nuevo año, solo la lucha independiente permitirá torcer esta orientación.

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